El Senado chileno enterró ayer la acusación constitucional contra el presidente, Sebastián Piñera. Este resultado no fue sorprendente. Para lograr los dos tercios necesarios para destituirlo, la oposición necesitaba que cinco senadores de la derecha se sumaran al juicio político, un camisetazo altamente improbable en medio de la campaña electoral. Sin embargo, la sesión del Senado representa una muestra más de los cambios profundos en la política chilena, así como de la naturaleza extraordinaria del juicio político en los sistemas presidenciales.
Desde la transición a la democracia en 1990,
Chile se ha mantenido al margen de la ola de juicios políticos que desestabilizaron a los (y las) presidentes en el vecindario. Mientras que las legislaturas deponían gobernantes en Brasil, Ecuador, Paraguay, Perú, y Venezuela, la Presidencia chilena operaba en un marco de coaliciones parlamentarias estables que dejaba poco lugar para las sorpresas.
En la última década, la Cámara de Diputadas y Diputados consideró unas 18 propuestas de acusación constitucional, pero casi todas fueron dirigidas contra miembros del Gabinete o del Poder Judicial; apenas dos de ellas apuntaron al presidente, ambas formuladas contra Piñera, y reflejan el colapso del consenso político chileno a partir de 2019.
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La primera solicitud de juicio político ocurrió en noviembre de 2019, cuando se responsabilizó al presidente de la acción de las Fuerzas de Seguridad que cometieron violaciones de los derechos humanos durante las protestas. Por 79 votos contra 72, la Cámara baja resolvió eventualmente que no había fundamento constitucional para enjuiciar al presidente.
La segunda se planteó el mes pasado, cuando los 'Pandora Papers' mostraron que la familia Piñera había realizado una operación millonaria para vender un proyecto minero a través de un paraíso fiscal en las Islas Vírgenes. La operación, de 2010, era ya objeto de controversia pública. El contrato condicionó parte del pago a que la zona minera no fuese declarada bajo protección ambiental, justo en el momento en que Piñera asumía su primera Presidencia (2010-2014). Los tribunales chilenos descartaron irregularidades en 2017, pero los
Pandora Papers reabrieron esta herida política.
Al impulsar la acusación constitucional,
la oposición expuso un nuevo síntoma del padecimiento político chileno, sin ofrecer un remedio efectivo contra la impunidad presidencial. La Cámara de Diputadas y Diputados no abrió una investigación rigurosa para documentar el uso reciente de paraísos fiscales por parte del presidente. Los eventos de 2010 no ocurrieron durante el mandato actual y, por lo tanto, resultaban de dudosa validez para motivar los cargos. La comisión de la Cámara que revisó la propuesta emitió un informe contra este procedimiento, pero las fuerzas opositoras consiguieron con esfuerzo (en una sesión legislativa de casi 22 horas) la mayoría justa de 78 votos necesaria para tramitar la acusación.
En los sistemas parlamentarios, el voto de censura contra el jefe (jefa) del Ejecutivo es una expresión
normal de la política. La misma mayoría parlamentaria que forma un Gobierno tiene la autoridad constitucional para remplazarlo. Por el contrario, en los sistemas presidenciales
el juicio político contra la persona que ostenta la Presidencia conforma siempre un escenario político extraordinario. Las fuerzas legislativas que impulsan la acusación deben justificar frente a la ciudadanía su autoridad para deshacer los resultados de una elección popular. Al igual que la dictadura de la República Romana, el juicio político de los sistemas presidenciales es un instrumento constitucional diseñado para afrontar situaciones excepcionales.
Por este motivo, la
erupción del juicio político
generalmente refleja situaciones de fragilidad institucional que alimentan la política de la excepcionalidad. En el caso peruano, la debilidad endémica de los partidos políticos y la
geografía cambiante de las alianzas legislativas suscitó cuatro juicios en el término de tres años (dos a Pedro Pablo Kuczynski, en 2017 y 2018, y otros dos a su sucesor Martín Vizcarra, en 2020). En Estados Unidos, la radicalización del Partido Republicano y la consecuente polarización legislativa promovieron, por primera vez en la historia del país, dos juicios políticos contra el mismo presidente (Donald Trump, en 2020 y 2021).
Los episodios de juicio político
a menudo marcan también el fin de una era y generan horizontes inciertos. En Brasil, por ejemplo, la salida de Fernando Collor de Mello en 1992 abrió el camino para la llegada de Fernando Henrique Cardoso a la Presidencia dos años después, y para la construcción de un nuevo equilibrio democrático que funcionó exitosamente durante dos décadas. En Venezuela, por el contrario, la remoción de Carlos Andrés Pérez en 1993 fue apenas el preludio de una secuencia desesperada que condujo a Hugo Chávez al poder seis años más tarde.
Dos años después de la primera acusación constitucional contra Piñera,
el escenario político chileno es diferente al de 2019, aunque no es mucho más predecible. La Convención Constituyente está en marcha, pero su dirección todavía es incierta y la elección presidencial del domingo no promete el surgimiento de un Gobierno con amplio respaldo social. El primer juicio político de la era contemporánea parece marcar, así, el fin de una etapa en el presidencialismo chileno. Es la señal del cambio que viene, pero no una herramienta para la construcción del futuro.
