El Gobierno de España está tomando medidas de emergencia para contrarrestar la propagación del Covid-19, pues el último balance del Ministerio de Sanidad de España registra más de 11.178 personas contagiadas con coronavirus y la cifra aumenta exponencialmente. Entre las recomendaciones se incluyen varias de higiene personal, pero también el aislamiento para evitar el contagio: la gran mayoría de los centros educativos permanece cerrado, las concentraciones se han suspendido y se recomienda trabajar desde casa.
Justamente para compensar a madres y padres que tengan que reducir sus horas de trabajo para cuidar a sus hijas e hijos por el cierre de colegios, el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social ha anunciado una prestación extraordinaria. Si bien son oportunas, medidas de emergencia como ésta exponen las fragilidades del sistema de conciliación del cuidado y el empleo en España.
Bien por la falta de oferta pública o por la inaccesibilidad (económica) de las alternativas privadas para el cuidado de menores y personas dependientes, las responsabilidades de cuidado permanecen dentro de las familias, y recaen desproporcionadamente en las mujeres. El efecto de esto se refleja en la participación laboral y el uso del tiempo en España.
La principal razón por la que las mujeres no participan en el empleo remunerado (son inactivas en el mercado laboral) es que tienen responsabilidades de cuidado (42%, en 2018), mientras que entre los hombres esta razón es válida sólo para un 5,1%, según Eurostat. Además, la razón clave (el 16% en 2018) para trabajar a tiempo parcial entre las mujeres es cuidar niños o adultos dependientes, pero esta razón es mínima (1,9%) entre los varones, de acuerdo con la oficina estadística europea. A su vez, los datos de la Encuesta de Uso del Tiempo del Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran que aunque tengan empleo a tiempo completo, las mujeres dedican considerablemente más de su día que los hombres al cuidado de otros y al trabajo del hogar.
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Cuando el cuidado no puede ser absorbido por la esfera familiar y se tienen los medios económicos para externalizarlo, es común que se resuelva mediante la contratación precaria de otras mujeres, sobre todo de población inmigrante. La última Encuesta de Población Activa señala que más del 63% de las cuidadoras contratadas en los hogares son de origen extranjero, principalmente latinoamericano.
Los datos demuestran que el sistema público no ha podido resolver las situaciones de dependencia y su sesgo de género. Los dispositivos que amortiguan los olvidos en el diseño de las políticas públicas son humanos; son las mujeres.
La alerta sanitaria visibiliza la cantidad de personas que, para poder trabajar, dependen de las escuelas y otros centros de atención para que sus integrantes reciban cuidados. Ello exige poner en perspectiva los esfuerzos que las familias trabajadoras deben hacer para poder cumplir con las obligaciones familiares y las del trabajo remunerado.
Por ejemplo, el porcentaje de niñas y niños menores de tres años que asisten a servicios de guardería a tiempo completo ya es bajo (alrededor del 36,4% en 2017, según cifras de la OCDE); por lo que el cierre de centros educativos deja también en casa a los niños en edad escolar, haciendo más difícil que de costumbre equilibrar el empleo con los cuidados.
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La proporción de trabajadores dependientes que tienen al menos alguna capacidad de establecer sus propios arreglos de tiempo de trabajo (flexibilidad en los horarios de entrada y salida o posibilidades de trabajar remotamente) es muy bajo en circunstancias normales (el 21,8%, en contraste con el promedio OCDE, del 36,5% en 2015). El control sobre el tiempo y lugar de trabajo es, además, más frecuente en empleos de altos ingresos y responsabilidad. En el actual escenario de emergencia sanitaria, las posibilidades de acomodar horarios no aumentan demasiado.
Así, las familias que dependen del trabajo remunerado (fuera de sus hogares) y no tienen posibilidades de faltar, reducir sus horas de trabajo o bien pagar servicios de cuidados privados, se ven principalmente afectadas.
El apoyo de la familia o los arreglos familiares se vuelven hoy más fundamentales que de costumbre. Ciertamente, la situación es aún más grave para los hogares monoparentales (de los cuales el 82% están encabezados por mujeres, según la Encuesta Continua de Hogares de 2018); deben desplegar estrategias excepcionales para continuar cumpliendo con las demandas del mercado laboral en el contexto actual.
Sin restar importancia a los lazos solidarios de ofrecimientos de apoyo a vecinas y vecinos de la comunidad, el coronavirus deja al descubierto las falencias de las políticas públicas que desconocen que, para que exista un trabajo de pago en el mercado laboral, es necesario mantener paralelamente otro reproductivo y de cuidados.
También deja al descubierto otras vulnerabilidades asociadas al tipo de empleo. Entre los perjudicados se encuentran los autónomos, para los cuales no existe ninguna garantía de ingresos; pero también aquellas personas sin papeles, que viven del ingreso diario que son capaces de generar trabajando principalmente en la vía pública. Para las personas que intentan resolver su situación migratoria, las trabas que hay que afrontar en condiciones normales se exacerban por la falta de números de atención y el cierre de instituciones para renovar o realizar los trámites.
En pocas palabras, las circunstancias extraordinarias de la emergencia sanitaria develan el carácter urgente de la democratización de los cuidados en España, y el de reconocer que el ejercicio de políticas de urgencia puede incrementar la indefensión de los colectivos más vulnerables. No se puede simplemente confiar en que las estrategias individuales serán suficientes para resolver un problema de salud pública.
La cuarentena en que nos encontramos nos da la posibilidad de reducir contagios, pero también la obligación de visibilizar los sesgos androcéntricos y de clase sobre los que se construyen las políticas de conciliación para el cuidado y el trabajo remunerado.
