Las elecciones son un pilar fundamental de la democracia, pero se organizan también en contextos no democráticos. Es el caso de Nicaragua, donde se celebrarán presidenciales el 7 de este mes. La pregunta es: ¿qué papel cumplirán?
Bajo el régimen de Daniel Ortega, siete aspirantes a la Presidencia y más de 30 personas consideradas como voces opositoras han sido detenidas arbitrariamente. Esa drástica represión de toda oposición política ha estado acompañada, entre otros, por la negación del derecho a la libertad de expresión y del cierre del espacio de participación cívica. Mediante diversas estrategias de control,
Nicaragua se ha convertido en el único país del mundo sin periódicos impresos. El tiroteo contra el dirigente de la Unidad de Exiliados Nicaragüense (UEN),
Joao Maldonado, en la antesala de las protestas que había convocado en Costa Rica, prueba que la persecución es constante y configura una grave crisis política, social y de derechos humanos en Nicaragua. Uno de los rasgos que la caracteriza es, precisamente,
la profunda "concentración del poder en el Ejecutivo", la cual se describe en detalle en el
informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) del 28 de octubre 2021.
En este contexto de negación de una competición política libre es posible prever, en primer lugar, una
'auto-proclamación' de Ortega como
ganador de las elecciones. Con él, el círculo cerrado de una élite política que cuenta con recursos financieros y que podría desempeñar un papel clave en apoyo del presidente. En segundo, los comicios
avalarán la
'auto-legitimación' del cuarto turno consecutivo del presidente. Ello, a su vez, implicará la impunidad de agentes del Estado y cuerpos civiles que actúan con el beneplácito gubernamental a los que, desde 2018, se ha acusado de
graves violaciones de los derechos humanos y hasta de
crímenes de lesa humanidad. En tercer lugar, la difamación y criminalización de la oposición y de las personas defensoras de los derechos humanos se combina con un
'auto-aislamiento' de Nicaragua respecto al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). En general, la elección reforzará considerablemente la desigualdad socio-económica y la vulnerabilidad del pueblo nicaragüense, en particular de las víctimas.
El monitoreo del proceso pre-electoral
Ante este panorama, la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (
SG/OEA), la
CIDH, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (
CorteIDH), el Parlamento Europeo (
PE) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (
ACNUDH), han reclamado la liberación de todas las personas privadas de libertad por razones políticas. La OEA, mediante la
Resolución 1182 de 20 de octubre de 2021, señaló que
el proceso electoral nicaragüense viola la Carta Democrática Interamericana y todas las normas electorales reconocidas internacionalmente. En caso de que los comicios no cumplan estos estándares, es probable que la OEA
no reconozca los resultados.
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Las encuestas elaboradas por CID Gallup muestran que
el porcentaje de simpatizantes del presidente ha bajado sucesivamente del 19% a 8% desde finales de septiembre a finales de octubre de este año, mientras la oposición está llamando a la
abstención.
Hacia el cuarto turno de la Presidencia: precedentes y factores favorables al desequilibrio del poder
Desde que Ortega asumió en 2007, se reforzaron mutuamente (a) la manipulación de elecciones municipales y presidenciales, (b) las reformas destinadas a socavar la independencia de los poderes, y (c) un modelo de alianza con el denominado
gran capital, lo que ha contribuido decisivamente a la centralización del poder.
Ya en los comicios municipales de 2008 se pusieron de relieve
prácticas fraudulentas que en los años siguientes tomaron la forma de una
orquestación sistémica. Entre otros factores,
el uso de los recursos públicos fue destinado exclusivamente a la promoción del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el partido del presidente. Asimismo, se fortaleció la autoridad del Frente en los órganos centrales, favoreciendo
estrategias unipartidistas. El
decreto presidencial de enero de 2010 confirmó y prorrogó los mandatos de los magistrados del Consejo Supremo Electoral. Fue éste, precisamente, el órgano que, en el marco de las presidenciales de 2011,
dictaminó que "no consideraba necesaria la observación electoral internacional".
Con la reforma constitucional de 2014, se personalizó la autoridad pública, se legitimó de manera inconstitucional la re-elección presidencial indefinida y se aseguró la reelección de Ortega en 2016. Sin duda, la reforma estandarizó un modelo corporativo que privilegió a ciertas organizaciones (económicas, sociales y religiosas) y, en particular, al sector empresarial y al gran capital. Estas organizaciones pretendieron que se las reconocieran como
intermediarias entre la sociedad y el Estado, en sustitución de la neutralidad, la transparencia y el pluralismo. En octubre de 2016 se aprobó la Ley nº 935 para presevar las condiciones de esta
asociación público-privada que, en realidad, imposibilita una verdadera participación de la sociedad civil.
El estallido de las protestas de 2018 y su efecto sobre las elecciones de 2021
Las
protestas sociales masivas del abril de 2018 contra la desigualdad y por de exigir una reforma social sacaron pusieron de manifiesto las
estrategias para garantizar la autoridad del régimen: el previo socavamiento del Estado de derecho dio lugar a una represión
selectiva y sistemática. En julio de ese año, arrancó la llamada
operación de limpieza, desde la que se sistematizaron los instrumentos represivos que desencadenaron la configuración de un Estado policial o
estado de excepción de facto y que siguen aplicándose hoy. Y aunque en un primer momento las protestas
erosionaron la alianza entre el Gobierno y los empresarios, ya que la reforma social también les habría perjudicado, el gran capital ha podido recuperar su posición dominante mediante el diálogo. Sin embargo, la sociedad civil y los grupos vulnerables han seguido siendo objeto de exclusión social y hasta de hostigamiento, persecución e incluso tortura.
A partir de 2020, las reformas se han orientado a erradicar los mecanismos de justicia para quienes seguían reclamando una transición democrática. Un ejemplo es la
Ley de Amnistía, calificada como una
"trampa para las personas detenidas por motivos políticos" y que llevó a que las violaciones de los derechos humanos perpetradas por las autoridades estatales o paraestatales no hayan sido investigadas ni sus responsables, sancionados.
Adicionalmente,
los actos violentos contra la oposición se legitiman utilizando el concepto de 'enemigo' para referirse a las voces disidentes. Se ha
"criminalizado" a los movimientos sociales", y el ejercicio de los derechos civiles y políticos ha sido catalogado como "sinónimo de comportamiento criminal que debe ser sancionado legalmente". Asimismo, la
CIDH ha afirmado que las defensoras y defensores de los derechos humanos "son sistemáticamente sujetos a procesos penales (...), con el fin de paralizar o deslegitimar las causas que persiguen". En Nicaragua hay impunidad porque los funcionarios que han cometido
graves violaciones de derechos humanos se mantienen en el poder.
Implicaciones para el escenario pre- y post-elecciones
El Gobierno se ha resistido a cambiar el
juego electoral y ha reclamado el derecho soberano del pueblo nicaragüense. En una "nota de protesta", la Cancillería nicaragüense
indicó que la última sesión de la OEA, que evaluó la situación del país, despreciaba la auto-determinación y el principio de no-intervención. Tal entendimiento del Estado soberano se invocaba frecuentemente en la segunda mitad del siglo XX. No obstante, ello no se corresponde con los tratados internacionales vigentes ni con la propia Constitución del país. Las normas de
ius cogens precisan que los crímenes de lesa humanidad son de interés global y, por tanto, una preocupación de la humanidad.
Teniendo en cuenta la probable
auto-proclamación,
auto-legitimización y
auto-aislamiento del Gobierno tras unas elecciones instrumentalizadas, se pueden deducir cuatro consecuencias:
1)
La falta de sanción visible de las manipulaciones electorales puede fortalecer al régimen. Por lo tanto, es imperativo que la sociedad internacional e interamericana se pronuncie a favor del no reconocimiento de los comicios.de las elecciones de Daniel Ortega. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta la reciente
Opinión Consultiva de la Corte IDH, en la que se advierte de que la reelección indefinida es contraria a las obligaciones establecidas en el SIDH.
2) Será fundamental
documentar las evidencias de fraude tanto en el periodo pre- como en el post-electoral, para contribuir a identificar los crimenes de lesa humanidad y, sobre esa base, procurar el establecimiento de responsabilidades. La
Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela y sus informes son un precedente.
3) Se debe
respaldar la autoridad de los tribunales internacionales, en particular de la Corte IDH. El 29 de octubre, la CIDH
solicitó a esta Corte ampliar las medidas provisionales ante la situación de extrema gravedad. Para las víctimas, es esencial contar con la protección del SIDH.
4)
La desigualdad en Nicaragua se ha visto agravada por el nocivo papel primordial del gran capital en la alianza con el Gobierno. A medio plazo, deben procurarse políticas alternativas para superar las divisiones socioeconómicas e impedir la pérdida de la
base social del país.
La crisis nicaragüense sólo puede resolverse a más largo plazo, y únicamente si se inician desde ya las medidas diplomáticas, la asistencia técnica y de investigación y una evaluación permanente de
la sociedad internacional en respuesta a unas elecciones que contravienen la Constitución nicaragüense y el Derecho internacional.
