En 1975, la Organización de Naciones Unidas institucionalizó el 8 de marzo como día Internacional de la Mujer, pero desde mucho antes se registran reinvindicaciones sociales, económicas y políticas orientadas a conseguir la igualdad. Agenda Pública tiene un compromiso firme con esos reclamos (por ejemplo, trabajamos para publicar tantas voces de mujeres como de varones) y seguimos de cerca las investigaciones que permiten comprender mejor los techos, brechas, acantilados y demás obstáculos de diverso orden que impiden la paridad. Porque lo hacemos todos los días, hoy hemos querido presentarles algo distinto: le pedimos a prestigiosas analistas, expertas en temas que consideramos clave economía, auge de la extrema derecha, elecciones, comunicación política, transición energética y derechos humanos, que nos sugieran dónde tenemos que poner la mirada. Aquí el referido al Estado de Derecho.
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Los estados más prósperos, no sólo económicamente sino también socialmente, son los estados de derecho democráticos y están en pleno test de estrés. Son muchos los retos a los que deben hacer frente, desde el propio concepto de soberanía sobre el que se sustentan hasta la traslación de los centros de decisión que ya no son netamente políticos. A continuación se señalan, a vuela pluma, algunos de estos retos por ser más acuciantes o por afectar a diferentes dimensiones del Estado de derecho democrático.
El pacto social sobre el que se construye el Estado de derecho descrito parte de una división entre hombres y mujeres que hoy deviene incomprensible e intolerable. Por ello, uno de los grandes retos es el de convertir nuestras democracias, todavía de hombres, en paritarias, donde hombres y mujeres estén igualmente presentes.
El Estado de derecho democrático antes sólo sostenía estructuras estatales, mientras que ahora sostiene unas de una naturaleza diferente pero que hacen de aquel modelo su referencia. Así, la Unión Europea, sin ser un Estado, tiene como elemento fundacional el respeto del Estado de derecho: respeto a la Ley, a la Democracia y a la garantía de los derechos fundamentales. Sin duda, es un problema ahora sistémico la llegada de los populismos y, sobre todo, de grupos iliberales a las instituciones de los estados miembros que suponen un ataque directo contra los valores democráticos compartidos; pero, además, consiguen que la agenda iliberal vaya permeando la agenda política europea y, en un mundo interconectado, la de los estados y la de otras instituciones políticas regionales o globales.
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En esta misma línea, los populismos, que siempre han existido, se convierten en un problema para el Estado de derecho cuando son utilizados como instrumentos para atacar las bases de los sistemas democráticos, cuando se convierten en ariete en favor de estados iliberales.
Los derechos y libertades que podríamos denominar clásicos están sufriendo un deterioro generalizado. Es especialmente grave el retroceso que padecen la libertad de expresión y de información, dos pilares de los sistemas democráticos. Sin dichas libertades no hay pluralismo político y, por tanto, no hay democracia. Es cierto que la de expresión y la de información está cambiando por la utilización de nuevos medios de comunicación que ofrece internet, las redes. Uno de los mayores abusos de los nuevos canales de comunicación sin intermediación (o filtro) es la desinformación. Ésta, como pretendido ejercicio de la libertad de expresión o información, es un arma de destrucción sibilina de nuestras democracias. La ciudadanía es fácilmente manipulable en lo económico y en lo político. La desinformación puede ganar elecciones, derrocar estados y sistemas democráticos.
Las plataformas proveedoras en las redes son juez y parte. Los estados dejan en sus manos la regulación del mercado de la información, de los datos, lo que les convierte, además (ésa parece ser la última tendencia), en los controladores de esos flujos. Son las empresas privadas las propietarias de toda aquella información y las que gestionan el ejercicio de nuestros derechos, lo que supone un cambio radical en la propia concepción del Estado de derecho. Éste es sólo uno de los cambios que ya ha planteado la digitalización y la inteligencia artificial.
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El gran reto está en mantener las bondades del esquema del Estado de derecho democrático, protegiéndolo de las nuevas formas de autoritarismo, institucional y privado y, a la vez, adecuar ese bagaje a las nuevas exigencias y realidades sociales.
