El marco financiero de la UE tras el 'Brexit'

Las negociaciones en curso las inició la Comisión Europea hace casi dos años. El interminable debate sobre el Brexit, las elecciones al Parlamento Europeo y la constitución de la nueva Comisión las han retrasado. No obstante, en términos generales se sigue el esquema tradicional de las tramitaciones anteriores. Cada actor tiene un papel muy definido, según las pérdidas y ganancias esperadas, por lo que los conflictos en función de líneas muy claras y previsibles.

Es evidente el regateo entre los países que insisten en que el MFP no debiera sobrepasar el 1% de la RNB (Dinamarca, Holanda, Austria o Suecia), los 18 defensores de la política de cohesión (entre ellos, Polonia, Hungría, España o Portugal) y los que abogan por otras políticas y nuevas prioridades pero tampoco quieren que sus contribuciones suban de forma excesiva (Francia o Alemania). La propuesta del presidente del Consejo de definir un límite máximo del MFP en 1,074% de la RNB no consiguió rebajar la conflictividad entre los estados miembros. Por otro lado, el Parlamento Europeo, que debe aprobar el acuerdo del Consejo, defiende con firmeza un límite máximo de 1,3%.

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Las negociaciones sobre los MFP siempre han sido muy decisivas y han estado determinadas por un contexto especial del proceso de integración europea. El de las negociaciones actuales es, sin duda, el 'Brexit'. Su impacto presupuestario se calcula en una reducción de entre 9.000 y 10.000 millones de euros anuales. A día de hoy, se sigue desconociendo la futura relación financiera del Reino Unido con la UE. Los británicos seguirán pagando sus obligaciones generadas desde el momento de su adhesión a la UE (por ejemplo, las pensiones de los funcionarios europeos); pero, además, se espera un acuerdo sobre contribuciones financieras en las negociaciones sobre la futura relación entre ambos. Reino Unido siempre ha manifestado su intención de participar en programas específicos tras el Brexit (como en el ámbito de la I+D). Para ello, debe contribuir al Presupuesto europeo, como hacen, por ejemplo, Noruega o Suiza.

La reducción del Presupuesto actual sólo puede ser compensada por un reajuste del gasto, por mayores contribuciones de los estados miembros o por nuevos recursos propios de la UE. Aunque entre 2015 y 2016 se abrió un interesante debate sobre esta última opción, los estados miembros rechazan de momento una reforma en esta dirección. Como posibles fuentes, en el Consejo se debatirá sobre un impuesto sobre los residuos de plástico o sobre los ingresos de la subasta de los derechos de emisión de CO2. Evidentemente, tampoco hay una inclinación hacia la opción de aceptar un aumento de las contribuciones, por lo que sólo queda pensar en un reajuste del gasto.

El resultado de la negociación de los MFP marca las prioridades políticas para un periodo de siete años, y tanto los objetivos y como las tareas de la UE han aumentado en estos últimos años. Para la próxima década, Europa se ha propuesto varias metas. Las prioridades de la nueva Comisión (una Europa adaptada a la era digital, climáticamente neutra, ecológica, justa y social, o un nuevo pacto sobre migración y asilo) tienen una dimensión presupuestaria importante. En línea con la hoja de ruta de Bratislava (2016) y la Declaración de Roma (2017), la UE se ha comprometido también al establecimiento de una unión de defensa y una mayor protección de sus fronteras exteriores.

Estos nuevos objetivos entran lógicamente en conflicto con las tradicionales políticas redistributivas, ya que la UE sigue enfrentándose a grandes desigualdades sociales, económicas y territoriales, además de al desafío del cambio demográfico. También la gran mayoría de los agricultores europeos requieren la ayuda de la Política Agraria Común (PAC) para garantizar su futuro y el cumplimiento de sus objetivos económicos y sociales, establecidos en el artículo 39 del TFUE. Pero el recorte sin precedentes previsto en la PAC (según la Comisión Europea, alrededor del 5%-6%, según la propuesta del presidente de Consejo, del 14%) y en la Política de Cohesión (en torno al 7%-8% o 12%, respectivamente) confirman una re-ponderación entre las tradicionales políticas redistributivas y otros programas, en detrimento de los primeros.

Esta nueva realidad enfrenta a los estados miembros más allá de la tradicional división entre contribuyentes y beneficiarios del Presupuesto, ya que el conflicto se materializa dentro de cada Estado miembro entre los ámbitos rural y urbano. Las protestas de agricultores en España y Alemania o la convulsión francesa de los chalecos amarillos son sólo algunas de las reacciones contra una disminución de las rentas y las expectativas en el ámbito rural y, en consecuencia, una quiebra de la cohesión territorial. 

Finalmente, hay que subrayar que el acuerdo del MFP 2021-2027 determina también el Presupuesto para la zona euro. Desde el comienzo de la crisis económica y financiera se han propuesto y debatido multitud de modelos, formas y funciones para un instrumento de solidaridad y estabilidad en la eurozona. El acuerdo del Eurogrupo de octubre de 2019 prevé que el futuro Presupuesto para la zona euro estará dotado de unos 17.000 millones de euros previstos en el MFP 2021-2027.
Tras dos años de negociaciones, muchos estados miembros optan por llegar a un acuerdo en el primer semestre de 2020, aunque también existe la posibilidad de que la negociación pueda concluir en el segundo semestre, cuando Alemania ostente la Presidencia rotatoria de la UE. Se daría en ese supuesto la circunstancia de que la canciller Angela Merkel, bajo la Presidencia alemana en 2005, cerró en su primera negociación a nivel europeo el acuerdo sobre el MFP 2007-2013, y en 2020 el referido a la MFP 2021-2027 pudiera ser su última gran negociación.