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La 'descarbonización' en España

Julián Martínez Bejarano

3 de Marzo de 2020, 19:46

El carbón tiene los días contados en España. La fuente más contaminante de electricidad, que entre 2015 y 2018 representaba una media del 16,4% de la generación total, cayó abruptamente al 4,9% en 2019, y este año la tendencia continúa. De las 15 centrales operando a principios de 2018, hoy sólo tres tienen previsto seguir funcionando a lo largo de esta década –una más, si contamos el incierto futuro de Es Murterar (Baleares). Como consecuencia, las emisiones de CO2 del sector eléctrico en 2019 se redujeron en un impresionante 23% respecto al año anterior, dando forma al sector eléctrico español menos contaminante de la historia. Sin embargo, ¿cuáles han sido los desencadenantes de este importante hito contra el cambio climático? ¿Qué lecciones son útiles para otros países?

Una primer empuje al cierre del carbón proviene de la revisión de la Directiva Europea de Emisiones Industriales, que estableció límites estrictos a las emisiones de óxidos de azufre, óxidos nitrosos y partículas en suspensión de las centrales de combustión térmica, a ser implementados para este año. Las inversiones necesarias para adaptar las centrales más antiguas, pequeñas e ineficientes a los nuevos estándares las hacían inviables económicamente, contribuyendo a su solicitud de cierre. Pueden contarse aquí a Puente Nuevo (Córdoba), propiedad de Viesgo, y las dos centrales que le quedaban a Iberdrola.

[Con la colaboración de Red Eléctrica de España]

Sin embargo, las nuevas regulaciones no tumbaron a las grandes centrales, como As Pontes en A Coruña (2.421 MW) o Litoral en Almería (1.158 MW), que anunciaron inversiones valoradas en 370 millones de euros para instalar los sistemas de desnitrificación necesarios para continuar produciendo después de 2020.

Pero las reformas del mercado de carbono de la Unión Europea (EU ETS) entraron entonces en vigor en 2018 y lo revolucionaron todo. Hasta entonces, el EU ETS había recibido duras críticas por ser incapaz de fomentar la mitigación de emisiones, debido sus bajos precios. Esta ineficacia deriva de la crisis de 2009, cuyo impacto en la actividad económica provocó una sobre-oferta de derechos de emisiones, hundiendo su coste.

No obstante, las nuevas reformas han introducido una Reserva de Estabilidad del Mercado que absorbe esa sobre-oferta y se han aplazado las subastas de derechos, estabilizando oferta y demanda e incrementando los precios. Como consecuencia de ello, el precio de los derechos de emisión se ha multiplicado por cinco, pasando de cinco euros por tonelada de CO2 a principios de 2017 a 25 en 2019.

Para las centrales de carbón, esta transformación del mercado de carbono ha supuesto un golpe mortal. Generando el doble de emisiones por unidad de energía que el gas natural, y con unas renovables cada vez más competitivas, el EU ETS ha eliminado la capacidad del carbón de competir en el mercado eléctrico, provocando que Naturgy y Endesa hayan anunciado el cierre de todas sus centrales. En 2019, por ejemplo, la central de As Pontes ha estado paralizada durante gran parte del año porque producir electricidad le generaba pérdidas económicas; los costes eran más altos que cualquier ingreso. La rentabilidad del carbón, esfumada, ha desplomado su participación en el mix. Como ha trascendido más tarde, Endesa había fijado la viabilidad económica de sus centrales para unos precios de carbono de entre cinco y siete euros, una cifra irrealista ante las inminentes reformas del EU ETS que le granjeó la reprimenda de la ministra Teresa Ribera.

Por lo tanto, la experiencia española evidencia el enorme potencial de los mercados de carbono como instrumento de 'descarbonización' de la economía. De hecho, sus efectos se están haciendo notar en el resto de la Unión Europea. En Alemania, si bien el carbón ha venido reduciéndose paulatinamente en la última década, la implementación de las reformas del EU ETS ha supuesto un antes y un después, reduciéndolo prácticamente a la mitad: desde el 39,1% de la generación total en 2017 a un 21,8% en lo que llevamos de 2020.

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Por supuesto, otros factores han acompañado al éxito del EU ETS. Por un lado, la producción minera española lleva en decadencia desde los 1980s, incapaz de competir frente al carbón importado, más barato y con más contenido calorífico. Menos del 14% del consumido en nuestras centrales e industrias es producido en España, sacado a flote mediante subsidios del Estado. Ahora, el fin de los subsidios y cierre de las minas no competitivas, mediante acuerdos de transición justa mediados por el Ministerio de Teresa Ribera y la UE, han terminado de contribuir al apagado de las centrales alimentadas con carbón doméstico. Además, dada su menor importancia económica, el ocaso de la minería carbonera no tiene en España las implicaciones políticas y sociales que comparten Alemania o Polonia, facilitando la descarbonización del sector.

La creciente competitividad de las renovables también ha puesto su grano de arena al fin del carbón. De acuerdo con la Agencia Internacional de la Energía Renovable (Irena), la eólica y la solar fotovoltaica ya son tan competitivas, o más, generando electricidad como los combustibles fósiles. En los primeros nueve meses de 2019 se conectó más solar a la red que en el resto de la década junta. En esta línea, la consultoría Wood Mackenzie pronostica que, en los próximos cinco años, se instalarán en España 2.500MW anuales de solar fotovoltaica, más que duplicando la capacidad actual de 8,7GW; que, por cierto, ha crecido ya de por sí un 45% en los últimos tres meses.

Pero cuidado, no celebremos antes de tiempo. La consecuencia inmediata del desplome del carbón ha sido su sustitución por gas natural durante el verano, no por renovables. En España, el carbón desempeñaba un papel clave para suministrar electricidad en la temporada estival, cuando las reservas hidroeléctricas están bajas. Ante su práctica desaparición, ha sido el gas natural el encargado de dar apoyo a las nucleares para mantener el suministro durante la época de altas temperaturas, y la reducción anual de 25TWh generados con carbón se ha sustituido casi en su totalidad con un incremento de 24TWh de gas.

Esto no es del todo mala noticia, puesto que el gas produce la mitad de CO2 que el carbón, pero indica que estamos lejos de desembarazarnos de los combustibles fósiles. Este invierno, las abundantes lluvias y el incremento de la capacidad eólica han permitido récords de generación renovable, pero hasta que se alcancen volúmenes sustanciales de energía solar, España seguirá dependiendo del gas en verano, cuando el agua no fluya.

El fin del carbón –ahora con una posición minoritaria– es una victoria enorme en la lucha contra cambio climático y aporta una experiencia positiva a la comunidad internacional sobre la eficacia de los mercados de carbono. Pero también abre una segunda ronda de desafíos en la transición energética: cómo conciliar la intermitencia de las renovables con un sistema que sea, al mismo tiempo, estable y libre de emisiones.

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