Asumámoslo: no vamos a poder hacer ninguna reforma parcial de la regulación constitucional de la Corona, ni para suprimir la discriminación de la mujer en la sucesión ni para eliminar la inviolabilidad total del Rey. Y ello pese a que se podría lograr un cierto consenso entre la mayor parte de las formaciones políticas nacionales en estas cuestiones. Trataré de explicar la tesis.
La Constitución Española de 1978 prevé su propia reforma y establece dos procedimientos para ello, según las materias que se quieran modificar. El procedimiento más sencillo, el del artículo 167,
lo hemos utilizado ya en dos ocasiones: una en 1992 para introducir el voto pasivo de los extranjeros en las elecciones municipales (art. 13.2), tal y como establecía el Tratado de Maastrich que España quería suscribir; y otra
en 2011, para cumplir con las exigencias europeas de gasto y estabilidad presupuestaria de las administraciones públicas (art. 135) en plena crisis económica y para posibilitar las ayudas europeas. En ambas ocasiones, bastaron las
mayorías cualificadas de ambas cámaras y no fue necesario convocar un referéndum popular de ratificación de la reforma, que sólo se habría tenido que convocar si lo hubiera pedido un mínimo del 10% de los miembros del Congreso o del Senado.
Sin embargo,
si se quisiera acometer la reforma del Título II que regula la Corona sería necesario utilizar el procedimiento del artículo 168, que es ciertamente complejo: requiere una mayoría de dos tercios de cada Cámara, la disolución anticipada de las mismas y una convocatoria de elecciones generales, las nuevas Cortes tendrían que volver a votar a favor de la reforma con las mismas mayorías y, finalmente, es obligatorio convocar un referéndum popular de ratificación cuyo resultado sería vinculante. Se trata, evidentemente, de un procedimiento con requisitos que lo hacen muy rígido y que requiere un alto grado de consenso político y apoyo popular en torno a la reforma.
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Aparentemente,
ese consenso podría darse en torno a dos cuestiones: una sería la eliminación de la preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión, y otra la eliminación de la inviolabilidad del Rey para acciones y asuntos privados. Esto último impediría hoy pedir responsabilidad jurídica al Jefe del Estado por la comisión de delitos, algo que tras las informaciones sobre ciertas conductas del Rey emérito, como el cobro de comisiones, ya no podemos considerar como hipótesis de
política ficción. También hemos tenido ejemplos de inadmisión de demandas de paternidad amparadas en esa misma irresponsabilidad.
Se puede ver un primer obstáculo para emprender el procedimiento de reforma en la previsión constitucional en que, tras la primera votación en el Congreso y Senado, es automática la disolución de las cámaras y la nueva convocatoria de elecciones generales, y es plausible pensar que los legisladores no querrán adelantar el fin de su mandato por iniciar esta reforma. Sin embargo, dado que es necesario que exista un alto consenso entre las fuerzas políticas parlamentarias para lograr esos dos tercios, también podría formar parte del acuerdo político el plantear esa votación de reforma constitucional justo al final de la legislatura, como un último acto del Legislativo, haciendo así coincidir el agotamiento del mandato parlamentario con la obligación de disolución por iniciar el procedimiento de reforma, no viéndose así perjudicados otros intereses. Tras las elecciones, sería necesaria la ratificación de la reforma en ambas cámaras, algo que no debería ser un problema si partimos de los consensos en los dos puntos parciales concretos a reformar.
Sin embargo, a continuación llega el problema que creo más importante: el referéndum popular de ratificación; y no porque crea que la mayoría de la ciudadanía española no vea con buenos ojos esta reforma, sino por el uso maquiavélico que podría darse de esta consulta.
Es de sobra conocido que en los últimos años han aumentado las formaciones políticas que plantean abiertamente la supresión de la Corona, las nuevas generaciones más jóvenes, que han dejado muy atrás los años de la Transición, no se sienten deudoras del papel desempeñado por Juan Carlos I para favorecer los cambios democráticos y, ciertamente, los escándalos que han salpicado a varios de los miembros de la familia real también han restado apoyos. En consecuencia, es plausible pensar que en la campaña previa a esa consulta haya formaciones políticas y movimientos sociales que aprovechen ese momento para intentar transformar,
de facto, el referéndum de reforma parcial en un plebiscito sobre la propia existencia de la Corona. No olvidemos que
la salida de Alfonso XIII en 1931 se produjo como consecuencia del resultado de unas elecciones municipales, aunque se acabó convirtiendo en una forma de medir el apoyo a la Monarquía.
Tal estrategia podría articularse de la siguiente forma: se pediría a los ciudadanos contrarios a la monarquía que sustituyesen la papeleta oficial de la consulta por otra con la bandera republicana que se introduciría en el sobre y luego en urna. Técnicamente se trataría de un voto nulo, no sería tenido jurídicamente en cuenta para el resultado, pero sí se contabilizaría. Así,
en el hipotético caso de que hubiese más de un 50% de voto nulo, aunque no afectara al resultado del referéndum planteado ni tuviese otro efecto jurídico en términos políticos, sin embargo, ¿podría seguir la Corona como si nada hubiese ocurrido?
En conclusión, si alguna vez tenemos un referéndum en torno a la Corona será porque ha llegado el día en que hay un muy alto grado de apoyo político y social para transformar nuestro sistema político en una república, las reformas parciales de la regulación constitucional de la monarquía parecen, en la práctica, inviables.
