Es habitual que, en la antesala de las negociaciones climáticas, haya mucha expectación sobre los esperados anuncios por parte de distintos países. Esos días previos se convierten en una escenificación por parte de algunos líderes, donde se entremezclan grandes titulares y promesas de reducción a largo plazo, con mensajes cautelosos para enfriar las expectativas en caso de que no se alcancen acuerdos. Los días previos a la COP-26 de Glasgow no han sido una excepción.
Sin embargo, es importante tratar de disipar el humo de los fuegos de artificio para ver con calma cuánto hay de avance y, sobre todo, tomar la medida a estos avances en relación con lo que es necesario para llegar adonde tenemos que llegar, que no es sino un mundo que no supere un aumento de la temperatura de 1,5ºC a final de siglo (respecto a la temperatura pre-industrial) y hacerlo de forma justa y sin dejar a nadie atrás.
Esta distancia entre lo avanzado y lo necesario nos permite hablar de una brecha en la acción climática que hay que salvar. Podemos visualizarlo como un puente que debe unir dos orillas y que está aun en construcción. Y lo que todo el mundo entiende es que, por mucho que engalanemos el puente, si al final del mismo lo que hay es el vacío irremediablemente nos caeremos. Desgraciadamente, esa brecha existe, es aún de una magnitud pavorosa y tiene varias dimensiones. En realidad, podemos hablar de al menos cuatro brechas en la acción climática:
Brecha de ambición
Ésta es la más evidente y de la que más se habla. Se trata de la distancia entre lo prometido por los gobiernos y lo necesario. Hay todavía una cantidad determinada de CO2 que todavía podemos poner en la atmósfera sin que ello implique superar el límite de los 1,5ºC de temperatura a final de siglo respecto a la era pre-industrial. Es lo que se conoce como presupuesto de carbono y nos dice cuánto nos podemos aún gastar (emitir) sin entrar en esa supuesta zona de alto riesgo.
El reciente informe del IPCC AR6 de agosto de 2021, que ha ajustado ligeramente los cálculos respecto al informe anterior de 2018, indica que el presupuesto de carbono restante para permanecer dentro del umbral de 1,5°C de calentamiento global (con una probabilidad del 66%) es de 400.000 millones de toneladas de CO2. Los compromisos de mitigación de los países que hay ya sobre la mesa son tan insuficientes que a nivel global ese presupuesto de carbono se agotará en menos de una década.
[Con la colaboración de Red Eléctrica de España]
Se necesitan con urgencia reducciones de emisiones mucho mayores, profundas y sostenidas para mantenernos por debajo de 1,5ºC: en concreto una reducción del 45% para 2030. Pero incluso si las promesas actuales de los países (las llamadas NDC) se implementaren por completo, las emisiones aumentarán un 16% para 2030 desde los niveles de 2010, según el informe sobre la brecha de emisiones de 2021 de Naciones Unidas. Los países deben aumentar colectivamente la ambición de sus NDCs en más de cinco veces para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París, ya que con los compromisos vigentes nos dirigimos a un calentamiento de 2,7ºC a final de siglo.
Con este telón de fondo, no son un buen presagio algunas de las declaraciones escuchadas en la antesala de la COP-26, que combinaban una apuesta aún firme por la factibilidad del objetivo 1,5ºC con mensajes más tibios que lo calificaban como algo más aspiracional que real, dejando claro que el Acuerdo de París permite llegar hasta un aumento de 2ºC y sólo habla de "hacer esfuerzos" para conseguir 1,5ºC. Aquí adquiere relevancia una debilidad notoria de Acuerdo de París: que no obliga a cumplir. Aunque sea obligatorio presentar las NDCs, no existe la obligación de que sean suficientes para cumplir ni el objetivo de 1,5ºC ni el de 2ºC. Frente a esto, sólo parece haber una salida: aumentar la presión social hasta tal punto de que impida a las grandes potencias retroceder y las obligue a avanzar mucho más rápido.
Brecha de cumplimiento
Refleja una zona ciega de la acción climática: la diferencia entre lo que los países prometen y lo que cumplenrealmente. No existe un sistema de monitoreo del cumplimiento efectivo de las promesas, lo que deja margen para la trampa y la falta de rigor y nos hace excesivamente dependientes de la confianza en que las cosas ocurrirán efectivamente. El Acuerdo de París no obliga a cumplir las promesas y, por tanto, no hay establecido un procedimiento para penalizar a los incumplidores.
Afortunadamente, hemos ido viendo en los meses recientes cómo la ciudadanía encontraba la forma de ir rellenando esta brecha: la acción de los tribunales. Se están dictando sentencias en diferentes países (Holanda, Alemania, Francia ) que dejan en evidencia no sólo que el país de turno no está comprometiéndose a reducir las emisiones de forma acorde con el objetivo 1,5ºC de París, sino que tampoco está cumpliendo con los propios objetivos que se marca, obligando a reparar los daños por la inacción climática.
Brecha de realismo
Es quizás la más peligrosa y la menos analizada de forma rigurosa. Se trata de la diferencia entre lo que se promete y lo que realmente es posible. Uno de los aspectos preocupantes de esta brecha son las emisiones negativas. Escuchamos continuamente hablar del objetivo cero-neto sin un análisis realista de lo que implica. Explicado de forma muy breve, un escenario de cero-neto es aquél en el que las emisiones excedentes son compensadas con captaciones de CO2 de la atmósfera (las llamadas emisiones negativas).
Los objetivos de París se refieren específicamente a los resultados del calentamiento de fin de siglo, por lo que incluso escenarios con una fuerte mitigación compatibles con el objetivo 1,5ºC, como el SSP1-1.9, superan temporalmente dicha temperatura a mediados de siglo para luego reducir las temperaturas por debajo de 1,5ºC antes de final de siglo. Y, ¿cómo lo hacen?: mediante un despliegue a gran escala de emisiones negativas.
Mejorar la capacidad de captación de los sumideros naturales (bosques, suelos ) es posible con un buen manejo del suelo y programas de mejora de bosques, pero el potencial de esta vía es bastante limitado. En realidad, cuando se habla de cero-neto se está pensando, entre otras cosas, en tecnologías de captura y almacenamiento de carbono (CAC), generalmente vinculadas a un despliegue masivo de cultivos energéticos (Beccs), hipotéticas tecnologías de captura directa a partir del aire (DAC) y otras aventuras tecnológicas, además de a compensaciones y mercados de carbono.
Figura 1.- Ciclo de Becas (bioenergía con captura y almacenamiento de carbono)
Fuente: elaboración propia. El CO2 es capturado por las plantas durante su crecimiento. Ésta es posteriormente quemada en una central térmica cuyas chimeneas llevan acoplada tecnología de captura, que evita la salida del CO2 a la atmósfera. Éste es posteriormente enterrado en almacenamientos geológicos.
Un problema con estas tecnologías es que no están desarrolladas y es posible que nunca se desarrollen (el historial de la captura de carbono no es muy prometedor). Otro, que de llevarse a cabo tendría unos impactos ecológicos y sociales muy considerables, según reconoce el propio IPCC; quizás inasumibles (desplegar BECCS a un nivel significativo implicaría una extensión para desarrollar cultivos de una a dos veces el tamaño de la India).
Gran parte de las estrategias de descarbonización de muchos países a largo plazo (a 2050), e incluso de los objetivos a 2030 se apoyan fuertemente en estas tecnologías, y lo hacen desde muy temprano a pesar de la enorme incertidumbre que las rodea. Por ejemplo, Nueva Zelanda ha anunciado antes de la COP-26 una reducción de emisiones del 50% para 2030, aunque algunos análisis estiman que la reducción real será de la mitad, ya que el 50% se refiere a reducciones netas, no absolutas.
Por ello, una amplia alianza de la sociedad civil está llamando la atención en esta COP-26 en torno a la necesidad de alcanzar un cero real en lugar de un cero neto, al considerar que las promesas de cero neto disfrazan la verdadera acción climática. Según estas demandas, es urgente desmitificar las posibilidades reales de este modelo y evitar que las tecnologías no probadas, las compensaciones de carbono o la plantación de árboles y cultivos energéticos tengan un papel principal en las promesas de los países.
Es importante revelar los límites realistas de estas opciones, vías de escape de una reducción real de las emisiones. Pero incluso la acción climática encaminada a la mitigación efectiva también encuentra obstáculos en la tozuda realidad. Así, otro elemento importante de la brecha de realismo es la disponibilidad material para la transición energética, algo sobre lo que cada vez se habla más. Algunos informes apuntan a que la demanda acumulada de energías renovables y tecnologías de almacenamiento puede superar las reservas actuales de algunos minerales como el cobalto, el litio o el níquel en el escenario de 1,5 grados, afectando también a las de indio, plata y telurio.
Brecha de justicia
Por último, es fundamental tomar conciencia de la diferencia entre lo que los países prometen y lo que es realmente justo, empezando por lo que les correspondería en función de su responsabilidad histórica. Ésta es quizás la brecha más sangrante. El Acuerdo de París obliga a todos los países a contribuir, pero no a repartir de forma justa. El principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas, no incluye los pormenores que obliguen a los grandes responsables del problema a cargar con la mayor parte de la solución.
Aunque las grandes potencias suelen alinearse narrativamente con esta idea, sus discursos no están respaldados por la realidad. Según un reciente informe de la sociedad civil, las NDCs de grandes potencias como EE.UU., Japón o la Unión Europea están muy por debajo de lo que es justo si tenemos en cuenta su responsabilidad histórica; especialmente cuando se aplica a un reparto per capita.
Figura 2.- Contribuciones justas 'per capita' y NDCs para 2030
Fuente 'A fair shares phase-out: Civil Society Equity Coalition report on an equitable global phase out of fossil fuels. 2021'. Nota: en verde, rango de contribuciones justas. Las líneas indican el nivel de las promesas de los países (NDCs).
De acuerdo con los principios de equidad, debiera producirse una eliminación de los combustibles fósiles mucho más rápida en los países donde los impactos sociales de la transición serán menores, es decir, en los países ricos. Éstos también deberían proporcionar financiación y otro tipo de apoyo para permitir las transiciones en los países más pobres.
En 2009, las naciones ricas se comprometieron a recaudar 100.000 millones de dólares al año para 2020 con objeto de ayudar a los países en desarrollo a reducir las emisiones y adaptarse a las consecuencias del cambio climático. Pero el progreso en la financiación es decepcionante: en 2019, los datos más recientes disponibles, se recaudaron menos de 80.000 millones de dólares, y un informe de Canadá y Alemania de estos días constataba que la meta no se alcanzará hasta 2023. Tampoco está garantizada una financiación suficiente para la adaptación en los países del sur (de al menos el 50% del total recaudado) y, lo que es más importante, los países ricos, con EE.UU. a la cabeza, se resisten a poner dinero sobre la mesa para financiar las pérdidas y daños; es decir, aquellos impactos del cambio climático a los que ya no se puede uno adaptar. Los países pobres están sufriendo estos embates con eventos meteorológicos extremos crecientes que se traducen en pérdidas de hábitat y formas de vida, y mientras el dinero no puede compensar todas las pérdidas (de cultura, de espacio vital ), el económico es definitivamente un elemento de justicia esencial que debe ser abordado.
Afinando aún más, para cerrar esta brecha de justicia habría que ir más allá y hablar de las personas, para reflejar en toda su dimensión la correlación directa entre desigualdad, poder adquisitivo e impacto ambiental. No toda la ciudadanía dentro de un mismo país es igualmente responsable de las emisiones: las personas con un poder adquisitivo y capacidad de consumo mayores son responsables de un porcentaje mayor. El 1% de la población más rica del mundo emite lo mismo que el 50% de la población más pobre. Por tanto, la acción climática tiene todavía por delante mucha tarea para diseñar políticas públicas de una forma en que sean al mismo tiempo beneficiosas para el clima y para la justicia social.
