1 de Abril de 2020, 20:37
Las medidas restrictivas (cierre de comercios y escuelas, confinamiento de los trabajadores, limitaciones a la libertad ambulatoria) están tratando de aplanar la curva epidémica. Buscan reducir el contagio del enemigo invisible y ganar tiempo para el tratamiento de los casos positivos, sin colapsar entretanto los servicios sanitarios. Pero la economía va detrás. Las medidas restrictivas detienen la actividad y generan efectos adversos sobre empleo y rentas, que a buen seguro están siendo muy intensos pero, ojalá, se revelen transitorios.
En momentos de máxima incertidumbre, las familias elevan su ahorro precautorio y gastan sólo en lo imprescindible, recortando al máximo el consumo. No se trata sólo de que hayan dejado de viajar, ir al cine o a cenar. Tampoco que los trabajadores temporales no vean renovados sus contratos o se vean inmersos en un despido o un Erte, o que los autónomos sufran una cancelación de eventos o pedidos. Es que incluso los indefinidos cuyo empleo no ha zarandeado aún la crisis cortan el consumo de raíz por temor, por un escenario de incertidumbre total sobre si las medidas restrictivas van o no a ser eficaces, cuándo se van a levantar o qué situación económica vamos a encontrarnos después. Por todo ello, está claro que el consumo privado, que es el principal rubro de la economía (57,6% del PIB, 717.000 millones en 2019), tiene capacidad para hundir la actividad en la parte recesiva y lastrar con posterioridad la recuperación.
El problema está en que la reacción fiscal y monetaria a una crisis choca con una limitación: no tiene magnitud suficiente para compensar la intensa contracción del gasto privado. Por muchos miles de millones que los gobiernos y bancos centrales hayan anunciado en la última quincena, no pueden contrarrestar la caída del consumo sino, todo lo más, acolcharla. Lo ideal sería sortear esta limitación con tipos de interés negativos en un estímulo fiscal, esto es: que las transferencias de recursos a los hogares pierdan valor si éstos los guardan.
Esto se puede conseguir, en teoría, con burning money. El BM sería una tarjeta prepagada enviada a las familias con la esencial cualidad de que su saldo caduca, con la idea de estimular el consumo a corto plazo. Sería un one-off con el importe que las autoridades pudieran comprometer. Las familias reciben una tarjeta en casa y pueden gastarla en lo que quieran. Si no lo hacen, su saldo desaparece.
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Los beneficios de esta política son obvios. Primero, sigue las 3T recomendables de los estímulos en respuesta a una crisis: timely, targeted, temporary. Y segundo, con los tipos de interés negativos, el BM augura mayor impacto que otras transferencias convencionales.
La tarjeta prepagada podría tener una caducidad fija (o lo gastas este trimestre o desaparece) o paulatina (por ejemplo, el saldo decrece un 20% al mes, esto es, impone un tipo de interés del -20% mensual). La condición podría no ser temporal, sino situacional: por ejemplo, la tarjeta no caduca mientras sigas en el paro o inmerso en un Erte (o se recibe una tarjeta cada mes mientras dure esta circunstancia).
En teoría, el envío de las tarjetas podría hacerse ahora, para que el consumo aguante un poco más en la fase recesiva, o con posterioridad, para que lidere o ayude a sostener la recuperación. Con casi todos los comercios cerrados, el BM tiene más sentido tras el fin de las medidas restrictivas. Al igual que en la caída, al principio de la recuperación la medida aprovecharía multiplicadores mayores a lo que es habitual, generando un mayor impacto que en periodos de normalidad.
El BM tiene sentido para hogares, pero no para empresas (los autónomos individuales se consideran hogares a estos efectos). Ello se debe a diversas razones. Primero, un BM a hogares ya beneficia directamente a las empresas, pues activa la adquisición de bienes o servicios producidos por ellas. Segundo, las empresas utilizan habitualmente líneas de crédito de las entidades bancarias y los hogares no; y, dada la avalancha de líneas de liquidez anunciadas, cabe presumir que los hogares están por ahora menos asistidos. Y tercero, el proceso de inversión empresarial busca retornos a medio plazo y el horizonte de decisión de la inversión es más largo que el del consumo. Meter prisa a las compañías para que realicen inversiones antes de una fecha puede generar ineficiencias en la asignación de recursos (inversiones apresuradas y poco pensadas). Además, no está claro el tipo de ventaja que le estás ofreciendo a una empresa integrada en una cadena de valor que se encuentra transitoriamente bloqueada.
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Uno de los problemas es que no consiga incentivar consumo adicional. Ciertamente, un BM aspira a reducir el ahorro precautorio, pues de otra manera no estimulará el consumo. Si un receptor usa la tarjeta en compras que de todas formas haría (por ejemplo, en bienes de primera necesidad), entonces ha mantenido su ahorro precautorio por otros medios: gracias a la tarjeta. Esta limitación necesita contextualizarse: en puridad, éste es el principal problema de cualquier política en que se transfieran recursos a los hogares, que éstos puedan guardar en lugar de gastar. Pero es probable que el BM eleve el consumo de los hogares con mayor restricción de liquidez. O puesto a la inversa: si consigues llegar a los hogares con mayor iliquidez, la probabilidad de que usen la tarjeta es elevada. Por ello, las transferencias como política anti-crisis no deberían hacerse across the board, sino que dirigirse a los hogares con mayor tensión de liquidez. El BM también, con la diferencia de que, por sus tipos de interés negativos, será más eficaz que las transferencias convencionales.
En definitiva, el BM es una idea innovadora que merece la pena ensayar. Sus opciones de diseño son variadas y hay que estudiarlas mejor, pero sin perder de vista la idea general: es posible, viable y deseable implementar política fiscal con tipos de interés negativos, que induzca a los ciudadanos a activar su consumo en respuesta a un incentivo monetario claro, simple y eficaz: o me lo gasto o lo pierdo.
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