Políticas climáticas: más allá de los boletines oficiales

Tras casi un año de parón, parece que se avecina un bien nutrido grupo de nuevas normas, muchas de ellas incorporando políticas climáticas, a tenor de los recientes anuncios de los nuevos gobiernos español y europeo. El Green New Deal con el que se presentaba a la ciudadanía la nueva Comisión Europea de Úrsula von der Leyen y la Ley de Cambio Climático ya anunciada en la anterior legislatura por el Gobierno del presidente Sánchez van a tener pronto su reflejo en los próximos boletines oficiales –de la UE y del Estado, respectivamente–. La normalización de ambos ejecutivos ha puesto en el centro del foco gubernamental la decisión de asumir los riesgos climáticos y el cuasi-colapso ecológico con un arsenal de políticas públicas que se verán incorporadas en las correspondientes normas jurídicas.

Las políticas climáticas comprenden dos grupos de actuaciones: por una parte, las de mitigación, que a través de la descarbonización progresiva pretenden, si no revertir, sí reducir el veneno que, lanzado a la atmósfera, luego nos envenena y nos destruye; y por otra parte, las de adaptación, que persiguen incrementar la resiliencia de los ámbitos de asentamiento humano a través de la minimización de riesgos asociados a fenómenos naturales extremos (incendios, inundaciones, temporales costeros, sequías).

Este segundo grupo de medidas tiene ya una regulación histórica dirigida a los distintos recursos naturales (agua, costa, suelo, montes, biodiversidad, etc.), y es aquí donde los boletines oficiales no son suficientes. Esto es, por más que los gobiernos europeo y estatal nos sorprendan con ajustadísimas regulaciones sobre el cambio climático y el Green New Deal, hay un factor que nos tiene atascados en el avance hacia medidas climáticas eficaces: la pertinaz inaplicación de este ordenamiento sectorial.

[Con la colaboración de Red Eléctrica de España]

Tenemos un parámetro objetivo para medir estos incumplimientos, que son los informes anuales que la Comisión Europea publica sobre la aplicación, o no, del Derecho europeo, una referencia utilísima a la vista del elevado número de directivas que alimentan los ordenamientos nacionales. Este año, una vez más, somos el país que peor aplica el Derecho europeo, concretado en el número de recursos por incumplimientos abiertos en todas sus fases contra nuestro país (97 en 2018, frente a los 80 de Alemania, segundo incumplidor este año, o los 57 de nuestro vecino Portugal). En 2018, la Comisión recibió un total de 462 denuncias contra España por incumplimiento de las normas europeas, de las cuales 391 fueron atendidas. Un año récord.

Estos incumplimientos ponen de relieve la sensibilidad de nuestros gestores públicos respecto de nuestros recursos naturales, en general, y de las medidas de adaptación climáticas, en particular. Algunos de estos casos abiertos tienen que ver con el foco al que deberían dirigirse esas políticas públicas: eficiencia energética, (ausencia) de planes de riesgo de inundaciones, contaminación de las aguas procedente de nitratos de la agricultura (reciente el desastre del Mar Menor), ausencia de planes de residuos de acuerdo con la Directiva marco, etcétera.

Quizás lo más sangrante sea el incumplimiento de las obligaciones de saneamiento de las aguas urbanas: ya declarado en 2012 (C-343/10) respecto de 43 aglomeraciones de más de 15.000 habitantes, la persistencia de este incumplimiento en 17 de estos núcleos de población ha llevado en 2018 a la apertura de un nuevo caso (el C-2015/17), además de la imposición de la correspondiente multa... que pagaremos, claro, entre todos.

Sólo en los apenas dos meses que llevamos de 2020, se han puesto ya de manifiesto dos cuestiones: que los fenómenos extremos provocados por el cambio climático nos son cada vez más familiares, y que el grado de implementación de la legislación sectorial que procura la resiliencia de nuestros entornos habitados es pobre o paupérrimo: dominio hidráulico sin deslindar, ocupaciones del litoral, descoordinación en la gestión de recursos naturales pertinentes en el ecosistema del Mar Menor, denuncias desatendidas de vertidos ilegales, vertederos de dudosa legalidad y frágil soporte geológico, sellado sistemático de suelos urbanos y un largo etcétera; vendrá la primavera y el verano y nos daremos cuenta de que, también, tenemos gran parte de nuestros bosques sin limpiar.

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La falta de entendimiento, diálogo y coordinación entre los tres niveles territoriales de gobierno –estatal, autonómico y, muy importante, local–, que exhibe una actuación marcadamente unilateral en aplicación del criterio esta competencia es mía, está detrás de esa ineficiencia. No se puede ya hacer política cortoplacista con el único impulso de los ciclos y expectativas electorales, pues la escala de las acciones sobre los recursos naturales se proyectan sobre varias futuras generaciones.

Finalmente, una reflexión que trasciende lo normativo: la ciudadanía española tiene un desempeño muy pobre en la gestión de residuos domésticos, una dependencia muy alta del vehículo privado, un desconocimiento generalizado de conceptos como la huella hídrica o la de carbono y un largo etcétera de comportamientos poco amigables en una situación de crisis climática. Recordemos aquí la increíble eficacia de las campañas anti-tabaquismo de los últimos años, que fueron capaces de subvertir la percepción ciudadana sobre el tabaco en todo el planeta y en un tiempo muy corto. Hay también aquí un inmenso ámbito de intervención que es necesario abordar de forma urgente.