13 de Abril de 2020, 19:57
Al 13 de abril, el sitio oficial del Gobierno de El Salvador reporta 137 casos confirmados: 110 activos, seis fallecidos y 21 recuperados. Y, además de las medidas sugeridas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), a la pandemia también se la combate con inconstitucionalidades, amparos y habeas corpus.
La comunidad jurídica y las organizaciones protectoras de derechos humanos han denunciado detenciones arbitrarias de ciudadanos, la inexistencia de un plan para repatriar a miles de salvadoreños que no pudieron ingresar al país por las restricciones impuestas por el Gobierno y la falta de condiciones de higiene, de cuidado a personas con enfermedades crónicas y de acceso a la información en los centros de contención. En estos recintos se encuentra el mayor número de contagiados.
Hay 115 casos importados de Covid-19. Todos fueron puestos en cuarentena en los lugares acondicionados por el Ministerio de Salud cuando retornaron del extranjero. Los confinados manifiestan que allí se está esparciendo el virus. Los responsables no separan a las personas que están a punto de finalizar su cuarentena de los recién llegados. Tampoco les han realizado pruebas a todos los recluidos. Con la finalidad de persuadir a la población para que se quede en casa, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Rogelio Eduardo Rivas, con la finalidad de persuadir a la población para que se quede en casa, ha dicho que están llevando a los infractores a los centros de contención, "donde pueden sufrir un contagio".
En los centros de contención cumplen cuarentena obligatoria tres grupos de personas: los que vinieron del exterior antes del cierre del aeropuerto, sin importar el país de origen y si había o no una expansión masiva de la Covid-19; los que han sido retenidos (capturados) por incumplir el decreto ejecutivo que obliga a los ciudadanos a no circular por las ciudades; y los deportados, por encontrarse como 'ilegales' en Estados Unidos, que siguen llegando como si la pandemia no existiera.
[Recibe diariamente los análisis de más actualidad en tu correo electrónico o en tu teléfono a través de nuestro canal de Telegram]
Además del distanciamiento social, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, anunció que buscarán los "nexos epidemiológicos". El propósito es detener la cadena de contagios, examinando a quienes tuvieron contacto con los ya infectados. Esta medida intenta atajar la propagación masiva del virus. La idea es mantener a los sospechosos en observación durante cinco días, hacerles pruebas y, si resultan negativas, mandarlos a cumplir cuarentena en su residencia con medidas preventivas para que no contagien a su familia.
Bukele comunica las acciones para contener el virus mediante intervenciones prolongadas en cadenas nacionales. Lo hace acompañado del gabinete de salud ampliado. Sin embargo es él, y no el ministro del ramo, ni el representante de la OMS (que ocupa un espacio en la mesa gubernamental) ni ningún profesional de la salud el que explica las proyecciones y los escenarios de posibles contagios y fallecimientos. Su primer pronóstico fue de 4.620 millones de contagios en el mundo y 46,2 millones de muertos por el coronavirus, "un número equivalente a siete holocaustos nazis juntos".
También ilustra sobre la combinación de medicamentos con los que debe tratarse el virus. Médicos epidemiólogos radicados en el país y en el exterior han ofrecido, reiteradamente, su apoyo para analizar los datos y proponer estrategias que permitan una lucha más eficaz contra la Covid-19. Bukele no responde a esos ofrecimientos. Es más, los rechaza en forma indirecta cuando contrapone sus propios cálculos frente a los escenarios elaborados por institutos especializados en la materia.
El presidente de El Salvador actuó antes que se presentara el primer caso de la enfermedad en el país. El 13 de marzo declaró alerta roja a nivel nacional, mandó custodiar con 2.000 soldados los puntos ciegos en las fronteras por los que estaban entrando personas que pretendían evadir la cuarentena en los centros de contención, y prohibió las aglomeraciones de más de 500 personas, cifra que fue disminuyendo hasta ordenar la cuarentena nacional obligatoria.
En esa misma ocasión, anunció el Plan de Respuesta y Alivio Económico ante la Emergencia Nacional 'Covid-19'. Esta iniciativa comprende, entre otras medidas la suspensión del pago de las cuotas de energía eléctrica, agua, cable, teléfono e internet por tres meses; el congelamiento del cobro de los créditos hipotecarios, personales, tarjetas de crédito, capital e intereses y de pagos de créditos a casas comerciales y de alquileres durante el mismo plazo; la ampliación de la cobertura de los seguros para aquellas personas que tengan problemas en el pago de la prima anual, y la obligación del Instituto Salvadoreño del Seguro Social de cubrir la incapacidad de los trabajadores que se encuentran en cuarentena.
Los beneficiarios del plan son las personas naturales y empresas directamente perjudicados por la pandemia. El Gobierno también solicitó la aprobación de decretos legislativos para autorizar beneficios fiscales. Se amplió el plazo para el pago del impuesto sobre la renta, de hasta 30 días, para empresas del sector turístico que pagan menos de 25.000 dólares y se suspendió la contribución del 5% que paga este sector. Las personas naturales con pagos de hasta 5.000 dólares de impuestos también gozarán del alargamiento del plazo.
El esfuerzo de Bukele por prevenir los contagios se vino abajo con la entrega del Subsidio Covid-19. Se trata de un bono de 300 dólares que recibirán aproximadamente 1,5 millones de personas para solventar las necesidades familiares durante la cuarentena. La estrategia de transferencias directas a la población representará una inversión de 450 millones de dólares para el Estado. El mecanismo de entrega ha sido improvisado, causó la salida multitudinaria de personas a las agencias bancarias y rompió, por completo, con el distanciamiento social promovido por el Gobierno. El día que inició la distribución de la ayuda, la Policía dispersó con gas pimienta la aglomeración de solicitantes.
La pandemia-19 jugó a favor de Bukele. El 9 de febrero, el presidente ordenó militarizar el Órgano Legislativo para presionar a los legisladores a que le aprobaran un crédito orientado a financiar su plan de seguridad. Ese comportamiento autoritario provocó el rechazo unánime de la comunidad internacional. Internamente, motivó la creación de una Comisión ad hoc para investigar la responsabilidad de diversos funcionarios, además de la interpelación del Ministro de la Defensa. El consenso político entre el Ejecutivo y el Legislativo se restableció a marchas forzadas. Desde la alerta roja por la pandemia, los diputados han aprobado 37 decretos con medidas económicas, sanitarias y de seguridad para atender la emergencia. La suspensión de garantías constitucionales y la autorización para la emisión de deuda por 2.000 millones de dólares, provocaron enconadas discusiones entre los partidos y el presidente. A pesar de los reclamos de varios legisladores, y no obstante el episodio ocurrido el 9F, las peticiones obtuvieron el aval legislativo.
El diálogo con las gremiales del sector privado ha sido más complicado. Los empresarios reclaman a Bukele la falta de incentivos para evitar una plaga mayor cuando termine la pandemia: la quiebra de los negocios y el desempleo. El Gobierno ha ordenado el cierre de todas las empresas con excepción de las industrias que prestan servicios esenciales. La Asamblea Legislativa constituyó una Comisión en la que participan las asociaciones empresariales. Esa instancia vigilará el uso de la deuda de 2.000 millones de dólares y propondrá medidas económicas para paliar los efectos de la pandemia. Bukele juramentó a los miembros de la Comisión a sabiendas de que se trata de una mesa impuesta que no cuenta con su beneplácito. Los empresarios temen que el resultado de su trabajo en ese espacio sea ignorado. También reprochan la actitud del presidente por ordenar el cierre de dos empresas sin motivo alguno. En una cadena nacional, dijo que los snacks y las camisetas de Mickey no son importantes en este momento. Una de las empresas amaneció rodeada de militares una semana después del mandato.
La Asamblea Legislativa aprobó la suspensión de ciertas garantías constitucionales por 15 días a petición de Bukele. Los ciudadanos no pueden transitar libremente, les está prohibido celebrar reuniones y deben ceder al cambio obligatorio de domicilio. El plazo fue prorrogado por 15 días más. Este tipo de concesiones ha sido solicitado por la mayoría de gobernantes alrededor del mundo para afrontar la pandemia. Los estados de excepción, toques de queda y la militarización de barrios y colonias, propios de sistemas totalitarios, se suceden ahora en democracias consideradas como plenas y consolidadas. El uso que los mandatarios hagan de estos poderes extraordinarios será la variable que distinga a cada uno de los casos.
Varias iniciativas de Bukele, consideradas como abusos de autoridad y contrarias a la Constitución, han sido denunciadas ante las instancias de control político. La Sala de lo Constitucional, el Instituto de Acceso a la Información Pública y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos han resuelto a favor de los peticionarios. La captura de ciudadanos que incumplen la cuarentena sin una ley que la respalde, los reclamos de las personas a las que se les han realizado pruebas en los centros de contención y no se les informa sobre los resultados, la pasividad del Gobierno ante la solicitud de los salvadoreños que desean regresar al país y la poca transparencia con la que se están administrando los fondos de emergencia son algunos de los efectos colaterales de la pandemia. En El Salvador, la Covid-19 parece haber apostado por contagiar al Estado de derecho.
**
Contra la pandemia, información y análisis de calidad
Colabora con una aportación económica
