19 de Marzo de 2020, 20:18
Si la pandemia lo permite, el viernes 20 de marzo se elegirá al nuevo secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), una institución regional que integran todos los países de América Latina y el Caribe (salvo Cuba), Estados Unidos y Canadá. La institución nació como un instrumento de la política exterior de EE.UU. en la Guerra Fría (su sede está a pocas cuadras del Departamento de Estado en Washington), pero cuenta con espacios autónomos importantes como la Comisión y la Corte de Derechos Humanos, y con un mecanismo de observación electoral reconocido. Ahora, la elección del secretario general tiene lugar en un escenario regional muy complejo, centrado en el desastre venezolano. Hasta hace poco había tres candidaturas, pero sólo dos quedan en carrera.
Las candidaturas
El actual secretario general, el uruguayo Luis Almagro, aspira a la reelección. A pesar de sus orígenes de izquierda (fue ministro de Relaciones Exteriores de José Pepe Mujica), Almagro se convirtió tras su incorporación como secretario general en 2015 Almagro en un crítico feroz de la dictadura de Nicolás Maduro. En línea con los halcones de la Administración Trump y de la oposición venezolana, apoya sanciones cada vez más duras sobre la economía y pide no descartar ninguna posibilidad para sacar a Maduro del poder; incluyendo una intervención militar. No sorprende, por tanto, que la Casa Blanca sea la principal impulsora de su reelección, que también cuenta con el apoyo de Brasil, Colombia y otros países gobernados por la derecha y el centro-derecha.
La única rival de Almagro será la ecuatoriana María Fernanda Espinosa, quien fue ministra de Rafael Correa y Lenín Moreno y luego, entre 2018 y 2019, presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Apoyada por algunos países caribeños que se sintieron maltratados por Almagro y tienen buen trato con Caracas, Espinosa propone sacar a Venezuela del centro de la agenda y se niega a calificar a Maduro de dictador. Su candidatura tiene el apoyo del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (México) y de la Argentina de Alberto Fernández, pero poco más. Sería exagerado calificar a Espinosa de bolivariana (ni siquiera Correa la apoya), pero su elección sería leída como una victoria diplomática para Maduro, porque aliviaría su aislamiento.
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En el camino quedó Hugo de Zela, embajador de Perú en Washington y ex funcionario de la OEA y que promovía un camino intermedio. De Zela condenó las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, pero rechazó la posibilidad del uso de la fuerza. A diferencia de Almagro, De Zela sostenía la necesidad de un diálogo entre el régimen de Maduro y la oposición, en el que la OEA podía ejercer de facilitadora siempre que tuviera al frente a un secretario general menos virulento y más diplomático. La presión de Washington sobre algunos países y un escenario fuertemente polarizado redujeron las chances del candidato, que retiró su postulación a pocas horas de la elección.
El panorama: reelección de Almagro
La retirada del candidato peruano despejó el camino a Almagro, que casi con seguridad será elegido por otros cinco años. Además de irritar a Maduro y al Gobierno cubano, su continuidad alegrará a muchos en Washington, en la oposición venezolana y en América Latina. Pero también puede resultar una decepción para quienes, como De Zela, creen que la OEA debería desempeñar un rol más constructivo en Venezuela y prestar atención a otras amenazas a la democracia en la región.
Los defensores de Almagro sostienen que su foco casi exclusivo en el caso venezolano es un imperativo moral, por la magnitud de la crisis que sufre el país y la sistemática violación de los derechos humanos. Señalan también, con razón, que Maduro aprovechó todas las instancias de diálogo anteriores para ganar tiempo y seguir reprimiendo a la oposición. Una postura dialoguista como la que proponía De Zela, sostienen los almagristas, sería una concesión al dictador venezolano. Según esta lógica binaria, la verdadera elección no es entre Almagro o Espinosa, sino entre Almagro o Maduro.
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Al mismo tiempo, el absolutismo moral de Almagro en relación a Venezuela parece no ser de aplicación en otros casos donde la posición del secretario general ha sido menos contundente.
Por ejemplo, Almagro viajó en 2019 a Bolivia para reunirse con el entonces presidente Evo Morales y garantizar que la OEA supervisaría las elecciones presidenciales de ese año. Esta actitud del secretario general generó rechazo en la oposición boliviana, dado que Morales se estaba presentando a un cuarto mandato, violando la Constitución boliviana. Finalmente, en medio de una seria crisis social, la misión de observación de la OEA encontró irregularidades en la elección y las Fuerzas Armadas forzaron la renuncia de Morales. Se instaló un Gobierno interino de tendencia derechista, que aún hoy reprime y persigue a los seguidores de un Morales que sigue en el exilio. A pesar de la crisis, Almagro no condenó de manera tajante las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Gobierno interino.
La posición de Almagro acerca de la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua tampoco ha sido tan clara, a pesar de lo poco que le diferencia de Maduro. De hecho, el secretario general continúa promoviendo un diálogo entre Ortega y la oposición nicaragüense, a la que el dictador censura y reprime brutalmente. También ha mantenido las formas diplomáticas al referirse a las claras violaciones a los derechos humanos en Honduras, aun cuando presidente hondureño Juan Orlando Hernández ordenó, a comienzos de 2020, la retirada de una misión especial de la OEA dedicada a reforzar la lucha contra la corrupción en ese país. Finalmente, es cuanto menos curioso que quien se proclama defensor a ultranza de los derechos humanos en las Américas obtenga su segundo mandato con el firme apoyo de Donald Trump y Jair Bolsonaro, a quienes Almagro tampoco suele criticar.
Por supuesto, éste podía responder a estas inquietudes diciendo que es imposible defender los derechos humanos con la misma intensidad en todos lados, y que hay que trazar prioridades y hacer concesiones estratégicas por un objetivo mayor. También podía señalar que, como Estados Unidos financia más del 60% del presupuesto de la OEA, tener un buen vínculo con la Casa Blanca es imperativo (de hecho, esta dependencia podría hacer que Almagro flexibilice su postura si los demócratas ganan las elecciones de noviembre).
Son argumentos válidos, pero no responden una pregunta clave. Dado que todo lo demás ha fracasado, ¿por qué no puede aplicarse el mismo pragmatismo que Almagro demostró en varias instancias respecto a la crisis en Venezuela? Sus valientes denuncias, las duras sanciones económicas impuestas por Estados Unidos, las amenazas de invasión y el reconocimiento de un Gobierno alternativo liderado por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, han hecho poco por erosionar el poder de Maduro, sostenido en su alianza con las Fuerzas Armadas. Sin embargo, Almagro promete mantener la misma intransigencia durante los próximos cinco años y seguir insistiendo en una salida de Maduro. De ser así, es probable que obtenga los mismos resultados.
Quienes aprueban la labor de Almagro sostienen que, gracias a su liderazgo en el caso venezolano, la OEA recuperó protagonismo en la región. Sin embargo, no debe confundirse su visibilidad personal con la relevancia de la institución que dirige. Por otra parte, aun si el régimen de Maduro colapsara súbitamente mañana, la OEA seguiría afrontando desafíos existenciales que arrastra desde hace décadas, y que el secretario general no resolvió durante su primer mandato.
El problema fundamental de la OEA es que sus miembros no saben qué hacer con ella. La agenda entre Estados Unidos y los países latinoamericanos suele limitarse a pocos temas (drogas, comercio, seguridad) y se manejan de manera bilateral. Por otra parte, la institución es demasiado cercana a los Estados Unidos para servir como foro latinoamericano. Finalmente, las decisiones se toman por mayoría de sus miembros, lo que le da capacidad de veto a los países caribeños: el voto de la isla de Dominica (70.000 habitantes) vale igual que el de México o Brasil. En un contexto de fragmentación regional como el actual, donde cada país está concentrado en sus propios desafíos domésticos, el resultado es una institución que cumple importantes funciones y cuenta con un personal dedicado, pero que persiste como poco más que una cáscara vacía. La elección del viernes no va a cambiar esa realidad.
