En 1975, la Organización de Naciones Unidas institucionalizó el 8 de marzo como día Internacional de la Mujer, pero desde mucho antes se registran reinvindicaciones sociales, económicas y políticas orientadas a conseguir la igualdad. Agenda Pública tiene un compromiso firme con esos reclamos (por ejemplo, trabajamos para publicar tantas voces de mujeres como de varones) y seguimos de cerca las investigaciones que permiten comprender mejor los techos, brechas, acantilados y demás obstáculos de diverso orden que impiden la paridad. Porque lo hacemos todos los días, hoy hemos querido presentarles algo distinto: le pedimos a prestigiosas analistas, expertas en temas que consideramos clave economía, auge de la extrema derecha, elecciones, comunicación política, transición energética y derechos humanos, que nos sugieran dónde tenemos que poner la mirada. Aquí el referido a los procesos electorales.
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El análisis político requiere incluir los procesos electorales porque proporcionan información para definir la legitimidad de los regímenes democráticos, las preferencias de la ciudadanía y la rendición de cuentas de sus representantes. Estas tres dimensiones son indispensables para evaluar el desempeño de las democracias. Sin embargo, dicho análisis no debe limitarse al voto si busca entender las múltiples condiciones que afectan al bienestar de la ciudadanía y la forma en la que la oferta electoral puede restringir la representatividad los políticos. Por ello, debemos vincular estos procesos con la política cotidiana y las condiciones que definen la competencia por la definición, organización y representación de la ciudadanía. Es decir, debemos analizarlos como emergentes de situaciones de largo plazo, como hacemos con otros fenómenos políticos.
Primero, los procesos electorales nos dan información crucial para definir la legitimidad democrática de un régimen basado en la soberanía popular y distinguirlo de otros regímenes con elecciones. Es decir, es clave analizar si el proceso es limpio, competitivo, y abierto a todos. Segundo, si se cumplen estas tres premisas del proceso, el voto debería proveer de igual voz a toda la ciudadanía, independientemente de los recursos o intensidad de preferencias de cada persona (considerando el peso de otras desigualdades), a diferencia de otras formas de participación política. El foco, entonces, debe estar no solamente en los resultados, sino también en la participación electoral y sus determinantes. Quien no vota nos da tanta información como quien vota o cómo se distribuyeron las preferencias electorales.
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Tercero, interpretar estos procesos es clave para entender la rendición de cuentas de los representantes de la soberanía popular. El voto permite castigar o premiar a los actuales representantes y elegir reemplazos si no estamos contentos con ellos. Esta evaluación tiende a basarse en información retrospectiva sobre el desempeño anterior y en la distancia entre las preferencias de los votantes y las promesas de quienes aspiran a representarlos. Es decir, las elecciones nos ayudan a entender el enojo y la esperanza de la ciudadanía con aquellos que deberían representarla.
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Finalmente, es fundamental vincular los procesos electorales con las dinámicas políticas que ocurren en otros periodos. El voto limita la capacidad de expresión de la ciudadanía, ya que provee un único instrumento para dar a conocer tanto frustraciones y aspiraciones como múltiples y complejas preferencias que no necesariamente se alinean de un modo consistente para diferentes votantes. El voto sirve para castigar, elegir, y expresar preferencias, pero no permite distinguir entre estas acciones y, por ello, una democracia robusta no puede limitarse al ejercicio electoral periódico. De ahí el valor de enfocarse en la política cotidiana, así como en formas alternativas de participación electoral (o su ausencia), para comprender el funcionamiento de las democracias. La política es multi-facética y la comprensión de los procesos electorales requiere su vinculación con procesos muy evidentes, como las protestas, o menos visibles, como la influencia de los grupos de interés y los actos legislativos, pero también con otros que pueden ser casi invisibles, como la experiencia cotidiana de la gente en su interacción con el Estado, así como fenómenos políticos que buscan la invisibilidad como la corrupción o la colusión. Reportar sobre esas conexiones es fundamental para comprender el impacto de los procesos electorales en la rendición de cuentas y la representatividad democrática. Esa tarea va mucho más allá de los tradicionales reportes de resultados electorales.
