18 de Noviembre de 2021, 11:43
Como cuando Greta Thunberg llegó en velero a la Cumbre de Acción Climática de la ONU celebrada en Nueva York en 2019, algunos de los principales alcaldes del mundo han llegado juntos a Glasgow, sede de la COP-26, en tren. La imagen, que tiene una fuerte carga simbólica, ha servido a los alcaldes y alcaldesas de Londres, París, Bogotá, Barcelona, Los Angeles o Freetown para reafirmar su compromiso con la transición ecológica y para reclamar a los estados decisiones creíbles y urgentes para frenar el calentamiento global. Alineadas con el activismo climático internacional, las ciudades reclaman un mayor protagonismo y reconocimiento en los acuerdos adoptados por los gobiernos nacionales. Sin embargo, su capacidad para dar forma a lo que se decide en las COP sigue siendo muy limitada, casi periférica; todo lo contrario de lo que sucede con su capacidad para actuar. Son parte del Estado y gestionan competencias críticas en el ámbito climático, por lo que los compromisos que asumen pueden marcar la diferencia.
Partiendo del consenso que las sitúa como parte de la solución, la presencia de las ciudades en estas cumbres es cada ves más relevante y visible. Los debates organizados en Glasgow por el C-40 son un buen ejemplo. La plataforma impulsada por Michael Bloomberg y liderada por el alcalde de Londres, Sadiq Khan, ha logrado movilizar a algunos de los alcaldes más carismáticos del mundo, quienes han debatido con mandatarios nacionales, altos funcionarios internacionales y personalidades de la sociedad civil, el sector privado y la Academia. Lo han hecho con un mensaje claro y contundente, exigiendo que se emprendan acciones urgentes para hacer efectivos los acuerdos alcanzados en Paris en 2015 y ofreciéndose como pieza central en los procesos de transición hacia la neutralidad climática que necesita el planeta".
[Con la colaboración de Red Eléctrica de España]
Esta voluntad de visibilizar su participación e incidir en el relato ha venido acompañada de un esfuerzo para situar sus prioridades en la agenda política. En primer lugar, han reclamado una acción colaborativa, multi-nivel, que vaya de lo local a lo nacional, dirigida a reformular las contribuciones de los diferentes países a los objetivos climáticos fijados en París; contribuciones que hasta ahora se han venido incumpliendo de forma generalizada. También han situado la urbanización como una prioridad para la acción y la financiación climáticas, y han apostado por una articulación holística del concepto de justicia climática y por vincular la transición ecológica con desafíos clave para las ciudades como la vivienda, la pobreza energética, la movilidad, la economía circular o la alimentación sostenible. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos realizados por tener un papel más relevante en la COP, su capacidad para permear los intereses nacionales ha sido, de nuevo, muy limitada, y casi nula la posibilidad de lograr que la agenda responda a sus expectativas.
Pero, más allá de la retórica y del activismo político, es significativo el potencial de las ciudades respecto al desafío climático mediante las políticas públicas y las soluciones que impulsan. Sus gobiernos son parte del Estado, del sistema público, y están dotados por ley de competencias y presupuestos para desplegarlas en ámbitos clave en los procesos de transición climática como la movilidad, el urbanismo, la provisión de servicios esenciales como la energía o el agua, la gestión de los residuos o el abastecimiento de alimentos. En este sentido, visibilizar las soluciones que las ciudades desarrollan a nivel local y los compromisos que alcanzan a nivel internacional en el marco de sus competencias puede tener, si cabe, mucho más impacto que sus esfuerzos por dejar su impronta en una agenda que responde a intereses nacionales. Una agenda que, como se ha denunciado de forma reiterada, corre el riesgo de quedar en la mera retórica marcada por unos objetivos difícilmente alcanzables.
Buen ejemplo de ello es la iniciativa 'Cities Race to Zero', impulsada por el C-40, Iclei y CGLU (Ciudades y Gobiernos Locales Unidos), entre otras organizaciones, con el fin de acompañar a las ciudades en su compromiso por reducir a la mitad sus emisiones en 2030 y alcanzar la neutralidad climática en 2050. La iniciativa, que ya engloba a más de un millar de ciudades de todo el mundo, se centra en la definición de objetivos específicos que puedan ser implementados mediante planes concretos de acción climáticas; planes orientados a alcanzar resultados medibles en el corto, medio y largo plazo en ámbitos como el transporte sostenible, la pacificación del tránsito, las zonas de bajas emisiones, la edificabilidad sostenible o las energías renovables. En la misma línea, el Pacto Global de los Alcaldes por el Clima y la Energía estima que la acción conjunta de las ciudades que lo integran tiene el potencial de reducir las emisiones globales de CO2 en 2030 por un valor de 2,4 gigatones, una cantidad superior a las emisiones anuales producidas por la Federación Rusa, el cuarto país que más gases emite en la actualidad.
La acción colectiva de las ciudades de todo el mundo tiene, efectivamente, un enorme potencial para el impulso de una transición climática más efectiva y justa. Presentar resultados concretos y medibles de las acciones y soluciones que surgen de los acuerdos que las ciudades alcanzan a nivel internacional y que se concretan en políticas implementadas a nivel local, puede situar su acción diplomática en un plano de legitimidad que trascienda la retórica muchas veces vacía que limita la credibilidad de esfuerzos multilaterales como la COP. No cabe duda de que las ciudades deben seguir insistiendo en el relato y en la agenda internacional; pero también, de manera muy especial, cumplir con los compromisos asumidos, transformar la realidad urbana y rendir cuentas de las políticas que impulsan.
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