Se dice que en una reunión del Ecofin (que agrupa a los ministros de Economía y Finanzas de los estados miembros de la UE) en mayo de 2010, la entonces ministra española de Economía y Hacienda, Elena Salgado, llegó a derramar alguna que otra lágrima al ver cómo el Gobierno español era obligado a variar el rumbo de su política económica: España tuvo que recortar alrededor de 15.000 millones de euros de gasto público en poco más de un año. Éste es sólo un ejemplo más de las múltiples ocasiones en las que, durante esta última década, la soberanía política de nuestro país se ha visto intervenida desde las instancias comunitarias o las principales potencias de la zona euro. La Unión Europea de la austeridad y la ortodoxia económica tenía una nítida estructura de mando que, desde luego, no contaba entre sus miembros a los países del sur ni a sus dirigentes políticos, aunque sí a algunas de sus élites académicas. Pero este imaginario, más propio de una UE pre-pandémica, está siendo resquebrajado.
En los últimos dos años hemos pasado de asistir a la continua imposición política venida de Bruselas, sin margen siquiera para poder plantear vías alternativas, a un ambiente enrarecido, de debate y discusión, en el que se han producido reordenaciones políticas a nivel comunitario. No sería necesario retroceder demasiado en el tiempo para recordar cuando plantear la posibilidad de establecer
eurobonos, emisiones de deuda conjunta o relajar las reglas de gasto era poco menos que hablar de criaturas fantásticas; y, sin embargo, hoy en día son una realidad en la Unión, aunque sea de manera puntual. ¿Se debe ello a una revuelta del sur de Europa, harto del tutelaje ortodoxo de los países del norte?
Una Unión Europea reordenada
António Costa, Giuseppe Conte y Pedro Sánchez protagonizaron en 2020 un frente 'mediterráneo' en defensa de la 'mutualización' de la deuda y la creación de los fondos de reconstrucción como mecanismos de recuperación ante la crisis económica provocada por la pandemia; y fuese un logro suyo o una cesión de los halcones del norte de Europa, derivó en una decisión que establecía una senda para la política económica europea significativamente distinta a la vía
austericida escogida en 2010 tras el intento de respuesta keynesiana que siguió a la Gran Recesión de 2008. Desde luego, sería ingenuo pensar que, aun siendo la Italia y España la tercera y cuarta economías de la
zona euro, la iniciativa de dos países puede truncar tanto tiempo de rigidez. La reordenación es, necesariamente, más profunda.
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Podríamos confundir este cambio en la correlación de fuerzas como un efecto del regreso de la socialdemocracia a la centralidad de la política europea, pero estaríamos reduciendo a una cuestión electoral lo que son realineamientos estratégicos de mayor calado. Es cierto que, desde 2018, el Partido de los Socialistas Europeos, que agrupa a las principales formaciones socialdemócratas del continente, ha recuperado las jefaturas de Gobierno de diversos estados miembros de la UE; a saber, Dinamarca, España y, si todo sigue según lo previsto, en las próximas semanas Alemania. Pero en ninguno de estos casos ese retorno se produjo como consecuencia de un fulgurante ascenso electoral de los partidos de centro-izquierda, que gobiernan gracias a sendas coaliciones que los colocan en una cierta posición de debilidad, y a una pelea interna en los espacios políticos conservadores. Y es que, como decía hace unos días Bernardino León Reyes a raíz de la victoria de Olaf Scholz y el SPD en las recientes elecciones federales alemanas, "no debemos confundir la extensión de la fragmentación política entre la derecha con un renacer de la socialdemocracia europea".
No se trata, por lo tanto, de una cuestión fundamentalmente ideológica; sobre todo porque estos realineamientos no tienen que ver, únicamente, con un paso adelante de gobiernos como el español en el liderazgo político de la Unión, sino también con las necesidades cambiantes del país que ha ostentado (y, pese a sus vacilaciones internas, continúa ostentando) la batuta de mando de la UE: Alemania. La salida de la Cancillería de Angela Merkel coincide con
un momento clave para el desarrollo económico alemán, que precisa de transformaciones profundas y que difícilmente podría llevar a cabo sin un cambio de rumbo definitivo a nivel europeo. Lo apuntaba Jorge Tamames en un análisis del Real Instituto Elcano sobre el futuro político y económico del país germano: "Para que la reactivación económica alemana produzca además sinergias con el resto de la UE, será necesario flexibilizar las reglas de gasto europeas y convertir en programas de inversión permanentes algunas de las iniciativas como los fondos
'Next Generation EU' adoptadas durante la pandemia".
El momento de la valentía
Una coyuntura como la actual invita a dar un paso adelante y a profundizar en las transformaciones que la UE requiere para afrontar los retos urgentes que no deben seguir siendo postergados. La digitalización económica y la transición energética ya están en marcha en Europa, pero con ello se ha evidenciado que las diferentes velocidades a las que avanzan los países europeos están provocando nuevas brechas. El norte de Europa se enfrenta de nuevo a los países del sur e incluso del este y de Centroeuropa;
en esta ocasión, a raíz del debate abierto por la inasumible crecida de la factura eléctrica en toda Europa.
Los días 21 y 22 de este mes se reunió el Consejo Europeo para abordar, entre otras cuestiones, la posibilidad planteada por el Gobierno español de llevar a cabo una reforma del mercado energético mayorista. En esta iniciativa acompañaban a España los gobiernos de Francia, Grecia, República Checa y Rumanía, pero la Comisión Europea ya había anunciado su disponibilidad para examinar nuevos proyectos de transformación. "A corto plazo hablaremos en el Consejo Europeo y en dos semanas en un Consejo formal sobre cómo abordar el almacenamiento (de energía), una reserva estratégica, y también miraremos la composición global del mercado de la electricidad", explicaba la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, hace unas semanas antes de ambas citas. Sin embargo, el encuentro de los jefes de gobierno terminó con la explicitación de que la división comunitaria en determinadas cuestiones no va a quedar resuelta de la noche a la mañana. Alemania, Austria, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Irlanda, Luxemburgo y Países Bajos emitieron un comunicado en el que respaldaban que los Estados Miembros pudiesen llevar a cabo acciones para paliar las consecuencias del incremento del precio de la electricidad; pero dejando claro que no iban a permitir una reforma del mercado mayorista. Pudiera parecer que, teniendo en cuenta la hemeroteca de los últimos años, el debate habría llegado a su fin, pero la correlación de fuerzas se nos presenta mucho más equilibrada y conviene, por lo tanto, no adelantarse a los acontecimientos.
Es imprescindible que gobiernos como el español actúen con valentía y aprovechen este realineamiento, sea estratégico o sólo coyuntural, para lograr llevar a cabo las reformas que puedan permitir que la transición ecológica y la recuperación económica tras la pandemia se lleven a cabo con la justicia social como factor prioritario de las mismas. La voluntad de crear en nuestro país nuevas empresas públicas de energía o telecomunicaciones, entre otras, que ha expresado Unidas Podemos en su Universidad de Otoño caminan en esa dirección, pero deben ser combinadas con modificaciones a nivel comunitario que atiendan a las cuestiones estructurales, especialmente a nivel geopolítico, que provocan esta situación.
Hemos visto esta semana pasada cómo el ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire, junto con las firmas de ministros de Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Hungría, Polonia, República Checa y Rumanía, pedían (en un editorial publicado en los principales periódicos europeos)
una apuesta firme por la energía nuclear. Planteaban que es la mejor opción para restringir la dependencia energética que sufre la UE respecto de países como Rusia y rebajar, así, el precio de la energía sin poner en riesgo los objetivos de reducción de emisiones de CO2 para el año 2030. Valdría la pena, como mínimo, explorar esta alternativa. Nos va en ello que dichas transformaciones se produzcan o constituyan un frente más de descredito y de rechazo social, con el caldo de cultivo que ello implica para que sigan creciendo las opciones reaccionarias.
