No causó mayores sorpresas que el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, usara la Covid-19 como una excusa para desmantelar los mecanismos de control, que son una parte fundamental de cualquier democracia. El 30 de marzo, con la autorización del Parlamento (en el que el Ejecutivo goza de una amplia mayoría), se aprobó una
ley que, efectivamente, le otorga al Gobierno el poder absoluto para mandar por decreto. No es inusual que, en tiempos de emergencia, el Poder Ejecutivo recurra a medidas extraordinarias, pero el caso húngaro tiene una particularidad: la duración de la nueva ley es indeterminada. Si bien el Parlamento puede revertirla cuando lo considere, en el caso de Hungría eso será así cuando al Ejecutivo le parezca adecuado. A eso se suma que
los poderes otorgados son desproporcionados en relación con lo que realmente se necesita para hacer frente a la pandemia.
De una forma más inquietante, además de esta ley habilitante, se ha reformado el Código Penal para introducir dos nuevos delitos de manera permanente: se trata de penas de hasta cinco años de prisión para castigar cualquier actividad que interfiera con las labores del Gobierno para lidiar con la emergencia, y la publicación de cualquier información que "distorsione la verdad" y que genere alarma en un gran número de personas. Imagino que esto se aplicará a cualquier publicación que contradiga la narrativa oficial, algo que, a mi juicio, forma parte de un conjunto de medidas aún más perniciosas.
Como era de esperar, las redes sociales se llenaron, justificadamente, de desprecio e ira, pero
la reacción oficial de la Unión Europea, a través de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, fue considerada 'suave' por muchos. La familia democratacristiana de la UE, que en este caso no me parece ni cristiana ni demócrata, realmente necesita hacer un examen de conciencia.
La popular red social fue, como era de esperar una vez más, como un
jingle promocional:
Orbán por aquí, Orbán por allá, Orbán en cualquier lugar. Y aquí es donde reside lo que, para mí, es el verdadero problema, tanto en el análisis como en la reacción. En nombre de la democracia, olvidamos su concepto básico.
Primero, se puede apreciar una irónica paradoja en esta ley. De todos los países, el que menos necesita poderes especiales para facilitar la labor del Ejecutivo durante la emergencia es, precisamente, Hungría. Si bien se han mantenido cuidadosamente las formas (ésa es la táctica y la estrategia), lo cierto es que
el desmantelamiento sistemático de la esencia de la democracia liberal ya era una realidad antes de la aprobación de la ley: el Poder Ejecutivo ya contaba con mucha más libertad que la mayoría de los gobiernos. Y estas últimas medidas no son las más graves. El socavamiento de la independencia judicial, por ejemplo, fue mucho más importante.
La verdad es que al decir una y otra vez
Orbán, Orbán, Orbán (y no nos confundamos, él es bastante vil), caemos en una trampa generalizada en nuestro discurso democrático: le quitamos la responsabilidad al pueblo, a la nación y al electorado. Orbán ha sido claro y transparente, pues lo que él quiere es una
democracia iliberal (un oxímoron dentro de mi vocabulario).
El primer ministro fue elegido con una amplia mayoría y luego fue reelegido aún con más votos. Él no es Franco, ni Pol Pot, ni Nicolae Ceaușescu; ésta no es la Dictadura de los Coroneles. Aquí no hay
Securitat, ni
Ton Ton Macoute ni nada parecido. No estamos hablando de un régimen en el que se ha reprimido la libertad de la gente. Aunque los procesos electorales y de información se hayan pervertido, ningún analista serio podrá negar que Orbán goza de una amplia y profunda aceptación entre la mayoría de los electores. La gran mayoría en el Parlamento es un reflejo fiel de la voluntad popular. El grueso de los parlamentarios que han votado por ésta y otras leyes anteriores, y el presidente que las ha ratificado, están expresando la voluntad del pueblo húngaro.
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Cualquier intento de huir de esta verdad incómoda (ellos no entienden, etc.) sería caer directamente en la trampa de ese fútil tropo marxista sobre la falsa conciencia. Un tropo que, por cierto, es muestra de arrogancia y falta de respeto. Aquellos que votaron por él (es decir, una mayoría sustancial) entienden perfectamente; y, además, lo aprueban.
¿Por qué, entonces, siempre se habla de Orbán y nadie señala a los responsables de su llegada y mantenimiento en el poder? ¿Por qué nos negamos a reconocer que Orbán cuenta con legitimidad democrática, aunque es cierto que en un Estado que ha dejado de ajustarse a nuestras nociones de democracia liberal?
En mi opinión, existen varias razones:
La primera es que
basamos nuestros análisis en un falso supuesto: si es democrático, entonces es bueno. Nada más alejado de la realidad. Si una democracia está formada por gente perversa, será una democracia perversa. Si está compuesta por personas socialmente injustas, desconsideradas o indecentes, tendremos una democracia socialmente injusta, desconsiderada e indecente. Si apuntamos y condenamos a quienes deberían ser los principales responsables (si creemos en la democracia), es decir, a aquellos que eligieron y
reeligieron a Orbán, no estaríamos faltando al respeto a la democracia, sino todo lo contrario. Ésta es, justamente, la forma de mostrar respeto hacia el sistema democrático.
La segunda razón es que
tendemos a escapar de cualquier argumento que culpe al 'pueblo', es decir, a aquéllos que no están en el poder. Siempre pensamos que éste debe disfrutar de sus derechos y beneficios, además de otras cosas positivas. No tenemos la costumbre de responsabilizarlo. Pero en la democracia, hay que hacerlo. Huimos de la responsabilidad colectiva, pero ésa es la esencia de la democracia.
Y la última razón por la que nos negamos a señalar al pueblo (en este caso, el húngaro) es que, por suerte, vivimos en una democracia liberal que funciona bien. Nadie es perfecto pero España, por ejemplo, es insuperable.
Pero si algo sale mal, también aquí culpamos al poder, nunca a nosotros mismos. Dos millones de personas se manifestaron en las calles el 8 de marzo. ¿Cómo pudo el Gobierno permitir semejante irresponsabilidad?, decimos ahora. ¿Es que hemos perdido completamente el criterio personal? Aunque el Gobierno no lo haya prohibido, ¿no somos al menos parcialmente responsables por seguir ciegamente la corriente, como el cuento del
flautista de Hamelín? Creo que muchos coincidirán conmigo en que nosotros, como ciudadanos, hemos perdido de alguna forma la cultura de la responsabilidad propia y la rendición de cuentas, y hemos caído en la costumbre de señalar con el dedo a todo el mundo menos a nosotros mismos. Ésa es quizás la razón por la que todo parece girar en torno al malo de Orbán y no a los húngaros que siguen apoyándolo.
Entonces, sí: la última entrega de la saga húngara es una gota más de ese cáliz venenoso; pero no estamos ante un golpe de Estado militar; y no es tampoco un Gobierno del terror. Es un acto de auto-asfixia democrática colectiva, que podría haberse detenido en las urnas (nadie ha afirmado que las elecciones fueron fraudulentas). Así que llamemos a las cosas por su nombre.
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