Desde hace meses se está asistiendo a una nueva crisis humanitaria en la frontera europea. En esta ocasión, donde se están vulnerando los derechos de las personas es en la frontera oriental de la UE, y las fronteras lituana y polaca son las afectadas.
Apenas unas semanas más tarde de que tuviesen lugar los acontecimientos de Ceuta con el levantamiento de las fronteras por parte de Marruecos, en la
frontera oriental de la Unión se comenzó a detectar un incremento sustancial de los flujos migratorios. En Lituania se dispararon las entradas al país atravesando a frontera terrestre que le separa de su vecino Bielorrusia: si durante el año 2020 se contabilizaron 81 cruces, en 2021 (y sólo hasta el mes de agosto) la cifra ascendía hasta más de 4.100 personas. También Polonia comenzó a notar, desde el mismo mes, un aumento de las personas que intentaban atravesar la frontera desde Bielorrusia, llegando a alcanzar en octubre las 500 personas por día y a totalizar una cifra de 15.000 en lo que va de año.
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La causa parece que se corresponde con el intento, por parte del Gobierno de Minsk, de utilizar los flujos migratorios como herramienta política de presión contra Lituania y Polonia, pero también contra la UE en su conjunto. El objetivo sería doble: por un lado, como venganza por el apoyo prestado por Varsovia y Vilnius a la oposición al régimen de Lukashenko; por otro, para intentar una rebaja de las sanciones impuestas por parte de la UE contra Bielorrusia tras la crisis política vivida en primavera, que culminó en mayo de 2021 con el desvío de un avión comercial con la intención de arrestar a un periodista disidente.
De este modo, en esta crisis humanitaria confluyen elementos que habitualmente se habían analizado por separado. De un lado, los que afectan a cuestiones de seguridad en la frontera este europea y que tienen como principal objetivo a Rusia y otros países de su entorno, como son los casos de Bielorrusia o Ucrania. Por otro, aquellos temas que abordan el fenómeno migratorio y que, también habitualmente, se han centrado en la frontera sur mediterránea.
No parece que quepa ninguna duda acerca de que Bielorrusia está utilizando los flujos migratorios como herramienta coercitiva y arma política en una suerte de lo que algunos denominan 'guerra híbrida'. A la vista está que en esta ocasión, como en cualquier otra guerra, existen daños colaterales. Por otra parte, es imprescindible llamar la atención sobre la vulneración de derechos que están padeciendo las personas migrantes por parte de las autoridades polacas.
La inacción de la UE ante estos hechos debiera ser objeto de sonrojo. El Gobierno polaco está sabiendo sacar provecho de la situación, ganando en popularidad y poniendo, una vez más, contra las cuerdas a Bruselas con demasiados frentes abiertos y una falta de asertividad extrema en relación con países donde las derivas autoritarias se hacen cada vez más fuertes.
Los flujos que llegan hasta Bielorrusia son los que han visto inviable el acceso a la UE a través de otras fronteras. Son quizás, y sólo
quizás, el resultado de la aplicación de una política europea en materia de migración y asilo absolutamente 'externalizada' y militarizada que deja en manos de los autócratas fronterizos la última decisión en relación con las personas en movimiento. Así sucedió en el año 2020 en la frontera griega y en 2021 en la de Ceuta, y así está pasando ahora también en la polaca y lituana. Además, todos estos fenómenos tienen algo en común: la vulneración de los derechos de las personas migrantes.
