3 de Abril de 2020, 20:23
El 27 de febrero se detectó el primer caso de coronavirus en Ecuador; 15 días después, el presidente, Lenín Moreno, declaró la emergencia sanitaria y, acto seguido, decretó el estado de excepción en todo el territorio. Desde el 16 de marzo, la nación se encuentra en pausa: se han suspendido todas las actividades presenciales, salvo aquellas relacionadas con los servicios de salud, producción y provisión de bienes de primera necesidad; se ha impuesto un toque de queda desde las 14.00 hasta las 05.00 horas; se han cerrado las fronteras; se ha restringido al máximo la movilidad interna, y se ha establecido una zona especial de seguridad en la provincia del Guayas, epicentro de la pandemia. Aun así, el virus avanza y el número de casos aumenta: el primero de abril, el país cerraba con 2.748 contagiados y 93 fallecidos, convirtiéndose en segundo país latinoamericano con mayor número de muertes por esta causa.
Ante esta situación, el Gobierno ha mantenido un discurso bastante escueto, limitándose a afirmar que el país se encuentra preparado para afrontar la pandemia, solicitar a la ciudadanía que se quede en casa, denunciar campañas de desinformación orquestadas por el correísmo y evitar cualquier tipo de confrontación directa con la oposición, autoridades locales y otros actores políticos.
Sin embargo, es evidente que la embestida del coronavirus ha pillado al país desprevenido y sin los recursos necesarios. La adquisición, en el último momento, de las pruebas para detectar la presencia del virus y su centralización en las tres mayores ciudades del país, la escasez de insumos para el personal sanitario (trajes, mascarillas, guantes, etcétera), la falta de espacios adecuados en las casas de salud, las declaraciones cruzadas entre funcionarios de alto rango sobre la gestión de la pandemia y, en la última semana, el colapso del sistema funerario de Guayaquil dan cuenta de ello.
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A esto deben sumarse transgresiones al Estado de derecho protagonizadas por autoridades locales y denuncias de corrupción que implican a altos funcionarios que no han recibido sanción o censura pública alguna por parte del primer mandatario. Entre las primeras, la más llamativa fue el bloqueo de la pista del aeropuerto internacional de Guayaquil, para evitar el aterrizaje de un vuelo procedente de Europa, ordenado la alcaldesa de la ciudad. Entre las segundas, las más graves son la denuncia de un contrato con sobreprecios para la compra de mascarillas (a 12 dólares la unidad) a una empresa fantasma por parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), y el milagroso hallazgo, en una sala abandonada de un hospital público de Guayaquil, de 100 respiradores mecánicos de los cuales nadie tenía registro. Estos acontecimientos evidencian la poca capacidad del Ejecutivo para gestionar o controlar cualquier crisis y, en consecuencia, resta credibilidad al manejo de la emergencia sanitaria.
Mientras Moreno se limita a felicitar por Twitter la actuación de las máximas autoridades del IESS y del Ministerio de Salud por su disposición a investigar las irregularidades, delegando la comunicación de todo lo relacionado con la pandemia al vicepresidente (Otto Sonnenholzner) y a sus ministros, datos del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos indican que, de cada 100 pruebas realizadas para detectar la presencia de coronavirus, 54 son positivas. Y en Guayaquil, gran protagonista de la pandemia, los familiares de personas que han fallecido en casa, ya sea por coronavirus o cualquier otra causa, deben esperar entre 48 y 72 horas para que los servicios públicos pertinentes puedan retirar los cuerpos y llevarlos al cementerio. Así el país observa cómo, poco a poco, colapsan no sólo el sistema sanitario, sino también todos los servicios relacionados con él.
De acuerdo con las proyecciones realizadas por expertos, para evitar dicho colapso y aplanar la curva, Ecuador debería mantener las medidas de aislamiento social hasta mediados del mes de mayo. Inicialmente, la suspensión de la jornada presencial de trabajo debiera caducar el próximo 4 de abril, pero el Gobierno la ha extendido hasta el 12. Sin embargo, el alto número de infracciones a las medidas dictadas por el Ejecutivo dan cuenta de las dificultades que tiene un importante sector de la población para hacer frente a la crisis desde casa.
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Estas dificultades, relacionadas con situaciones de vulnerabilidad (empleo informal, vivienda inadecuada, violencia, etc.) se han hecho más evidentes en Guayaquil (capital de la provincia del Guayas), donde se concentra el 70% de los casos positivos de Covid-19. Según datos del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos para 2018 y 2019, la ciudad cobija casi al 25% de los ecuatorianos, tiene un índice de pobreza del 14% y una tasa de empleo 'inadecuado' que afecta al 45% de los trabajadores.
Como una forma de paliar la situación de quienes viven al día pero deben quedarse en casa, el oficialismo ha anunciado la emisión de un bono por valor de 60 dólares que beneficiará a unas 400.000 personas, trabajadores por cuenta propia y que se encuentran bajo el umbral de la pobreza.
Sin embargo, no es sólo el sector informal de la economía el que afronta dificultades para cumplir con las medidas de aislamiento social: de acuerdo con una encuesta de la Cámara de Comercio de Guayaquil y compartida por el diario El Universo, sólo las grandes empresas estarían en capacidad de mantener sus operaciones por uno o dos meses más sin quebrar. De acuerdo con declaraciones del vicepresidente, la pandemia costará al país alrededor de dos puntos del Producto Interior Bruto.
Ecuador atraviesa por una situación seria de déficit fiscal a causa de unos excesivos gasto público y sobre-endeudamiento, que se agrava por la caída de los precios del petróleo y un riesgo país que supera los 2.000 puntos básicos desde el mes de febrero. Días antes de la declaración de emergencia sanitaria, el 10 de marzo, el presidente anunció un paquete de medidas con las que se esperaba recaudar algo más de 2.000 millones de dólares. No obstante, éste quedó postergado y el Gobierno ha tenido que recurrir a préstamos de organismos multilaterales para hacer frente a la pandemia. Por su parte, la Asamblea Nacional emitió el 24 de marzo una resolución, aprobada por amplia mayoría, solicitando al Ejecutivo renegociar la deuda externa y priorizar el financiamiento del sistema de salud frente al pago de sus obligaciones.
Con este panorama, la declaración del estado de excepción y la militarización de la provincia del Guayas no deben entenderse sólo como una medida de facto para obligar a la ciudadanía a quedarse en casa, sino también como una muestra de la fragilidad institucional que caracteriza al sistema político ecuatoriano. Así, ante la escasa capacidad política del Ejecutivo para gestionar la crisis entre los distintos niveles de gobierno, la precariedad del sistema de salud pública (y del sistema funerario), la raigambre de la corrupción y la situación económica, la Administración parece no haber tenido otro camino que el de la disuasión, amenazando con el uso de la fuerza, para intentar frenar la expansión de la pandemia. De momento, la única certeza es que el éxito o el fracaso de la estrategia decidirá, en gran medida, el desarrollo de la campaña electoral para las generales de febrero de 2021 porque, aun cuando la mayor parte de fuerzas políticas de momento respalden la gestión de la emergencia sanitaria, es probable que empiecen a ver en esta crisis una oportunidad.
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