Feminismos y conservadurismos en América Latina

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Si bien no todos los conservadores anti-género son religiosos, cabe aclarar algunos datos contextuales referidos a la religiosidad en AL, dada la alta relación de esta variable con el fenómeno aquí explorado. El promedio regional de personas que se declaran católicas decreció casi un punto porcentual por año desde el 2000 hasta 2020 (del 77% a 57%), aumentando en contraposición el porcentaje de evangélicos (del 8% al 21%) pero también el de personas que declaran no tener adscripción religiosa (del 6% al 18%).

Sin embargo, en este contexto general para 2020 las situaciones particulares por país resultan muy disímiles. Países como Uruguay destacan por un alto porcentaje de no creyentes (cercano al 51%), mientras que en Centroamérica (El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua) rondan o incluso sobrepasan el 40% de feligresía evangélica. Por otra parte, países con población y territorio de gran escala como Brasil y México muestran también situaciones diferenciadas. En el primero, la adscripción evangélica ha evolucionado por encima de la media de la región (llegando al 25%), los católicos rondan el 55% y los no creyentes el 13%. En cambio, en México y según el Censo Nacional de 2021, un 78% de personas sigue declarándose católica, mientras los evangélicos ascienden a un 11% y los que declaran no adscripción, al 8,1%. Según el Latinobarómetro, estas cifras para México serían del 74,5% y el 15%. Más allá de las diferentes mediciones, queda claro que México se mantiene muy por encima del promedio de adscripción católica en la región, mientras que Brasil sobrepasa el promedio evangélico. En ambos, resulta significativo el porcentaje de preguntados que no se ubican en religión alguna.

Importan también las diferentes historias relativas a la mayor o menor construcción de un Estado laico. Desde el siglo XIX, a partir de las Leyes de Reforma de 1859, México cuenta con normas que establecen la separación del Estado y la religión, que fueron reforzadas tras la Revolución Mexicana de 1917. Este pasado imprime aún hoy una fuerte huella histórica, a pesar que hacia fines del siglo XX y principios del XXI se observaran ciertos cambios normativos que afectaron gradualmente al secularismo.

En contraposición, Brasil no logró establecer una separación tajante entre Iglesia y Estado del mismo grado que las reformas liberales del siglo XIX lo lograron en México. Con base en una larga tradición de colaboración Estado e Iglesia proveniente de la experiencia colonial portuguesa, hasta entrado el siglo XX la Iglesia católica tenía en Brasil una importante presencia en cuestiones públicas como los servicios de salud, educación y asistencia social. Más adelante, la facilidad con la que actores religiosos, especialmente evangélicos neo-pentecostales, se incorporaron a la esfera política confirma una mayor permeabilidad entre las fronteras de los mundos religioso y público-político en dicho país.



En este contexto, es importante resaltar las reacciones (e incluso las acciones) de grupos conservadores anti-derechos en perspectiva relacional con el Estado y con el propio movimiento feminista en la región y los países que la componen. Con base en lo expuesto en el n´úmero especial titulado 'Feminism(s) and anti-gender backlash: lessons from Latin America' publicado en la revista International Feminist Journal, podemos destacar tres aprendizajes principales derivados de los artículos allí incluidos:

El primero es que resultan fundamentales las disputas en torno a los significados y la normatividad relacionada con la familia hetero-normada. Los conservadores anti-género suelen invocar lo que denominan como la ideología de género como un gran significante vacío anidado que refuerza teorías conspiratorias que estarían atacando a la familia concebida como fundamento de la sociedad. Sin embargo, ello no se construye de la misma forma en todos los países. Wilkinson (2019) encontró que este enmarcamiento en México está fuertemente vinculado con discursos de securitización. Ante la crisis de seguridad y derechos humanos existente en el país, la operación discursiva erige la ideología de género como la causa destructora de la familia tradicional mexicana, y esta destrucción sería la causa del crecimiento de la violencia en el país. Esto sería así porque la disolución dicha familia hetero-normada habría llevado a los jóvenes a perder los valores tradicionales (considerados como positivos), lo que les habría hecho resbalar hacia las filas de las organizaciones del crimen organizado.

La evidencia muestra que ésta es un configuración un tanto diferente a la de otros países. Más allá de las diferencias, de grado y tono de los componentes que integran estos discursos, las mismas resultan movilizadoras de grupos poblacionales ligados a núcleos familiares como asociaciones de padres de familia, madres enojadas (angry mothers), organizaciones en defensa de la niñez y la familia, etcétera.

Ante estas reacciones, las feministas y otros grupos pro-derechos apelan sustancialmente al Estado laico, aunque no parecen ser capaces de recuperar la disputa en torno al significado de la(s) familia(s). Esto es curioso, porque justamente desde el feminismo se han generado teorizaciones y mediciones altamente sofisticadas y progresivas en este asunto. Las mismas dan cuenta de la heterogeneidad de familias existentes hoy en día, que supera con creces la concepción excluyente en torno a la familia hetero-normada. Futuras investigaciones deberán ahondar sobre cuáles son los obstáculos para que las feministas disputen el significado de familia capturado por el discurso conservador.

El segundo aprendizaje, derivado del mencionado número especial, se centra en observar el rol que el Poder Judicial, especialmente las Cortes Supremas, tienen en el bloqueo a reacciones conservadoras y en el avance en torno a los derechos de las mujeres y grupos LGBTQ+. Con base en los casos de Colombia, México y Argentina para el tema del aborto, Ruibal (2021) muestra cómo las Cortes han sido actoras claves en estas disputas, preservando el marco de los derechos humanos y los supuestos democráticos que están detrás de los planteamientos feministas y LGBTQ+. De esta forma, las Cortes estarían siendo especialmente eficaces en varios países de América Latina a la hora de desarmar la erosión del Estado de derecho democrático enraizada en las reacciones conservadoras. Las últimas sentencias de la Corte Suprema mexicana descriminalizando el aborto, declarando inconstitucional que los estados sub-nacionales legislen a favor de la vida desde la concepción y enviando a discusión legislativa la objeción de conciencia del personal médico en caso de aborto demuestran que la dimensión judicial es fundamental.

Por oposición, el caso de la última sentencia de la Corte Suprema de EE.UU. reduciendo el plazo para practicar un aborto en Texas también muestra lo crucialmente negativo que resulta perder la articulación con este poder. El análisis de las funciones de las Cortes permite levantar la hipótesis acerca de los poderes de gobierno que han sido generalmente más permeables a los actores conservadores vis.a.vis movimientos feministas en AL. En este sentido, una hipótesis que hay que explorar más ampliamente implicaría analizar si los actores conservadores en la región han sido más proclives a penetrar en el Estado vía el Legislativo y el Ejecutivo que a través del Poder Judicial.
El tercer aprendizaje indica que es insoslayable observar la intermediación de los partidos políticos en las disputas entre conservadores y feministas. Tal como Pérez Guadalupe y Grundberger (2018) han señalado, la incursión conservadora y religiosa en la política es sumamente heterogénea en la región. Por su parte, la literatura sobre los avances de la agenda feminista (o de justicia de género) ha mostrado que la articulación con los partidos políticos desde el movimiento feminista es especialmente fundamental para avanzar en temas doctrinales (esto es, los que provocan una fuerte disrupción en la cultura moral imperante en un país como el aborto, la educación sexual, el matrimonio igualitario, etc.). Analizando los casos de México y Brasil con Deborah Rezende de Almeida hemos mostrado que esa articulación con los partidos es básica no sólo para avanzar, sino también para bloquear a los conservadores anti-derechos.

Finalmente, las crecientes movilizaciones feministas en las calles han contribuido a fortalecer la instalación de temas doctrinales en la discusión pública, refrescando esta discusión y reduciendo los costes políticos para apoyar el bloqueo o el avance de temas doctrinales que hasta hace muy poco tiempo eran tabúes. 
En conjunto, estos aprendizajes permiten entrever las dinámicas relacionales entre el movimiento feminista, el contra-movimiento conservador y el Estado/política. permitiendo observar que ni el movimiento feminista ni los contra-movimientos conservadores se enfrentan entre sí en solitario, sino que ambos se están disputando al unísono el ámbito del Estado democrático.