Durante el último trimestre del año las demandas de grupos organizados son más frecuentes en el escenario político guatemalteco. Por mandato constitucional, al Congreso de la República le corresponde aprobar, modificar o rechazar el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado en noviembre. De forma simultánea, el martes 19 de octubre, en el centro histórico de Ciudad de Guatemala, se lcelebraron dos manifestaciones. La primera, del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala (
SNTSG), que pedían el traslado de personal a plazas permanentes y la creación de puestos en distintas unidades. La segunda, que concitó mayor atención por los métodos y daños ocasionados, fue la
realizada por militares retirados en demanda de una compensación económica por la prestación de servicio militar durante el enfrentamiento armado interno.
Sobre este caso, los interesados están representados por varias asociaciones de veteranos del Ejército.
No fue la primera manifestación de este grupo: en los meses de junio y agosto se llevaron a cabo medidas de hecho como bloqueos en carreteras o puntos de la capital. En noviembre de 2019, ingresó la iniciativa de ley 5664 a la Dirección Legislativa, los ponentes a cargo fueron la entonces diputada Ana Victoria Hernández (actualmente, diputada por el Parlamento Centroamericano) y el diputado Felipe Alejos. Ante el rechazo generado en la opinión pública, se han divulgado reuniones políticas que el actual presidente y entonces candidato sostuvo con miembros de estas asociaciones, en las cuales manifestó su apoyo a la obtención del desembolso en cuestión.
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De concretarse, la iniciativa representa un gasto significativo para el débil Estado guatemalteco. Los destinatarios serían la totalidad del personal de tropa que se compruebe que prestó servicio militar durante el conflicto armado interno, entre 1960 y 1996. El monto individual es de 120.000 quetzales, equivalentes a 15.000 dólares estadounidenses, en un plazo de cuatro años. Se sabe que la cifra de interesados inscritos es de 95.800 personas, adscritos a diferentes organizaciones. La tarea de identificar a los beneficiarios corresponde al Ministerio de la Defensa, quienes de hecho han avanzado en el proceso y prometen tenerlo listo para obtener así un dictamen favorable en las comisiones correspondientes.
Las reacciones violentas en que derivaron las manifestaciones parecen dar frutos a favor de este grupo. Se sabe que son
varias bancadas que, a pesar de la disrupción y los ataques, manifiestan su respaldo a la iniciativa. Aunque las razones sean evidentes, vale la pena identificar las motivaciones que hay detrás de quienes deciden.
Al igual que la mayoría de la ciudadanía, en América Latina y el mundo los partidos políticos están perdiendo credibilidad y confianza. El sistema guatemalteco es uno de los de mayor volatilidad. Las formaciones que han participado en los últimos años no cuentan con organizaciones sólidas de base, ni adscritas a un programa que promueva una participación genuina.
Aunque los ponentes del partido Todos, que impulsó esta iniciativa, argumentan que es un acto de justicia por el servicio prestado, surge en un contexto caracterizado por el pragmatismo.
Los partidos compiten por escaños en distritos donde basta tener alrededor de 15.000 votos en promedio (cálculo de la cifra repartidora con el método D´'Hondt). La ausencia de militantes con un arraigo e intereses genuinos es compensada con la integración de estos grupos de interés. Las ventajas son su fácil ubicación e identificación: en este caso,
hablamos de casi 100.000 electores y sus respectivas familias que pasan a ser
clientelas políticas.
Al margen de la discusión quedan las denuncias por violación de derechos humanos por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas.
Incluso los mismos partidos que apoyan la onerosa compensación económica se han pronunciado en el pasado contra del resarcimiento a las víctimas directas del conflicto. Tal incoherencia se explica porque la política guatemalteca continúa en manos de un sector conservador, que replica el discurso anti-comunista y pro-militar característico del contexto del conflicto armado interno.
Parece que las medidas violentas quedarán en la indignación y rechazo público, pero en la práctica se premiará y se atenderán diligentemente las reclamaciones. A nivel político, esto únicamente refuerza estructuras organizativas basadas en intereses particulares. Otros grupos de interés han mantenido una dinámica similar, obteniendo bonos mediante pactos colectivos cuando se trata de sindicatos del sector público, pero debe alertarse sobre esta práctica que, a corto y largo plazo, mantenga en el poder a partidos políticos cuestionados e incluso vinculados al crimen organizado.
Los grandes perdedores serán los ciudadanos; es la inversión social que deja de realizarse, el aumento del endeudamiento y menos tangible, pero no menos importante, la manipulación y distorsión de los fines de la representación política.
