Si ya es preocupante el deterioro de la democracia pluralista en algunos países de Europa occidental, el fenómeno se ha acentuado en casi todos los del este, siendo Hungría el caso más evidente de clara involución autoritaria. En efecto, el Gobierno de Víktor Orbán ha dado paso a un tipo de régimen híbrido que algunos analistas califican como democracia iliberal, una contradicción en términos puesto que sin la dimensión liberal (en el sentido de Estado de derecho) la democracia queda reducida a una mera apariencia. Orbán, que tuvo su primera experiencia de gobierno entre 1998 y 2002, ha ido encadenando victorias electorales apabullantes de forma ininterrumpida desde 2010 en adelante y ha configurado una estructura de poder hoy prácticamente irreversible.
El deterioro de las condiciones sociales y el reconocimiento, por parte del primer ministro socialista Ferenc Gyurcsàny (2004-2009), de que habría mentido sobre la grave situación económica del país antes de las elecciones fueron hábilmente explotados por Orbán: si los
liberales habían provocado tal crisis, la democracia
liberal quedaba automáticamente en entredicho. A partir de ahí, Orbán fue configurando
su régimen: nueva Constitución a su medida, rediseño manipulativo de las circunscripciones electorales (el
gerrymandering), estricto control de los tribunales y las universidades (en particular, de la Central Europea y de la Academia Húngara de las Ciencias) y anulación práctica de la oposición para hacer imposible una eventual alternancia.
Orbán nunca ocultó que sus modelos de referencia eran la Rusia de Putin o la Turquía de Erdogán, y que en Europa sintonizaba con Le Pen, Salvini o Meloni (y hoy también con Abascal).
Lo más sorprendente es que todo este sucesivo conjunto de medidas iliberales ni han tenido significativas muestras continuadas de rechazo interno (más allá de alguna manifestación en Budapest o de unas pocas victorias parciales de la oposición en ciertos municipios) ni las diversas
advertencias de la Unión Europea (UE) han surtido efectos tangibles. En tal democracia iliberal, la manipulación de las circunscripciones ha permitido al partido de Orbán (Fidesz), con el 49,2% de los votos, alcanzar 133 diputados en un Parlamento de 200, es decir, los dos tercios (abril de 2018). Estos resultados se explican, asimismo, por la plena institucionalización del clientelismo: Fidesz combina
presión coercitiva y reparto de beneficios tangibles para
sus votantes. Así, desde las amenazas a los funcionarios sobre la continuidad en sus puestos de trabajo hasta el favoritismo selectivo para amplias franjas de votantes fidelizados mediante la compra de votos.
Con motivo de la crisis sanitaria del coronavirus,
Orbán ha conseguido aprobar sin problemas una ley de emergencia que le otorga plenos poderes con duración indefinida (su partido y cuatro ultras de Nuestra Patria votaron a favor y 53 en contra; el resto, abstenciones). Esta ley es tan genérica que puede censurar prácticamente cualquier noticia e imponer castigos de cárcel desorbitados. Además, otorga carta blanca al Gobierno, prescindiendo de cualquier control parlamentario, y sólo admite una eventual verificación de constitucionalidad, pero los tribunales ordinarios están paralizados por la pandemia y el Constitucional está totalmente controlado por Orbán desde 2013.
Una vez más, la UE ha
advertido a Hungría de que no socave (se supone que aún más) la democracia con la excusa de combatir el coronavirus y, aunque 13 gobiernos comunitarios han criticado la ley, esto no ha tenido consecuencia alguna. Es cierto que sigue abierto el expediente sobre Hungría que la Comisión activó por infracción de los principios europeos fundamentales y, asimismo, el Parlamento Europeo (PE) solicitó la activación del
artículo 7 del Tratado de la UE, pero todo ello no ha tenido efectos operativos.
Es aún más incomprensible la ambigüedad del Partido Popular Europeo (PPE), incapaz de expulsar de sus filas a un partido como Fidesz que encajaría mucho más en el grupo Conservadores y Reformistas Europeos (donde están las formaciones de Kaczy?ski, Meloni y Abascal). Aunque 13 delegaciones nacionales del PPE se pronunciaron a favor de esa expulsión (tal como solicitó Donald Tusk), fue imposible alcanzar el consenso necesario: el PP español y Forza Italia se opusieron a tal medida, algo previsible puesto que ambos partidos han
normalizado a la derecha radical (el PP ha convertido a Vox en socio confiable y los conservadores italianos han hecho lo mismo con Fratelli dItalia, sin olvidar que Berlusconi legitimó en su día a los post-fascistas de Gianfranco Fini, con los que gobernó). Pero lo más sorprendente ha sido constatar que la CDU (que rechaza a AfD en Alemania) y el francés Les Republicains (que hace o mismo con el lepenismo) se hayan sumado a esta opción. Resulta incluso incomprensible al verificar la correlación de fuerzas en el Parlamento Europeo: la expulsión de los 13 eurodiputados de Fidesz del PPE no privaría a éste de la condición de primera formación comunitaria: pasaría de los 187 eurodiputados actuales a 174, por delante de Socialistas y Demócratas, la segunda formación, con 148.
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Una vez constatados los elementos objetivos de la involución autoritaria del régimen de Orbán, procede preguntarse por las causas, que son varias. Los analistas han barajado diversas explicaciones para entender la capacidad hegemónica de este gobernante: 1) su política económica, 2) su discurso anti-elitista, 3) la xenofobia y 4) el euroescepticismo.
Con más detalle, respecto al punto 1, ciertamente hay en Orbán elementos de populismo económico de tipo proteccionista y clientelar, aunque no ha ido tan lejos como la derecha ultraconservadora polaca al respecto pues sí ha asumido algunas recetas neoliberales, sobre todo en al ámbito financiero.
Por lo que se refiere al segundo, su retórica contra las viejas élites y su concepción iliberal de la democracia generaron, más al principio que ahora, consenso por el desastroso legado de Ferenc Gyurcsàny.
En cuanto al tercero, el nacionalismo étnico y el rechazo de los refugiados e inmigrantes han sido resortes que le han reforzado. No obstante, en
el referéndum de 2016 sobre las cuotas de refugiados, y aunque el 98,3% de los votantes sintonizó con sus tesis excluyentes e insolidarias, la gran abstención, del 56,7%, anuló tal consulta. Por lo demás, cabe recordar que el porcentaje de población extranjera residente en Hungría es muy bajo, de apenas el 5,2%.
Finalmente, el rechazo de una UE casi
federal que se entrometería en la mítica
soberanía nacional húngara y amenazaría su
identidad es otro factor útil en su política de refuerzo identitario.
A todo ello hay que añadir que la oposición húngara está desarbolada y es casi irrelevante: en primer lugar, no ayuda en lo más mínimo a que pueda producirse a medio plazo una eventual alternativa el hecho de que el segundo partido del país, Jobbik (19% del voto y 26 diputados), sea aún más ultra que Fidesz. Por tanto, la oposición representada por socialistas (11,9% y 20 diputados), liberales (5,3% y nueve escaños) y verdes (70% y ocho diputados) es extraordinariamente débil. Ante este panorama tan desolador, sólo cabe esperar que la oposición húngara sea capaz de reconstruirse y configurarse como alternativa (podría haber cierta base en las grandes ciudades si se renuevan liderazgos y programas) y que la UE pase de las
advertencias a lo único que puede revertir ulteriores avances autoritarios: cortar en seco los fondos estructurales, algo que sí afectaría profundamente a Orbán, puesto que perdería notable capacidad distributiva clientelar.
