Los problemas de las residencias

Los servicios a la dependencia están financiados y gestionados por comunidades autónomas y entes locales, que tradicionalmente han desplegado servicios con un objetivo asistencialista, siendo residuales en el presupuesto público. No obstante, ya desde los 90s ha habido una creciente expansión del parque residencial, tanto público como privado. La llegada de la Ley de Dependencia de 2006, que hizo del cuidado a largo plazo un derecho subjetivo y supuso el acceso de la clase media al sistema público, ha acelerado este proceso a pesar de los recortes tras la crisis económica de 2008. España ha experimentado así uno de los mayores crecimientos en la Unión Europa. Si en 2005, en España, había cerca de 20 plazas por cada 1.000 habitantes de más de 65 años, en 2015 se alcanzaron casi las 45, alejándonos de las bajas cifras de Italia, con menos de 20, y acercándonos a niveles de otros países como Francia, con cerca de 50, si bien lejos de las 60 de Suecia o las 70 de Bélgica.

Ahora bien, el incremento del parque residencial no ha venido de la mano de una gran inversión pública. Si en 2010 España gastaba un 0,46% del Producto Interior Bruto (PIB) en un parque de 30 plazas por cada 1.000 habitantes mayores de 65 años, países como Francia o Dinamarca dedicaban, respectivamente, el 1,38% y el 1,14% de sus PIB con una cobertura de 50 plazas.
   
En un contexto de límite a la expansión de la financiación pública, la principal estrategia de las administraciones públicas ha sido expandir servicios públicos mediante la creación de mercados (ahí donde fuera posible) que puedan generar beneficios y atraer capital privado. Aumentar el parque residencial privado y externalizar la gestión del público ha servido tanto los intereses de la Administración, que ha podido expandir servicios sin tener que crear empleos públicos de calidad, como los de diferentes actores privados, que no pueden ofrecer servicios residenciales sin el apoyo de lo público, servicios que también pueden dar provechosas rentas inmobiliarias. Si en los años 90 salieron beneficiadas las grandes cadenas de servicios residenciales y los centros sanitarios privados obsoletos que buscaban reconvertirse, actualmente el protagonismo lo tienen más los actores internacionales. Como ocurre en el mercado sanitario privado, se está produciendo una concentración de mercado alrededor de multinacionales y fondos de inversión internacionales, tanto en residencias públicas como privadas. Y España es sólo una pieza más de un fenómeno que está sucediendo en el resto de Europa, incluidos los países nórdicos. En el capitalismo financiero, se deja a un colectivo vulnerable en manos de quien necesita explotar rentas a muy corto plazo.

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El pastel que tiene para repartirse el capital internacional es apetitoso, como nos demuestra el caso de Barcelona. En 2016, el sector mercantil gestionaba un 75% del total de plazas residenciales, públicas y privadas, mientras que el tercer sector se encargaba de cerca de un 10%. La gestión pública directa representa sólo un 1%. En cuanto al tipo de proveedor mercantil, un 40% de plazas públicas estaba gestionado por empresas grandes y multinacionales, incluyendo la adquisición de contratos de gestión de residencias públicas en los últimos años. Los datos de centros de día y cuidados a domicilio, no expuestos aquí, muestran resultados similares.
   
Si bien el sector residencial que ha impulsado la administración pública crea facilidades para la acumulación de capital, tiene problemas estructurales para hacer frente tanto a la crisis que ha generado la Covid-19 como a las demandas de familiares y trabajadores por una mejora de la calidad; que llevan reclamando al menos desde la crisis de 2008.

Antes que nada, hay un problema de riesgo moral cuando hay entidades que aceptan gestionar servicios públicos de escasa financiación, sobre todo cuando no pueden complementar con ingresos de los clientes más acaudalados. Para obtener beneficios y sobrevivir en el mercado, tanto la iniciativa mercantil como el tercer sector ofrecen salarios de miseria, jornadas maratonianas y contratos temporales. Esto crea efectos perversos. Las entidades mercantiles en Barcelona aumentaron sus beneficios en más de un 20% entre 2009 y 2014, al tiempo que reducían un 13% el gasto por hora en personal (según los datos de la ‘Estadística econòmica dels centres i les entitats de serveis socials’ del Idescat, calculado con precios constantes de la provincia de Barcelona en 2011).



En segundo lugar, no se está invirtiendo en inspección y control, lo que dificulta castigar a quien no cumple con lo estipulado en el contrato. Antes de la llegada del Ejército a las residencias a causa del Covid-19, un caso reciente con OHL revelaba serios problemas del sistema. Esta multinacional ganó varios contratos entre 2015 y 2016 haciendo propuestas técnicas perfectas: yendo en contra de la tesis de que este tipo de entidades ganan básicamente por sus precios más bajos, OHL ofreció un servicio más caro incluso que algunas entidades del tercer sector. Al cabo de poco tiempo, familiares de estas residencias se organizaron para denunciar recortes de personal y maltrato hacia sus mayores, pero la Generalitat sólo dio término a los contratos de los cinco centros cuando se produjo un brote de sarna en una de ellas.

Pero es que, además de esta falta de control, lo más preocupante es que OHL volvió a ganar el contrato de una residencia pública en 2019, lo que nos lleva al tercer problema estructural: la Administración no tiene sistemas coordinados de información, ni la capacidad para discriminar y expulsar de futuras contrataciones a entidades sancionadas.

El cuarto problema es que, aun con inspección, es difícil rescindir el contrato del proveedor de quien se 'porta mal' y cambiar a un proveedor mejor; y éste es un aspecto muy importante sobre las consecuencias de una mala gestión tras la Covid-19. Estas dificultades se deben tanto a la prevención de la administración pública como a la falta de proveedores de calidad. Por una parte, no quiere hacer sufrir a la gente mayor con cambios de gestión o traslados de residencia. Por otra, no hay un gran número de proveedores alternativos de calidad para hacer frente a las enormes necesidades públicas, tanto por la concentración de mercado como por la expulsión que este sistema de externalizaciones produce entre los actores más involucrados socialmente. Actores privados que pueden primar valores distintos del lucro, como el tercer sector, cooperativas e incluso empresas pequeñas especializadas en ofrecer calidad tienen dificultades para presentarse a una contratación pública de presupuestos cada vez mayores y pliegos técnicos más complejos, sostener servicios de calidad en un contexto de tarifas públicas y privadas bajas y tener la liquidez suficiente para hacer frente a impagos de familiares y administraciones públicas.

Además, la involucración social y la protección de las trabajadoras y trabajadores se ve desplazado por la necesidad de ser eficientes a la hora de satisfacer los indicadores de calidad estandarizados que impone el Estado. Por ello, en el tercer sector también ha habido una tendencia a la concentración alrededor de un grupo pequeño de entidades que, de esta manera, han podido aumentar su músculo financiero y eficiencia, pero con problemas para mejorar la situación de sus profesionales o innovar en técnicas que mejoren el servicio público.
En resumen, la mercantilización del sistema de provisión pública residencial ha permitido la expansión de la cobertura a costa de servicios de baja calidad, de condiciones laborales muy precarias y con poca financiación para controlar y crear sistemas de coordinación, dejando así un sistema extremadamente vulnerable ante la magnitud de una crisis como la Covid-19.

Si bien la promesa de la externalización de servicios públicos era poner al cliente en el centro y reducir burocracia, lo que tenemos es más un modelo en el que familias y trabajadores tienen muy poca incidencia en un sistema complejo, de escasa coordinación y donde es difícil atribuir responsabilidades directas: lo público no tiene capacidad para controlar ni financiar calidad tanto en residencias privadas como públicas; los actores privados han de seguir necesariamente una lógica de acumulación de capital, a la vez que los márgenes se hacen más pequeños y el capital internacional entra con fuerza; y las plantillas están sobrecargadas, mal pagadas y sin formación. Para mejorar la calidad y las condiciones laborales de los servicios, hace falta democratizar su provisión mediante la disminución de la complejidad de la provisión pública, establecer responsabilidades claras, poner el trabajo del cuidado en el centro, aumentar la financiación pública y 'desmercantilizar' un sector que cada vez más será presa de un capitalismo financiero voraz.