La llegada de la pandemia ha acelerado algunos de los profundos cambios de enfoque estratégico de la Unión Europea que ya venían pergeñándose desde hace años. Uno de ellos se centra en la prioridad de primer orden que la UE quiere otorgar a las cuestiones medioambientales, y en concreto a la lucha contra el cambio climático. El Pacto Verde Europeo es el marco sobre el que pivotará la nueva estrategia medioambiental europea, y el paquete
'Fit for 55' es el primer conjunto de medidas que allanarán el camino de la región hacia la neutralidad climática.
Sin embargo, la Unión Europea tiene claro que
el clima es un bien público global y que, por tanto, sus esfuerzos aislados no servirán de mucho si el resto del mundo no se une a este reto global. En este sentido, la Unión pretende desplegar también una serie de estrategias diplomáticas con la voluntad de influir a nivel internacional en la adopción de estándares de sostenibilidad ambiental a nivel comercial, productivo y de consumo. Y una de las propuestas recientes de la Comisión Europea es la de adoptar un nuevo mecanismo de ajuste en frontera por emisiones de carbono (MAFC), que pretende frenar su fuga de carbono mediante la aplicación de gravámenes a la importación de bienes cuya producción sea más contaminante.
Los primeros análisis muestran que
las regiones más afectadas por el nuevo gravamen serían el Golfo pérsico y África, por su producción de alta intensidad en carbono. Por su parte,
América Latina y el Caribe estarían entre las regiones menos afectadas. En ese contexto, las distintas estimaciones de las que se dispone apuntan a que los países más afectados pueden ser Brasil, por su producción de acero y hierro, y la industria petrolera venezolana; por el contrario, países como Chile, Perú y Uruguay podrían ver incrementadas sus exportaciones al ser éstas menos contaminantes. En cualquier caso, las estimaciones señalan que el MAFC no supondría, en ningún caso, una reducción superior al 1% de las exportaciones del conjunto de la región.
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Por tanto, no parece que el MAFC vaya a ser un elemento de tensión con Latinoamérica y el Caribe, salvo en contados productos de un reducido grupo de países. Todo lo contrario:
puede convertirse en una palanca que permita a los países latinoamericanos avanzar en la adopción de estándares productivos medioambientalmente sostenibles. En concreto, tres ámbitos destacan de cara a potenciar estas sinergias. Primero, el MAFC incentivará la adopción de normativas sostenibles y potenciará los mercados de carbono, mercados que a día de hoy están escasamente desarrollados en la región salvo en países como México, Chile, Colombia y Brasil. Segundo, el MAFC también promoverá la adopción de tecnologías y sistemas de producción limpios, de manera que los productos de exportación derivados cuenten con una carga de carbono reducida.
Finalmente, el tercer vector que puede aportar el MAFC es de los fondos recaudados. Desde distintas instancias se ha propuesto que los recursos obtenidos como resultado de los gravámenes medioambientales internacionales se destinen a
programas de cooperación con los países menos desarrollados, apoyándolos en la adopción de normativas y sistemas productivos sostenibles. Estos recursos, sumados a los programas que ya despliega la Comisión Europea en la región, como
Euroclima,
Alinvest y
Eurosocial, y a los de cooperación medioambiental de las delegaciones europeas y de los estados miembros reforzarían el alcance de las iniciativas de sostenibilidad ambiental que pretende desplegar la Comisión Europea en América Latina y el Caribe a través de la iniciativa Equipo Europa.
En definitiva, la Unión Europea ha decidido poner en el centro de su política de desarrollo la cuestión verde, extendiéndola más allá de sus fronteras mediante una diplomacia medioambiental orientada a promover estos mismos cambios a nivel global.
Una de las herramientas clave en esta lucha será la promoción de una fiscalidad verde que incentive trasformaciones productivas no contaminantes. Así, el MAFC es un primer instrumento que presenta un gran potencial para la región, ya que tendrá un impacto limitado en sus exportaciones, al tiempo que puede proveer importantes oportunidades en materia de cooperación fiscal, productiva y normativa para una recuperación verde.
