Bogotá confirmó el primer caso de coronavirus el 6 de marzo. Se trataba de un caso importado de España. Hasta ahora, el contagio en Colombia parece moderado: a 10 de abril, superaba los 2.400 casos y había supuesto 80 muertes, con un ritmo de duplicación de contagios superior a tres días. Sin embargo, al igual que en el resto del mundo, la falta de test masivos y las diferencias en el conteo de los decesos asociados a la enfermedad hacen que las verdaderas dimensiones de la pandemia no puedan ser establecidas con absoluta certeza.
Colombia afronta un panorama difícil: la pandemia ha llegado en medio de una crisis de política y social reflejada en las masivas protestas que movilizaron al país en los meses de noviembre y diciembre. A esto se suman las malas perspectivas económicas, producto de la caída en los precios del petróleo y de la desaceleración económica regional.
Capacidades sanitarias dispares
En general, en materia de indicadores sanitarios el país está por debajo de la media de la OCDE, pero mejor que sus vecinos latinoamericanos. Según datos del Ministerio de Salud, el gasto sanitario como porcentaje del gasto público es del 13% (unos 297 euros per cápita al año), cuenta con 2,2 médicos por cada 1.000 habitantes y tiene unas 5.500 camas de cuidados intensivos.
Se trata de un país con una sanidad bien financiada, si se atiende al gasto, y con una cobertura del 95%. Sin embargo, en términos de calidad y acceso hay enormes desigualdades entre las diferentes regiones del país y entre los usuarios según su régimen de afiliación, contributivo o subsidiado. La desigualdad se extiende a la dotación de infraestructuras y capacidades médicas en el territorio: por ejemplo, de los 30 departamentos en los que está dividido el país, cinco no cuentan con ninguna cama de cuidados intensivos, y menos del 10% tienen infraestructuras adecuadas. Además, buena parte del país estaba ya haciendo frente a una epidemia de dengue, con más de 27.000 casos hasta mediados de febrero pasado.
Para hacer frente a la situación, el Gobierno adelantó la mitad de los 4,5 billones de pesos que había destinado en su Presupuesto para los hospitales de titularidad pública. Sin embargo, el problema ahora mismo no reside sólo en contar con los recursos para comprar, sino que hay escasez global de suministros. Además, las autoridades locales se han quejado de los problemas de coordinación con el Gobierno central para la compra de los recursos necesarios para combatir la enfermedad.
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Bien es cierto que, por las características de la pandemia, se esperan más casos en las zonas de mayor concentración poblacional, que son las que cuentan con más recursos. Sin embargo, los déficits de cobertura y calidad sanitaria pueden ser una condena para las poblaciones más vulnerables en los departamentos más pobres.
La economía, enferma
Las perspectivas económicas de Colombia para 2020 presagiaban la desaceleración de la economía por el bajo precio del petróleo. Otro concepto indispensable para la economía del país son las remesas que alientan el consumo interno, y que en 2019 alcanzaron los 7.000 millones de dólares.
Aunque Colombia no sufriera el peor escenario epidemiológico, su economía sufrirá enormemente por la crisis internacional. Se esperaba un crecimiento del 3,3%, en 2020, pero con el impacto de la pandemia muchos analistas coinciden en que el PIB caerá entre un 0,4% y un 2,30%. El desempleo, que era del 11,5%, podría ahora llegar hasta el 19%. Además, sólo en el mes de marzo las remesas cayeron a la mitad.
El Gobierno empezó pronto a tomar medidas para afrontar la crisis. El Banco de la República aplicó medidas extraordinarias para dar liquidez al mercado. Asimismo, el Fondo Nacional de Garantías asume el riesgo de los créditos y se han habilitado fondos para financiar al sector agrario y para las pymes. Se ha cambiado el calendario fiscal para retrasar los pagos de impuestos, a lo que se ha sumado más recientemente la decisión de no cobrar a las empresas los pagos de seguridad social, y la asunción, por parte del Estado, de las nóminas de las pequeñas y medianas empresas durante tres meses.
La epidemia social
Al declarase la cuarentena, la única forma de que sea efectiva es que garantice algún ingreso a los que viven de la búsqueda diaria de recursos. En Colombia un 47% de los trabajadores está en la informalidad y un cuarto de la población trabaja en micro-negocios.
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En cuanto a la tasa de pobreza multidimensional, en Colombia es del 19,6%, mientras que la monetaria asciende al 27% siendo especialmente intensa, esto es, superior al 50%, en algunas zonas del país como el Choco, el Guainía o la Guajira.
Con esos datos de contexto, la creación de un sistema de transferencias para sobrellevar la cuarentena era indispensable para garantizar la efectividad de la misma. A través de los sistemas ya existentes para sectores vulnerables (Familias en acción, Colombia mayor y Colombia joven), que cubren a unos 12 millones de personas, se ha otorgado un pago extraordinario. Asimismo, se ha puesto en marcha un ingreso solidario de 160.000 pesos (40 euros, aproximadamente) orientado específicamente a tres millones de familias que no están incluidas en los programas existentes y que el Gobierno ha seleccionado en función de sus datos de Hacienda y del sistema de encuestas para la focalización de ayudas (Sisben).
A estas medidas se le sumarán los programas que han establecido los diferentes entes locales, como es el caso de Bogotá Solidaria, y la devolución del IVA prevista en la última reforma tributaria para un millón de familias de bajos ingresos.
Hay que destacar el sistema de focalización como una innovación muy relevante, y reconocer los sistemas de pago de transferencias existentes. Sin embargo, también hay que advertir que un único pago es claramente insuficiente ante las perspectivas económicas y sanitarias. Además, los programas existentes cubren a unos seis millones de familias, aunque el número de las vulnerables asciende unos 10 millones.
Existe un gran problema adicional: la baja protección de la clase media o de la menos pobre pero vulnerable. En Colombia, el sistema de focalización cuenta con metodologías sofisticadas para la identificación de los beneficiarios, pero el criterio base es la residencia, es decir, que la clasificación se hace por barrios y no por la capacidad económica individual.
En el marco de esta crisis, este rasgo es aún más grave puesto que deja fuera del acceso a las transferencias a personas que son vulnerables sin estar en la pobreza. La clase media va a ser una de las grandes damnificadas por la pérdida de empleos formales e informales y la falta de mecanismos de protección específicos.
El país tiene un bajísimo nivel de ahorro personal y un débil sistema pensional como red de seguridad para las familias. Sólo dos de cada 10 hogares cuentan con ahorros que les permitan cubrir un imprevisto, y sólo un cuarto de la población mayor recibe una pensión.
La financiación de la crisis
El coste de las medidas para paliar la crisis es alto para todos los países y, aunque Colombia es uno de los que mejores condiciones tiene a nivel regional, no será fácil de asumir. Uno de los mayores obstáculos proviene de la reforma fiscal emprendida por el presidente, Iván Duque, a finales de 2019 y que alentó buena parte de la movilización en su contra. Contempla exenciones para las empresas que alcanzan hasta un 6% del PIB, lo cual descapitaliza al Estado y limita su capacidad de acción a través de la política social.
A falta de capacidad fiscal, el Gobierno ha tenido que echar mano de los recursos del sistema general de regalías, unos 3.700 millones de pesos que se vienen ahorrando de los ingresos petroleros desde 2011, y del fondo de las pensiones. Asimismo, se ha solicitado al Fondo Monetario Internacional un crédito de 11.000 millones de dólares. También se trata de socializar el coste de las medidas a través del establecimiento de aportes excepcionales de los empleados públicos que cobren salarios superiores a los 10 millones de pesos (unos 2.360 euros).
Esta disponibilidad de recursos propios es limitada para atender un alargamiento de la crisis y requiere un profundo giro en la política económica y, sobre todo, fiscal del país.
Desafíos adicionales
Durante la cuarentena, ya han sido asesinados nueve líderes sociales, más vulnerables al estar confinados. Además, el Gobierno ha retirado la protección de muchas personas, tal como ha denunciado Amnistía Internacional.
La guerrilla del ELN declaró un alto al fuego durante la crisis, lo que pudiera parecer una buena noticia. Sin embargo, el control a sangre y fuego sobre sus zonas de influencia amenaza los derechos fundamentales de la población.
Otro flanco problemático es la decisión del presidente, siguiendo las instrucciones de EE.UU., de mantener las medidas de fuerza contra la producción de drogas, esto es, la erradicación forzosa de cultivos ilícitos, lo que aumenta la vulnerabilidad de las familias campesinas.
Finalmente, y quizás el mayor desafío, es la gestión de la migración venezolana. Ha sido tal el impacto de la cuarentena sobre los medios de vida de los migrantes de ese país que miles han decidido retornar. De esta forma, mientras se intenta controlar a la población con la cuarentena, miles de personas se desplazan y cruzan la frontera, una situación de enorme riesgo sanitario y de seguridad por las condiciones de los traslados, en muchos casos organizados por mafias.
Colombia se sitúa entre dos países cuya perspectiva ante el Covid-19 es bastante negativa: Ecuador y Venezuela. Ante esta situación, se echan de menos mecanismos regionales de coordinación y respuesta; y, concretamente en el caso andino, a día de hoy parecen imposibles.
La salida inteligente
A pesar de que el país está aún en una situación de crecimiento moderado de la curva, Duque ya ha planteado la necesidad de planificar una salida "inteligente". La urgencia se basa en el sufrimiento de la economía.
El presidente ha sugerido la posibilidad de permitir el retorno al trabajo de la mayoría de los sectores productivos, manteniendo a los adultos mayores en cuarentena un tiempo más prolongado, así como el cierre de colegios y universidades, eventos y concentraciones. Por ahora, de forma prudente, ha ampliado la cuarentena general hasta el 27 de abril.
Colombia requiere plantearse la crisis en el largo plazo, tomando medidas no sólo para sortear el bache, sino como un punto de inflexión para abordar transformaciones fundamentales, como el fortalecimiento fiscal del Estado, la mejora de las herramientas de focalización, la formalización e incentivo al ahorro personal y la implementación real del Acuerdo de Paz.
Duque es un presidente débil. Sin embargo, la situación es tan excepcional que permite el giro de cualquier estrategia y la posibilidad de que cualquier mandatario despunte por su manejo de la crisis.
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