La llegada del Covid-19 a Paraguay planteó la necesidad de dar respuesta inmediata a una situación de emergencia para la cual el Estado no está preparado. La rápida propagación del virus está sobrepasando las capacidades de respuesta de los sistemas de salud a nivel global, por lo que un sistema marcadamente débil como el paraguayo parte de una posición frágil ante este desafío. Pero la temprana decisión del Gobierno paraguayo de implementar medidas para mitigar la propagación ha sido una decisión que hasta el momento parece haber sido exitosa.
Tras confirmarse el primer caso de infección en el país el 7 de marzo, el objetivo inmediato fue el de aplanar la curva de contagio del virus. Una resolución emitida por el Ministerio de Salud Pública tres días más tarde estableció la primera serie de medidas preventivas, que incluían la suspensión de eventos de concurrencia masiva, de actividades en lugares cerrados y de clases en todos los niveles de enseñanza. El 20 de marzo se decretó el aislamiento total durante una semana y cuarentena hasta el 12 de abril, lo que a su vez supuso la suspensión de actividades sociales, la limitación de la actividad laboral a los sectores proveedores de bienes y servicios de alta necesidad, así como el cierre de las fronteras. La labor del ministro de Salud Julio Mazzoleni fue clave para impulsar estas medidas con la urgencia que requerían.
También se promulgó la Ley 6524/2020, que permite al Poder Ejecutivo realizar un préstamo de hasta 1.600 millones de dólares para financiar sus acciones. Tras su promulgación, al finalizar la primera semana de aislamiento el Gobierno anunció la flexibilización de las medidas preventivas para retomar las actividades laborales en todos los sectores. Con miras a la reactivación de la economía, el Ejecutivo planteó esta decisión tras la presión de sectores empresariales, que venían argumentando la necesidad de reanudar las actividades productivas. Este anuncio, realizado el 27 de marzo, alarmó a los gremios de médicos (y a la ciudadanía en general), quienes advirtieron que una relajación en las medidas de aislamiento echaría por tierra los esfuerzos de contención contra la expansión del virus. El 28 de marzo por la mañana se resolvió mantener el aislamiento total hasta el 12 de abril, privilegiando una estrategia de atención a la salud.
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Una vía de acción distinta hubiera resultado trágica dada la limitada capacidad del sistema de salud paraguayo para atender a pacientes que necesiten atención especializada. El país 'recibió' al 'Covid-19' con sólo 20 camas de terapia intensiva equipadas con los respiradores necesarios para quienes los requieran. En todo el país se cuenta con apenas 775 camas de terapia intensiva y 110 profesionales médicos terapistas para una población aproximada de siete millones de habitantes, por lo que un aumento repentino en el número de infectados colapsaría el sistema. Paraguay se encuentra también saliendo de una epidemia de dengue que generó desgastes en el sistema de salud, habiéndose registrado 177.104 casos notificados y 53 fallecidos durante los últimos meses.
La situación de emergencia decretada por la pandemia requirió la activación de mecanismos de coordinación inter-institucional con una celeridad que resulta poco habitual en la experiencia política paraguaya, involucrando a las distintas carteras del Poder Ejecutivo y a autoridades departamentales y municipales. De acuerdo con la Agencia de Información Paraguaya, por influencia del Ministerio de Salud se establecieron precios referenciales de insumos sanitarios, se dispuso la inversión en equipos por valor de 530.000 millones de guaraníes (unos 50 millones de euros), la contratación de 2.700 nuevos funcionarios de blanco y la construcción de dos hospitales modulares de contingencia para pacientes enfermos de Covid-19, en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
A las medidas sanitarias preventivas se sumaron medidas económicas paliativas. Se redujo el pago de aranceles para la importación de bienes de capital, de insumos médicos y farmacéuticos, se prorrogó el pago de servicios públicos y de impuestos sin recargos, se impulsó el comercio electrónico, se dispuso de fondos para el apoyo a pequeñas y medianas empresas, así como para la reconversión de operaciones del sector productivo. El Banco Central del Paraguay redujo la tasa de interés de política monetaria, dispuso la disminución temporal del encaje legal para la refinanciación de todos los sectores económicos y mecanismos de refinanciamiento hasta finales de año, entre otras líneas de acción.
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Las medidas económicas, no obstante, resultan insuficientes si se tiene en cuenta a la población en situación de pobreza y el débil sistema de protección social que caracteriza al país. Con miras a proteger las disminuidas capacidades de consumo de la población, el Gabinete Social de la Presidencia de la República ha puesto en marcha el programa de asistencia alimentaria 'Ñangareko', que consiste en transferencias monetarias para la compra de alimentos. Este programa complementa la asistencia del programa de transferencias condicionadas 'Tekoporã' y el programa 'Pensión Alimentaria a Adultos Mayores', cuyos pagos serán adelantados y ampliados.
Los sectores de ingresos medios y bajos son particularmente vulnerables a los efectos de la pandemia sobre el mercado laboral. Si bien el Ministerio de Trabajo ha prohibido la suspensión de actividades laborales sin goce de sueldo y ha establecido multas para los empleadores que no abonen salarios durante este periodo, en las primeras semanas de aislamiento se registraron 1.500 contratos dados de baja en el Instituto de Previsión Social y 600 denuncias de despidos injustificados. A su vez, se estima que la cuarentena ha afectado hasta el momento a 1,7 millones de trabajadores informales, vinculados principalmente a los rubros de la construcción y el comercio.
Los efectos desiguales de la pandemia también son perceptibles en las medidas punitivas implementadas dentro del esquema de promoción del aislamiento social. Se ha dispuesto que la Policía Nacional tenga la facultad de sancionar a quienes no cumplan con el aislamiento, pero se han cometido excesos como humillaciones y torturas que se concentran en personas de escasos recursos. Esta manera de actuar se condice con la retórica utilizada por el ministro del Interior, Euclides Acevedo, y es alentada por parte de la población paraguaya entre la que persisten valores autoritarios, aludiendo a la emergencia sanitaria como justificación para la violación de derechos.
La situación de emergencia generada por la llegada del Covid-19 resalta las múltiples debilidades del Estado paraguayo para proteger a la población. La suspensión de clases presenciales en todos los niveles de educación pone el foco sobre la brecha digital existente y la desigual posibilidad de continuar con los programas académicos de manera remota. El pretendido regreso al país de migrantes paraguayos afectados por la pandemia en sus lugares de residencia plantean el desafío de su repatriación. Estos retos se suman a los propios vinculados a la mitigación de la pandemia, en tanto la capacidad de realizar tests que proporcionen un panorama más preciso sobre la propagación del virus todavía es limitada y el equipamiento necesario para proteger al personal médico del contagio es insuficiente. La inseguridad laboral entre los profesionales de la salud también coarta su libertad para expresar reclamos que pueden ser significativos en este momento.
Por otra parte, el contexto de cuarentena abre una ventana de oportunidad para la inclusión en la agenda de debate político de problemas estructurales que no suelen ser politizados efectivamente. Uno tiene que ver con las propias capacidades estatales para dar respuesta a las necesidades sanitarias y de protección social de la población paraguaya, cuyo acceso ha estado mediado históricamente por vínculos políticos en un contexto de debilidad sistémica. Ese problema se relaciona, a su vez, con la limitada capacidad del Estado para recaudar los fondos necesarios para implementar políticas sociales eficientes y estables, lo que centra la atención en la cualidad eminentemente regresiva del sistema tributario del país.
Finalmente, ha cobrado protagonismo el debate acerca del esquema de gastos en la Administración. Se ha puesto el énfasis en la falta de racionalidad en la distribución de sueldos y beneficios de los funcionarios públicos, lo que ha incidido en la prórroga en el pago de salarios en distintas dependencias del Estado y su redireccionamiento hacia el sistema de salud. El acceso a puestos de trabajo en el sector público paraguayo responde tradicionalmente a cuotas de poder político, por lo que la presión que la ciudadanía pueda ejercer sobre este punto, junto a sectores políticos no tradicionales, puede ser determinante para una eventual reforma estatal.
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