El coronavirus está marcando nuestra vida cotidiana en las últimas semanas y nuestra vida informativa desde hace ya varios meses. Primero observamos cómo China adoptaba medidas muy duras para contener la propagación del virus y proteger a la ciudadanía de los ya contagiados. Reconozcamos que en algún momento pensamos que estas medidas seguidas eran propias de un Estado no democrático, como es el país asiático. De hecho, todavía hoy, cuando se habla de
la ratio de muertes por coronavirus por habitante, no acabamos de creernos que las cifras chinas sean tan bajas. Las instituciones de gobierno y las fuentes oficiales de información no nos resultan fiables por tratarse, precisamente, de un Estado no democrático.
Esta afirmación no es en absoluto baladí porque, como en tantas otras cosas, que los estados se mantengan firmes en el respeto de principios y normas básicas del Estado de derecho democrático supone una fuente de confianza para la ciudadanía y, en general, para la sociedad global en la que vivimos. Eso no quiere decir, por supuesto, que sea una confianza ciega y acrítica, dado que estaríamos incumpliendo con nuestras responsabilidades cívicas. Precisamente por ello algunos estados, incluso aquéllos que todavía están formalmente en el club de las democracias liberales,
como Hungría, pero que hace tiempo que campan libres por los métodos autoritarios, son observados con sospecha por la opinión pública. Lo mismo sucede respecto de algunos estados de América Latina donde el populismo exacerbado, a veces directamente iliberalismo, de algunos de sus líderes hacen que las medidas que se adoptan sean observadas desde la suspicacia (lean
aquí,
aquí o
aquí, entre otras).
Esperamos de nuestros estados que adopten todas las medidas que consideren necesarias para atajar la pandemia en la que nos encontramos globalmente inmersos. Sin embargo, deben respetarse unos límites establecidos por las estructuras e instituciones básicas del Estado democrático.
Estas líneas rojas las hacen respetar las instituciones estatales pero, también, instituciones internacionales de fortalecimiento de la democracia y de los derechos fundamentales. En el ámbito europeo, el Consejo de Europa (la organización bajo la que cooperan y colaboran 47 estados, desde Portugal hasta Turquía y Rusia) ha publicado el documento
'Respecting democracy, rule of law and human rights in the framework of the COVID-19 sanitary crisis', que pretende ser una guía de actuación para las autoridades públicas.
Este documento se aprobó después de que
algunos estados parte hubieran planteado ante el secretario del Consejo de Europa su intención de derogar la aplicación del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), de conformidad con lo previsto en su
artículo 15; así como
otros instrumentos de tutela europeos). Este precepto establece que los estados puedan dejar de aplicar el estándar europeo mientras dure (en este caso) la pandemia, pero con el límite de no afectar a los siguientes artículos del CEDH: el 2 (derecho a la vida), el 3 (prohibición de tratos inhumanos y tortura), el 4.1 (prohibición de la esclavitud) y el 7 (no hay pena sin ley).
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Este manual de actuación reconoce que los estados pueden hacer uso de la referida derogación (hasta la fecha, lo han hecho
ya 10 estados). En todo caso, y más allá de la posible derogación del CEDH, el Consejo de Europa establece unos mínimos infranqueables para los gobiernos, que giran en torno a la idea central de mantener siempre vigente el Estado de derecho democrático que este sistema protege y fomenta. A continuación, destacaré algunos elementos de la guía europea que pueden resultar más relevantes.
La condición
sine qua non de que durante los estados de emergencia siguen vigentes las reglas del Estado de derecho y los principios democráticos que lo sostienen implica que las medidas excepcionales deben ser limitadas en el tiempo, por lo que aquellos estados que tomen medidas de duración indefinida o indeterminada estarán actuando de forma incompatible con el estándar europeo de los derechos humanos (
Hungría, por ejemplo). Cualquier prolongación, prórroga, del estado de emergencia y de sus medidas deberán estar convenientemente justificadas y poderse someter a los controles propios del Estado democrático. Por ello, se señalan como indisponibles para los gobiernos la división de poderes constitucionalmente garantizada, los controles entre poderes, los sistemas de
checks and balances que pueda prever cada sistema. Si bien la excepcionalidad puede conllevar cierta laxitud en esos controles (incluso la arrogación, por el Gobierno central, de poderes descentralizados), esta situación deberá volver a su estado normal lo antes posible, y, en todo caso, una vez superada la situación de emergencia.
En la línea de blindar los elementos inherentes a todo Estado democrático, se destaca igualmente
la necesidad de seguir protegiendo el derecho a la privacidad y la libertades de pensamiento, de expresión y de reunión. El Consejo de Europa es consciente de que algunos de estos derechos pueden verse afectados, incluso restringidos, para proteger un bien igualmente legítimo como es la salud pública, pero deberán estar en todo caso previstas por la ley y deberán ser proporcionales. Éstas son, en todo caso, las condiciones exigidas por el CEDH y la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo para considerar compatible con el estándar europeo cualquier intromisión en los citados derechos.
Otro eje prioritario es el posible conflicto que pueda generarse estos días entre la libertad de expresión e información y la propagación de desinformación en sus diferentes variantes. Son varios los equilibrios que se plantean para luchar contra lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya ha dado en llamar la
infodemia. La cantidad de información falsa, manipulada, interesada, etcétera que se está generando y propagando estos meses ha encendido todas las alarmas en muchos países democráticos en tanto que los datos, argumentos, noticias que corren por las redes y los medios pueden fomentar la propagación del virus y evitar la correcta curación; pero, también, hacer los sistemas políticos más vulnerables.
Tanta es la relevancia del fenómeno que el Consejo de Europa contempla que la propagación dolosa de desinformación puede ser sancionada; eso sí,
ex post. En esta línea, se anima, a los estados a colaborar con las plataformas y los medios ya existentes para evitar la manipulación de la opinión pública, así como dar mayor prominencia a las fuentes de noticias e información generalmente confiables, en particular los comunicados de las autoridades de salud pública.
Por ello, el Consejo de Europa señala a los medios y periodistas profesionales y, especialmente, a los medios públicos, como elementos clave para contrarrestar esta
infodemia, y les exige una responsabilidad especial para ofrecer información veraz y confiable, sin optar por enfoques fatalistas o que generen una intranquilidad innecesaria en la ciudadanía. Se plantea incluso que, dadas las circunstancias excepcionales, colaborarán en la no difusión de determinadas medidas que el Gobierno tenga previsto tomar hasta que éste lo considere oportuno.
Ahora bien, todo lo dicho no puede llevar a los gobiernos y al resto de instituciones estatales a adoptar medidas contrarias al acceso a la información pública, ni que puedan convertirse en instrumentos más o menos encubiertos de censura:
la pandemia no puede ser utilizada como excusa para restringir injustificadamente las libertades de opinión.
Otro ámbito que preocupa especialmente es el de la protección de datos personales. El uso de nuestros datos por parte de diferentes plataformas, públicas y privadas, no es un debate que haya surgido ahora, pero estos días se ha intensificado porque algunos estados ya han empezado a utilizar herramientas tecnológicas como instrumento de lucha contra la pandemia. A los miedos ligados a la enfermedad, en algunos sectores de la sociedad preocupa mucho el uso que pueda acabarse dando a sus datos personales; por entidades privadas, pero también por las instituciones públicas. En esta línea, y también en el seno del Consejo de Europa, su Comité de Ministros ha adoptado una
recomendación relativa al impacto de los algoritmos en los derechos humanos.
En los escenarios expuestos, el fortalecimiento de las garantías del Estado de derecho, el respeto escrupuloso de la legalidad y de los derechos fundamentales, así como el uso efectivo de los instrumentos de control de la actividad pública ofrecerán a la sociedad un contexto de confianza, necesario para poder luchar contra la pandemia ahora y abordar los retos sociales, instituciones y económicos que vendrán una vez que ésta finalice.
