7 de Marzo de 2020, 18:24
En 1975, la Organización de Naciones Unidas institucionalizó el 8 de marzo como día Internacional de la Mujer, pero desde mucho antes se registran reinvindicaciones sociales, económicas y políticas orientadas a conseguir la igualdad. Agenda Pública tiene un compromiso firme con esos reclamos (por ejemplo, trabajamos para publicar tantas voces de mujeres como de varones) y seguimos de cerca las investigaciones que permiten comprender mejor los techos, brechas, acantilados y demás obstáculos de diverso orden que impiden la paridad. Porque lo hacemos todos los días, hoy hemos querido presentarles algo distinto: le pedimos a prestigiosas analistas, expertas en temas que consideramos clave economía, auge de la extrema derecha, elecciones, comunicación política, transición energética y derechos humanos, que nos sugieran dónde tenemos que poner la mirada. Aquí el referido a la comunicación y las redes sociales.
En una globalidad crujiente, una nueva generación de ciudadanos móviles, líquidos y de bordes más difusos se incorpora a la política. En procesos de lo más diversos (desde campañas electorales hasta desobediencias civiles, pasando por operaciones políticas basadas en estrategias de ataque xenófobo y de desinformación), las redes sociales desempeñan un papel importante; y son acusadas, en muchos de esos casos, por su responsabilidad en la promoción de formas autoritarias de participación y en la amplificación de discursos de odio que ya no encuentran formas de ser procesados.
Caído el mito de la comunicación irrestricta, horizontal y democrática que traería la digitalización del ecosistema comunicacional (y del campo la comunicación política, en particular), las redes parecen ponerse al servicio de operaciones mercantiles y de ataques dirigidos con precisión quirúrgica.
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Aunque distópico, el diálogo político virtual no sólo está al servicio de brechas ideológicas insalvables; también puede ser condición de posibilidad de un tipo de movilización de colectivos sociales que se salte las vías convencionales de la información. América Latina ha experimentado recientemente dinámicas democratizadoras de la expresión pública donde las redes fueron una herramienta constitutiva de la resistencia de una multiplicidad de activistas sociales en Chile, Colombia, Ecuador y Bolivia.
En otros casos, sin embargo, las redes delinean escenarios polarizados en los cuales políticos y operadores aprovechan las ventajas de un sistema que personaliza las relaciones entre usuarios. La polarización política se manifiesta en nuestra percepción de aquello que nos aleja del otro y exalta la brecha entre dos cosmovisiones con una fuerte cerrazón cognitiva. En esos escenarios agrietados, aceptamos y propagamos mensajes falsos movidos por las mismas razones por las que difundimos información verificada: la intolerancia cognitiva que nos lleva a rechazar aquello con lo que no estamos de acuerdo. A estos factores subjetivos se suman los filtros personalizados que ofrecen los algoritmos, entrenados para detectar las singularidades de los usuarios en distintas regiones de la red virtual y distribuir contenidos de manera segregada que sean compatibles con la medida de sus preferencias.
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Cierto es que el mundo no está más polarizado que en otras épocas de nuestra historia reciente; menos aún, que la grieta sea la explicación excluyente de la experiencia política. Las redes sociales virtuales son también espacios de intercambio simbólico con capacidad de promover consensos políticos y alterar agendas hegemónicas, donde el activismo y la ciber-militancia emergen como formas novedosas de participación en la vida pública.
Las experiencias tanto callejeras como comunicacionales de los movimientos de mujeres han demostrado su inconmensurable capacidad de promover intercambios horizontales, con una narrativa plebeya, dominada por mensajes poco profesionales que han acortado las distancias ideológicas. Como planteamos con Ernesto Calvo en un libro de próxima publicación, Fake news, trolls y otros encantos (2020), tal vez sea la agenda de género la vía de entrada para la generación de consensos ideológicos donde la política se ubique por delante de las divisiones partidarias. Como advierte Luciano Galup en su libro Big Data & Política (2019), reivindicar la comunicación política es reivindicar el derecho de los ciudadanos a acceder a información clave para su participación democrática y su relación con el poder político.
