22 de Abril de 2020, 20:30
Cinco semanas después de la declaración de emergencia sanitaria por la llegada de la Covid-19 a Ecuador, el Gobierno mantiene el estado de excepción en todo el territorio y ha endurecido las restricciones de movilidad. Sin embargo, aun cuando las cifras oficiales apuntan a una disminución en la tasa de contagios y a una atenuación en la pendiente de la curva, que actualmente registra más de 10.000 casos positivos y más de 500 personas fallecidas, existen datos que dan cuenta de un alarmante infraestimación respecto del número total de infectados y de muertes causadas por la pandemia: el 16 de abril, Jorge Wated, responsable de la recolección de los datos de fallecidos en la provincia del Guayas, informó de que durante la primera quincena de abril se habían registrado un total de 6.703 muertes. Era una cifra significativamente superior a los 187 decesos registrados en esa provincia hasta mediados de abril y a los 2.000 fallecimientos que habitualmente se producen en la misma.
La falta de información clara ha aumentado la desconfianza de la ciudadanía en el Gobierno de Lenin Moreno (que, según el último sondeo de Cedatos, cuenta con un 24% de aprobación) y ha hecho cuestionar la eficacia de las medidas de aislamiento. En este escenario, además de los efectos directos sobre el bienestar de la población, la pandemia ataca al país desde tres frentes: el económico, el político y el institucional.
El embate económico comenzó con la caída de los precios del petróleo, principal fuente de ingresos del Fisco ecuatoriano. El valor referencial para este hidrocarburo (el barril de crudo WTI) llegó a mínimos históricos el 20 de abril, cuando descendió hasta llegar a los -37,63 dólares. A esto se suman un riesgo país que, a inicios de mes, sobrepasó los 4.800 puntos básicos; la declaración de default restringido por parte de la agencia Fitch Ratings, que dificulta las posibilidades para acceder a financiación externa en condiciones favorables, y la paralización de la economía doméstica producto de las medidas de aislamiento.
Frente a esto, el Gobierno ha adoptado una serie de medidas, entre las que destacan el consentimiento de los tenedores de bonos externos para aplazar el pago de intereses hasta el mes de agosto, la prohibición de contratar a servidores públicos y la no renovación de los que finalizaron en marzo de 2020, la reducción del sueldo de altos funcionarios en un 50% (incluyendo los del presidente y vicepresidente) y, las más importantes, dos propuestas de ley enviadas a la Asamblea Nacional el 16 de abril: la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario y la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas.
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Estas proposiciones legislativas tienen un carácter de "económico urgente" y, como tales, deben tramitarse en un plazo no mayor de 30 días o serán aprobadas por el Ministerio de la Ley. En caso de que entren en vigor, la primera tendrá una repercusión directa sobre el bolsillo de la ciudadanía pues contempla, entre otras medidas, la creación de una cuenta conformada por los aportes de todos los trabajadores con un salario superior a los 499 dólares y de todas las empresas que reporten utilidades por encima de un millón de dólares. Con este dinero, el Gobierno pretende financiar el bono de 60 dólares otorgado a familias de escasos recursos.
La segunda afectaría directamente al presupuesto del Estado y las finanzas públicas, ya que entre sus propuestas está la de incrementar los techos establecidos para contraer deuda pública a fin de facilitar el acceso a créditos bilaterales (sobre todo de China) y multilaterales. Si la Asamblea veta total o parcialmente estas iniciativas, el Ejecutivo tendría serios problemas para cubrir los costes de la emergencia sanitaria.
Esta situación nos lleva al segundo frente de batalla: el político. "Si no ayudan, no estorben", fueron las palabras que dirigió Moreno a la Asamblea Nacional la noche del 16 de abril al anunciar en una cadena nacional el envío de ambas proposiciones de ley. Este exabrupto puso de manifiesto una realidad: el Gobierno está haciendo frente a la pandemia en solitario porque la mayoría de los políticos ha preferido marcar distancias con el oficialismo. La contienda electoral que va cobrando fuerza en medio de la pandemia comienza a perfilar la posición de los distintos actores en el tablero. Así, mientras que el Ejecutivo se promociona como responsable y solidario, señalando que ha puesto en marcha todas las medidas recomendadas para evitar la escalada de la pandemia, y que lo ha hecho con una economía y una estructura sanitaria seriamente debilitadas a causa del despilfarro y mal manejo de recursos de la Administración anterior, la oposición se ha concentrado en señalar los talones de Aquiles del presidente en su gestión de la emergencia sanitaria.
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A grandes rasgos, la izquierda afirma que la crisis se ha agravado como consecuencia de las políticas de ajuste estructural que impulsa el oficialismo, y acusa al régimen de manipular a la Justicia y a los medios de comunicación para crear cortinas de humo que distraen a la ciudadanía de la mala gestión. Ejemplo de ello fue la vehemencia con la que sectores afines al ex presidente Rafael Correa afirmaron que la sentencia emitida en su contra por el caso Sobornos fue orquestada desde el Ejecutivo para desviar la atención del país (se condenó al ex mandatario a ocho años de prisión y a 20 de inhabilitación política por delito de cohecho).
La derecha, por su parte, señala la falta de sustento técnico de las propuestas gubernamentales, critica la falta de apoyo al sector productivo y advierte de que las iniciativas remitidas por el Ejecutivo a la Asamblea pueden profundizar la crisis económica al imponer una mayor carga fiscal sobre el sector privado.
Mientras esto sucede en la política de puertas para adentro, han dado la vuelta al mundo las imágenes de fallecidos y féretros inundando las calles y los cementerios de Guayaquil, apuntando al tercer objeto de ataque de la pandemia: la capacidad de respuesta del sistema sanitario pública. El colapso de esta ciudad refleja la fragilidad de este sistema. De acuerdo con información del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC), en Ecuador existen 22 médicos por cada 10.000 habitantes y 1,5 camas de hospital por cada 1.000, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda mínimos de 23 y 2,7, respectivamente).
Estos medios se encuentran repartidos entre varias entidades públicas y privadas que tienen al Ministerio de Salud Pública (MSP) como órgano rector. Las entidades públicas que brindan atención en materia de salud son el MSP, el Ministerio de Inclusión Económica y Social (Mies), las municipalidades y las instituciones de seguridad social: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Iess), Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa) e Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol); cada una con su propio público objetivo, cartera de servicios, administración, procedimientos y fuentes de financiamiento.
La fragmentación del sistema de salud restringe la capacidad gubernamental para implementar estrategias coordinadas, y la distribución centralizada de estas instituciones en el territorio agrava el problema. Ecuador está organizado en torno a siete zonas o regiones administrativas que agrupan a 24 provincias con sus respectivas municipalidades y parroquias. Los hospitales generales, los laboratorios con capacidad técnica para llevar a cabo las pruebas para la detección del virus y el personal sanitario especializado se encuentran en los centros de referencia regional, ubicados en las grandes ciudades. Esto implica que los pacientes y las muestras tomadas en localidades más pequeñas necesariamente deben trasladarse a dichos centros. Por esta razón, la discrepancia entre las cifras oficiales sobre el avance de la pandemia y la del número de fallecidos en la provincia del Guayas apuntan a la existencia de importantes segmentos de la población que se encuentran desprotegidos ante el avance de la Covid-19.
Desde la llegada del coronavirus a Ecuador, se han escuchado numerosas críticas contra Moreno por la mala gestión de la crisis y la deficiente coordinación entre las entidades que la manejan. Sin embargo, es necesario reconocer que la fragmentación del sistema de salud pública y el mal estado de la economía son camisas de fuerza con las que cualquier otro Gobierno habría tenido que lidiar. Esto no exime a la actual Administración de la responsabilidad de ampliar la presencia del sistema público de salud en todo el territorio, de generar datos confiables que permitan una adecuada planificación, de mantener abiertas todas las vías de comunicación/cooperación con los otros poderes del Estado. De igual manera, líderes y partidos políticos de la oposición deben asumir su obligación de trabajar junto al Ejecutivo para buscar las mejores salidas y soluciones a los estragos que está causando la pandemia, de manera independiente al calendario electoral.
