23 de Marzo de 2020, 20:02
Las políticas de salud (como toda política) tienen una orientación ideológica y las consecuencias sobre la vida de las personas tienen impactos diferenciales según dónde se viva, a qué sector social se pertenezca, si se tiene o no un trabajo formal, entre otras múltiples variables de género, clase y raza. Más allá de seguir una línea común frente a la pandemia (la distancia social, el aislamiento o la cuarentena), el debate político sobre las consecuencias sociales y económicas debería estar presente, y los actores políticos y sociales tener un rol central en la deliberación. Incluso los discursos de la Organización Mundial de la Salud no están exentos de política y no debieran tomarse como indiscutibles.
Sin embargo, lo que prima en estos días en América Latina son las decisiones presidenciales sobre las parlamentarias y los liderazgos de los presidentes sobre los líderes de las organizaciones de la sociedad civil y de los partidos políticos. Escasean los debates políticos sobre qué medidas son las más oportunas en cada país y de qué manera llevarlas a cabo. Hay pocas discusiones sobre los límites legales de los presidentes para emitir decretos que supongan restricciones a los derechos básicos, como son la libertad de circulación y la de reunión. Estos debates son necesarios, más allá de la decisión concreta, se gana en legitimidad y las medidas tienden a ser más efectivas que aquéllas que se toman de forma unilateral e inconsulta.
Algunos presidentes han dado respuestas irresponsables como Jair Bolsonaro, Daniel Ortega y Andrés Manuel López Obrador, tal como señalaba Yanina Welp, al no valorar el peligro para la salud que supone promover manifestaciones y movilizaciones en un contexto de pandemia. Pero también son cuestionables medidas como la de Sebastián Piñera, que declaró el estado de catástrofe y, con ello, abrió las puertas al estado de excepción en un país cuyas Fuerzas Armadas y de seguridad son denunciadas por violar los derechos humanos; no sólo durante la dictadura, también en el contexto democrático. O aquellos gobiernos que tan sólo tomaron medidas sanitarias, sin pensar en la dimensión política y social de la pandemia, como sucede en la mayoría de América Latina.
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En el caso uruguayo, el presidente Luis Alberto Lacalle (quien asumió en marzo de 2020) ganó las elecciones con un discurso que promovía un ajuste fiscal y una mayor seguridad en las calles, apoyado por una coalición variopinta de centro, centro-derecha y derecha. Inició entonces sus funciones con un aumento de las tarifas de servicios públicos estatales (luz, agua y telefonía) y del IVA; también con una mayor presencia policial en las calles, sacando a las personas sin techo de los lugares públicos y pidiendo documentación sin justificación.
Desde el inicio de la pandemia, el presidente ha liderado las comunicaciones, tratando de mostrar firmeza y centralizando el discurso gubernamental. Sin embargo, el líder de la derecha y socio de la coalición de Gobierno (Manini Ríos) decidió también salir a hacer declaraciones, en un gesto de desafío al Ejecutivo; solicitando, además, dejar sin efecto las medidas tomadas.
Además de seguir las medidas promovidas por la Organización Mundial de la Salud (declaración de emergencia sanitaria, suspensión de clases y de todos los espectáculos públicos, cierre de fronteras, teletrabajo en aquellas empresas que pueden hacerlo y cierre de todos los comercios que no tengan relación con alimentación y medicinas), las medidas anunciadas por el Gobierno como respuesta a la crisis económica parecen descoordinadas y escasas. Básicamente, se han anunciad créditos blandos para empresarios, flexibilización de los despidos (quienes pasarían a recibir el 75% de su sueldo nominal), reforzamiento de programas alimentarios no especificados y postergación de pagos impositivos. En definitiva, no se frena el ajuste fiscal propuesto y el Estado no refuerza su aportación contra la crisis, que recaerá sobre los más vulnerables, es decir, aquellas personas que no tienen un empleo asalariado y una vivienda propia.
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Por su parte, la oposición comienza a despertar de su breve letargo. La bancada parlamentaria del Frente Amplio (principal partido opositor y quien obtuvo más votos en las elecciones de octubre) envió un comunicado en el que propone convocar de manera urgente "un ámbito de trabajo conformado por todos los partidos políticos, las organizaciones sociales y la Academia nacional, a los efectos de construir un gran acuerdo que establezca con claridad una hoja de ruta para atender la situación sanitaria, económica y social por la que atravesará nuestro pueblo en esta tan delicada situación que nos toca vivir". Asimismo, plantea un Plan de Reactivación Económica, que incluye una serie de medidas concretas:
Esta declaración propone sacar a la política de la cuarentena y promover un gran acuerdo nacional. El listado de temas no es exhaustivo ni pretende serlo. Aspectos vinculados a la violencia de género, las consecuencias sobre la infancia entre los más vulnerables, la desigualdad que se amplía al no haber educación presencial, el agravamiento que genera el aislamiento en personas con problemas psiquiátricos son otros asuntos de una agenda que debe ser abierta y renovable. Y es que, más allá de las consecuencias sobre la salud, las implicaciones económicas y sociales sobre la población son innumerables. También son necesarias la observación constante sobre la protección de los derechos humanos y la no violación de la ley, bajo ninguna excusa.
En la crisis de 2002 (producto en gran medida de la crisis de un año antes en Argentina), el Frente Amplio y los partidos como sistema desempeñaron un papel clave y constructivo, evitando el estallido social y manteniendo la estabilidad política. Éste es, sin duda, un contexto global mucho más difícil, pero Uruguay está en mejores condiciones económicas y sociales que en el pasado y respecto a la mayoría de los países latinoamericanos: menor pobreza, menor desigualdad y una mayor y mejor cobertura en salud. Entre otros indicadores, Uruguay supera el promedio mundial de camas hospitalarias (tiene 2,8), el gasto en salud es del 9,8% del PIB y, más importante aún, tiene un buen desempeño en esta materia que lo ubica entre los mejores.
Está en manos del Gobierno aceptar el desafío de revisar la propuesta económica previa a la pandemia y abrirse al debate político. Asimismo, promover políticas que tengan un gran respaldo también social, que demuestren una mejor coordinación entre los diferentes ministerios (y, por lo tanto, entre políticas) y una mayor claridad, integrando todas las dimensiones y respondiendo a la pregunta de en quiénes recaerá el peso de la crisis. Lo que se decida puede acelerar la desigualdad y fragmentar aún más la sociedad, o atemperarla, protegiendo a los sectores más vulnerables.
También está en juego mantener la calidad de la democracia. La declaración de estado de excepción, la militarización de la sociedad y el aumento del control policial (como proponen algunos y están llevando adelante varios países) pueden deteriorar nuestra mayor conquista: una democracia plena.
