6 de Mayo de 2020, 09:11
En los últimos días, la prensa peruana ha estado analizando el sub-registro de fallecimientos a causa de la Covid-19 en los reportes oficiales del Estado. El asunto ha merecido respuestas oficiales del presidente, sus ministros y asesores. Sin embargo, el debate se pierde en si el método de conteo es justificado o correcto, mientras que debería preocuparnos cómo usar este tipo de datos para favorecer un mayor compromiso en la ciudadanía.
La preocupación del sub-registro se originó con la publicación de un reporte de la agencia IDL-Reporteros. En él se afirmaba que las cifras oficiales estaban muy por debajo del número real de defunciones atribuibles a la pandemia, basándose en los registros sobre cremaciones de casos "confirmados y sospechosos" de 'Covid-19' de tres empresas que operan en la capital. La estimación arrojaba una cifra total de 1.073 fallecidos incinerados al 24 de abril, que contrastaba con los 330 casos reportados por la Sala Situacional Covid-19 del Ministerio de Salud en la misma fecha. Es decir, los datos oficiales reportaban solamente el 30% de muertes posiblemente atribuibles a la pandemia.
Ante la acusación, Víctor Zamora, ministro de Salud, resaltó que los datos oficiales actualizados día a día siguen los estándares globales de reporte de estadísticas respecto a la pandemia. Es decir, que se incluyen las muertes confirmadas, aquéllas que han dado positivo luego de ser sometidas a una prueba. Esto, por supuesto, genera un sub-registro importante, dadas las capacidades materiales y logísticas del Estado para disponer y procesar dichas pruebas. Por otro lado, Pilar Mazzeti, jefa del Comando Covid-19, aclaró que toda persona fallecida por muerte no violenta en el periodo reciente es considerada "sospechosa" de la enfermedad, como medida preventiva para reducir los riesgos de contagio en el manejo de cadáveres. Por ello, sin negar la existencia del sub-registro, se infiere que la estimación mencionada puede exagerar la cantidad real de muertes.
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Sin embargo, cabe preguntarse si existe realmente un desfase entre los datos reportados por el Gobierno y lo que puede estar sucediendo en realidad. La respuesta es sí. Si usamos el método estadístico de diferencias en diferencias, podemos hacernos una mejor idea. La idea central de este ejercicio es calcular la letalidad de la enfermedad descubriendo cuán atípica es la cantidad de defunciones totales que estamos observando actualmente. Para obtener ese indicador de letalidad, se contrastan el número total de fallecidos del presente año con el número de defunciones en un año normal, es decir, sin Covid-19.
En Perú, el Repositorio Único Nacional de Información en Salud (Reunis) permite acceder a los datos compilados por el Sistema Informático Nacional de Defunciones. Para este ejercicio nos basamos en la información actualizada al día 30 de abril, cuando el Gobierno reportó alrededor del millar de fallecidos por Covid-19. Para nuestros cálculos usamos únicamente las muertes por causas no externas (es decir, quedan excluidas las muertes violentas como accidentes u homicidios). Si observamos el primer gráfico, podemos observar el comportamiento de las defunciones en los últimos cuatro años. Dos elementos saltan a la vista. El primero es que, más allá de las diferencias en las cantidades, existe un patrón más o menos reconocible en la variación entre meses entre 2017 y 2019. Lo segundo es que abril del presente año, mes en que la pandemia se ha recrudecido en el país, rompe notoriamente con esta tendencia.
A partir de esta información, podemos identificar un volumen aproximado de atipicidad en el número de muertes registradas en abril. Idealmente, debiéramos comparar entre el abril de 2020 real y uno imaginario en el que el virus no existiese. Es decir, un mes de 2020 contrafáctico: ¿cuántos peruanos y peruanas habrían fallecido si no tuviéramos esta crisis? Por razones obvias, esta comparación es imposible. Sin embargo, podemos pensar en un reemplazo que nos sirva como instrumento de cotejo, Por ejemplo, el promedio de decesos registrados entre 2017 y 2019. Éste es nuestro 'año normal', sin 'Covid-19'.
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Utilizando esos datos, podemos observar más claramente la diferencia entre lo que estamos viviendo y la tendencia promedio de decesos de los años anteriores. Pero, además, podemos usar la diferencia promedio entre los meses de enero, febrero y marzo para imaginar cómo hubiera sido un abril de 2020 sin la enfermedad. Luego, podemos contrastar esta cifra estimada de decesos para abril de 2020 con la cantidad realmente existente, lo que nos ayuda a estimar cuántas defunciones registradas no calzan con la tendencia que normalmente hubiéramos observado si el virus no existiese.
Esta diferencia nos arroja una cifra aproximada de más de 3.000 decesos atípicos. Aunque es claramente observable en el gráfico, comprobamos su relevancia estadística (0,00587). De esta manera, la cantidad de casos confirmados en el mes de abril (1.051) representaría apenas el 33% del total aproximado de muertes atípicas que hemos calculado. Estamos hablando de que los casos reales podrían triplicar el número total de confirmados por el Gobierno.
Por supuesto, esta estimación de los decesos atípicos no es exacta. Son esperables varios problemas con los datos, incluyendo la actualización extemporánea de decesos recientes, especialmente para regiones alejadas de la capital. Sin embargo, esto sólo significaría que la discrepancia entre el número oficial confirmado de muertes por Covid-19 y el total real podría ser aún mayor.
Ahora bien, este sub-registro de fallecidos no necesariamente implica una negligencia por acción u omisión o falta de transparencia por parte del Gobierno. En primer lugar, el desfase en las cifras de fatalidades a causa de este virus es un problema compartido, como señala el epidemiólogo Mateo Prochazka. En Europa y Estados Unidos, ejercicios similares publicados por el 'Financial Times' y 'The New York Times' hablan de problemas similares. Como han señalado distintas voces en el Ejecutivo, esto tiene que ver con la forma estandarizada en que se reportan los datos de la pandemia, priorizando la información confirmada antes que la estimada. Es decir, un asunto técnico antes que político.
En segundo lugar, a estas alturas está claro que la Administración ha buscado responder rápida y adecuadamente a la pandemia, aun cuando muchos otros gobiernos de la región siguen subestimando su gravedad. Por lo tanto, un escenario de manipulación de datos parece poco probable; más aún cuando, como parte de este ejercicio, comprobamos que el Estado peruano es el único entre los países andinos que facilita el acceso público a este tipo de información actualizada.
No obstante, como los propios funcionarios han reconocido, el Estado peruano padece una serie de limitaciones que vienen de lejos, por lo que es evidente que los problemas de sub-registro dependen significativamente de deficiencias logísticas. Esto hace que el problema, compartido por varios países, sea aún más difícil de resolver para Perú.
Pero éste no es el problema de fondo. Es entendible que el presidente defienda el reporte oficial de muertes confirmadas, dada su convencionalidad. Pero, dadas las características de la crisis, el Gobierno haría bien en publicar este tipo de estimaciones, tanto para su uso en el diseño de sus medidas de contención y adaptación como para generar un mayor compromiso de la población en la lucha contra la pandemia.
Ahora bien, la calidad técnica de los grupos que asesoran al Gobierno peruano nos hace suponer que este tipo de estimaciones no son ajenas a su dominio. Es muy probable que el Comando Covid-19 tenga incluso mejores herramientas para estimar un número más realista de muertes producto de la pandemia que el total de casos confirmados por una prueba. Y es muy probable que las medidas adoptadas tengan estos datos como base empírica.
Sin embargo, su uso público no puede ser subestimado. Estos datos no deberían ser sólo de manejo tecnocrático, sino elemento clave de la estrategia de relación entre el Ejecutivo y los ciudadanos. Es decir, de uso político y no solamente técnico.
En el largo plazo, el uso transparente y honesto de información puede fortalecer el liderazgo político y la confianza pública en las instituciones, muy importante en escenarios como éste. Esta renovación del pacto social es clave, porque lo que está en juego en países como Perú no es únicamente la lucha contra la pandemia, sino la necesidad de una solución integral de problemas sociales y económicos que vienen de lejos. Y, en ese sentido, las respuestas del Estado tienen que ser de contención, en primer lugar, pero con un fuerte componente de compromiso de transformación a futuro.
En el corto plazo, esta información es útil para la ciudadanía, especialmente a medida que la cuarentena va acercándose a su fin tanto formal como informalmente, ya que el cumplimiento del distanciamiento social se ha relajado considerablemente en los últimos días a pesar de los esfuerzos gubernamentales. Más allá de generar temor, la transparencia en los datos llama la atención sobre nuestra limitada capacidad de medir y, por lo tanto, contener esta amenaza. Y reconocer esto es importante tanto para el Estado como para los ciudadanos.
La buena noticia es que el presidente y su equipo han demostrado ser muy didácticos a la hora de transmitir información. Por lo que, lejos de generar zozobra en la población, los datos pueden contribuir a un mejor entendimiento de los riesgos que afronta la sociedad en su conjunto. Esto, por supuesto, implica un reconocimiento mayor sobre las limitaciones del Estado, algo no ajeno al discurso presidencial.
(Al cierre de este artículo, ejercicios similares han sido publicados en 'El Comercio' y el Instituto de Estudios Políticos Andinos).
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