Por una coincidencia, en el mismo día (13 de octubre 2021) en que la Comisión Europea expresaba su
preocupación por la situación del Ártico (con sus hielos que se derriten, sus metales, petróleo y gas en creciente explotación, sus nuevas rutas marítimas abiertas), se publicaba un
artículo en la revista
Ecological Economics con el título
On thin ice-The Arctic commodity extraction frontier and environmental conflicts, donde se analizan
53 conflictos ambientales desde Alaska y Canadá a Groenlandia, Islandia, los tres países escandinavos y Rusia. De estos ocho países, Rusia está representada con 23 conflictos. Todos ellos están situados en un mapa con sus coordenadas. Cada ficha tiene cinco o seis páginas, con descripción, variables codificadas y fuentes de información.
En casi todas partes, los pastores de renos y caribús se ven desplazados por las industrias extractivas. Y protestan, aunque no son muchos los seres humanos que viven por encima del paralelo 65º. Mientras la Comisión Europea lamenta lo que ocurre, parece que no quiere fijarse en que
son muchas veces empresas europeas (suecas, finlandesas y también francesas, como Total y otras)
las que empujan ese saqueo en esta 'frontera de la extracción', como la llaman los autores. También hay empresas de Canadá, Estados Unidos, Noruega y desde luego Rusia.
Figura 1.- Presencia de Total y sus socios en las penínsulas de Yamal y Gydian
Algunos proyectos extractivos han sido frenados, como en las islas Lofoten en Noruega, donde el petróleo se quedará bajo el mar; pero son pocos. El
metabolismo social crece en el mundo y alcanza el Ártico. No es una nueva frontera, fue ya colonizada hace tiempo; pero
el volumen de la extracción es mucho mayor, y también crece la resistencia. Sin embargo,
son muy pocos los países que han firmado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de protección a los pueblos indígenas.
Esos 53 conflictos confrontan a poblaciones indígenas, los
nenets en Siberia, los
dene en Canadá, los
sámi en Escandinavia y tantos otros contra las empresas extractivas y contaminantes. A veces hay acuerdos, a veces hay simplemente expulsiones. En Alaska, algunas comunidades han entablado juicios porque el hielo se derrite, el nivel del mar sube y tienen que abandonar sus tierras. ¿Quién son los culpables? ¿Los gobiernos, las empresas? De momento, nadie.
El Atlas de Justicia Ambiental (que contiene más de 3.500 fichas de conflictos de todo el mundo) es una gran base de datos para estudios de ecología política comparada. Aquí, en este artículo que es uno más de los producidos en 2021 por el equipo del EJAtlas, las 53 fichas (rellenadas por los autores o sus colaboradores) permiten algunos análisis estadísticos y de redes. Los conflictos socio-ambientales se superponen con los territorios de los pueblos indígenas. Se da una oposición local, pero también transversal, que cruza fronteras políticas, en la que participan actores indígenas, no indígenas e internacionales por igual.
Las principales mercancías en cuestión son los combustibles fósiles, los metales y también la infraestructura de transporte. Las actividades extractivas se llevan a cabo a expensas de los grupos indígenas, pescadores y pastores. Se pierden conocimientos y prácticas tradicionales en territorios indígenas.
La represión contra los activistas es significativamente más probable si no hay movilización preventiva. Influyen en los resultados la fuerza de la
rule of law y también la importancia de las rentas extractivas en las economías de cada territorio.
Figura 2.- Fronteras árticas de extracción de productos básicos, territorios indígenas y conflictos medioambientales documentados en el EJAtlas
Fuente: elaboración propia con datos de Crump et al., 2017, Secretaría de los Pueblos Indígenas del Consejo Ártico, Evaluación de la Biodiversidad del Ártico (CAFF, 2013) y Programa de Seguimiento y Evaluación del Ártico del Consejo Ártico.
