El sábado pasado, el Gobierno decidió el endurecimiento de las medidas del estado de alarma, autorizando sólo las consideradas esenciales. Esto significa paralizar la industria, la construcción y las fábricas y mantener la actividad solamente tres sectores: el sector para la alimentación de la población, el textil para la protección del personal sanitario y el químico para el suministro de fármacos.
En la gestión de la crisis del 'Covid-19' afrontamos un dilema, de forma que cuanto más extendamos las medidas de distanciamiento social para proteger la salud, más ahondaremos en la depresión de la economía. Hasta alcanzar el pico de contagios, tiene todo el sentido insistir en el mantenimiento de un confinamiento muy estricto para priorizar la protección de la salud y contener la saturación de las unidades de Cuidados Intensivos (UCI). Pero a partir de ese punto, existen medidas que logran lo mismo (proteger a los más vulnerables) a menor coste social y económico. Me explico.
Dos cosas que vamos sabiendo a medida que avanza la crisis sanitaria es que la letalidad del Covid-19 (i) es de alrededor del 1% y (ii) está muy desigualmente distribuida entre los diferentes grupos de edad. A pesar de que aún no tenemos la vacuna, con base en los datos consolidados a las 21.00 horas de este domingo pasado, en España no ha muerto ningún menor de 10 años a consecuencia del virus. Si lo ampliamos hasta los 20 años, hay un fallecido. Más del 85% de las muertes se concentran en el grupo de edad de 70 y más.
Éste es un patrón que encontramos también en Islandia, Corea del Sur, Wuhan y el crucero 'Diamond Princess'. Esto es relevante porque abre la oportunidad de ensayar políticas distintas con distintos grupos de población para el periodo de tiempo, que puede prolongarse varios meses, entre que alcancemos el pico de contagios y llegue la vacuna.
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Uno de los debates clásicos en el ámbito de las políticas públicas es el de universalismo frente a focalización. Las políticas universales son aquéllas que alcanzan a toda la población, como por ejemplo la educación hasta los 16 años. Las focalizadas son políticas más quirúrgicas, donde el acceso queda restringido a la población que lo necesita, como por ejemplo las que garantizan unos ingresos mínimos a la población en riesgo de pobreza.
Los países han decidido luchar contra el coronavirus adoptando una política universal de confinamiento para toda la población. La idea es que limitar el contacto entre todas las personas es la forma más eficaz de reducir la velocidad del contagio y evitar el colapso de las UCI. Sin embargo, esta política de cuarentena universal adolece de dos problemas.
Problemas del confinamiento universal
El primero es que, al no discriminar por grupos de edad, una política de confinamiento universal puede estar perjudicando, no favoreciendo, la protección de la salud de la población más vulnerable. En un trabajo publicado el 20 de marzo, dos economistas alemanes encuentran que la letalidad del Covid-19 es mayor en países donde distintas generaciones comparten un mismo techo. Su conclusión, en forma de recomendación de políticas públicas, es que "las medidas de distanciamiento social deben focalizarse en los mayores".
El segundo problema del confinamiento universal es su coste de oportunidad. Decretar un parón económico casi total supone destinar una cantidad enorme de recursos destinada a paliar los efectos económico-laborales derivados del parón; recursos que en un escenario alternativo podrían emplearse, por ejemplo, para ofrecer una vivienda independiente y mejorar la atención sanitaria de los grupos más vulnerables. Un euro que se dedica a un ingreso mínimo de emergencia es un euro que no se dedica a reforzar las UCI.
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Tres dudas (y tres respuestas) en torno al confinamiento selectivo
Si la letalidad del Covid-19 es muy desigual entre los distintos grupos de edad y el confinamiento universal adolece de algunos problemas, ¿por qué no focalizar las medidas de distanciamiento en los más vulnerables? Destacan tres razones.
La primera es que universalizar la cuarentena es una forma de extender el escudo de protección a los trabajadores más vulnerables. Si dejamos al margen a quienes se emplean en servicios esenciales como los médicos, en una pandemia hay dos grupos de trabajadores: aquéllos que pueden seguir haciéndolo desde casa y aquéllos que no tienen esa opción. Normalmente, los primeros explotan conocimiento y disfrutan de sueldos más elevados, así que extender universalmente la cuarentena es una forma de proteger a la clase trabajadora.
La segunda es que confinar únicamente a los mayores de 70 es inaceptable en términos éticos, porque es una política que atenta contra la dignidad de los mayores. La dignidad es un atributo que no se pierde con el paso de los años y (continúa la objeción) ésta es una política incompatible con la igual dignidad de todas las personas, tengan la edad que tengan.
La tercera es que focalizar el confinamiento en los mayores podría disparar los contagios y colapsar las UCI. Si permitimos que la gente en edad de trabajar siga haciendo una vida más o menos normal y adquiera la inmunidad, eso podría provocar un repunte en la velocidad de contagio y devolvernos a la situación anterior a que se decretara la cuarentena. Todo lo hecho hasta ahora no habría valido para nada y, además, tendríamos un personal sanitario exhausto para afrontar el repunte de casos.
Son dudas razonables, pero creo que todas tienen respuesta.
En el primer caso, se trata de ponderar los perjuicios provocados por un eventual contagio y los causados por una depresión económica enorme. Como decíamos, la posibilidad de trabajar desde casa no está homogéneamente repartida entre los grupos de ingresos, por lo que deberíamos esperar que la crisis económica provocada por la crisis sanitaria golpee especialmente a la clase trabajadora. Según un artículo publicado por The New York Times el pasado 26 de marzo, eso es exactamente lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Para algunos de ellos, el remedio del parón económico puede terminar siendo peor que la enfermedad del Covid-19.
En cuanto a la supuesta injusticia de restringir el confinamiento a la población mayor de 70, han pasado más de 2.000 años desde que Aristóteles dijera, correctamente, que la justicia es igualdad para los iguales pero desigualdad para los desiguales. De la misma forma en que no hay ninguna injusticia en que dos personas con diferente capacidad económica paguen una cantidad de impuestos distinta, no hay ninguna injusticia en que dos personas con desigual riesgo de muerte tengan desiguales medidas de confinamiento.
La tercera objeción es la más complicada. Una posibilidad sería adoptar el enfoque sugerido por seis economistas italianos en este trabajo conjunto. El artículo propone una vuelta gradual al trabajo caracterizada por comenzar por el grupo de los menores de 50 (ya que éstos presentan bajas tasas de letalidad e ingreso en UCI), a los que se debería realizar testeos frecuentes y masivos y, además, se debería ofrecer incentivos. Además, se tendrían que movilizar los recursos necesarios para que los empleados mayores de 50 que tengan habilidades de singular importancia puedan seguir desempeñando su trabajo de forma telemática. Lo mismo debería hacerse en el sector educativo, asegurando que todos los niños tengan un ordenador o dispositivo análogo que les permita continuar en línea con su proceso educativo.
Conclusión
En la gestión de una pandemia hay muchas incertidumbres y muy pocas certezas. Dos de esas pocas cosas de las que podemos estar razonablemente seguros son que la vacuna es en todo caso cuestión de meses, no de días, y que cada día que pasa de parón tiene efectos muy dañinos en el conjunto de la economía. Dado que la vacuna no va a llegar mañana, es necesario diseñar una estrategia para el ínterin.
Como decía el experto en medicina preventiva David Katz en este artículo, existen básicamente dos estrategias para hacer la guerra: la carnicería de los ataques indiscriminados basados en la asunción de enormes daños colaterales y la precisión de los ataques quirúrgicos basados en la selección de objetivos concretos. La segunda estrategia minimiza el número de víctimas y ahorra medios que nos permitirían aumentar los recursos sanitarios, asistenciales y de vivienda que destinamos al cuidado de la población más vulnerable.
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