El
último informe publicado por el Fondo Monetario Internacional (aunque sea un documento de trabajo y no represente la visión de la institución) constituye un magnífico ejercicio de cómo interpretar sesgadamente una realidad compleja y extraer recetas simples para realidades complejas y lejanas.
Nada de lo que narra el informe es falso (faltaría más); e, incluso, diría que ni siquiera es novedoso. De hecho, la mayor parte de sus conclusiones constituye un acervo común compartido por todos aquellos investigadores que se dedican, desde distintos enfoques, al análisis de las políticas públicas de este país. Pero hay cuestiones que hay que colocar en perspectiva y que permiten matizar algunos de los trazos gruesos del informe.
Nadie puede negar el hecho de que tenemos casi al 25% de la población en situación de pobreza; que España tiene la tasa de pobreza infantil más elevada de Europa occidental, o la más alta de desempleo juvenil de la UE.
Pero estos resultados, atribuidos en parte a la escasa capacidad redistributiva del gasto social en España, tienen un sustrato material de fondo que el informe escamotea o por el que pasa muy ligeramente. Y es que resulta muy complicado realizar un análisis comparativo mínimamente riguroso de la eficiencia y alcance del gasto social si no se tienen en cuenta los diferenciales que existen entre el nivel de ese gasto y el de ingresos públicos en relación con el PIB de España con respecto a la media de la UE (y, a poder ser, habría que hacerlo en relación con los de la
eurozona en lugar de con los de la UE-28, dada la mayor heterogeneidad y dispersión existente en esta última).
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Si esos factores son tenidos en cuenta, nos encontramos con que,
en aquellos capítulos de gasto social en los que los porcentajes sobre el PIB son asimilables a los de la media europea, los niveles de protección en España son superiores a los de esa media.
Así, por ejemplo, España gasta en torno al 12,6% del PIB en pensiones públicas, exactamente lo mismo que la media de la UE-28, casi 2,5 puntos menos que Francia y 3,3 puntos menos que Italia. Y, sin embargo, como bien señala el informe, tanto la tasa de sustitución como la pensión media en relación al salario medio se encuentran significativamente por encima de la media europea. Si a ello se le une el hecho de que la desigualdad primaria de la renta, medida a través del índice de Gini antes de impuestos y transferencias entre el colectivo de mayores de 65 años, se sitúa en algo más de tres décimas por encima del citado índice de la población activa, la resultante es que
las pensiones públicas constituyen, con diferencia, el principal instrumento de política redistributiva de este país, como puede apreciarse en el gráfico adjunto.
Gráfico 1.- Impacto de la redistribución fiscal sobre la desigualdad de la renta por grupo de edad (2016)
Fuente: OCDE.
Igual ocurre en materia de gasto sanitario, del que el informe destaca su amplia sostenibilidad, equidad y eficiencia con unos niveles de gasto sobre el PIB por debajo de la media europea (6,5% del PIB, frente al 8,2% en la UE-28 o el 9,8% y el 9,9% en Francia y Holanda, respectivamente).
Ahora bien, si atendemos a otras partidas de gasto social que debieran tener como destinatarias a personas y hogares en situación de pobreza o riesgo de exclusión social, y nos fijamos en su impacto sobre los niveles de renta y condiciones de vida de las mismas, el panorama se torna gris; porque difícilmente pueden conseguirse resultados potentes en esta materia cuando la mayor parte de las prestaciones monetarias para tal fin tan sólo suponen en torno al 30% de la renta mediana disponible; es decir, son insuficientes para situarlas por encima del umbral de pobreza (60% de la renta mediana).
Las razones que explican esta situación son diversas, tanto en adecuación y diseño de las prestaciones como en cobertura; pero, sobre todo, no podemos obviar que existe una carencia básica en materia de dotación presupuestaria.
En efecto, mientras que en España se destina el 1,6% del PIB a la suma de políticas contra la exclusión social, de familia (esencialmente, permisos de maternidad y paternidad) y de vivienda, la media de la UE-28 alcanza el 3,6%; esto es, dos puntos más. Francia destina el 4% y Holanda el 3,2%. Evidentemente, más allá de los problemas de diseño y eficiencia que, por otra parte, nadie puede negar, algo debe de explicar esa diferencia de asignación presupuestaria para dichas políticas habida cuenta de que, de equipararnos a la media europea, equivaldrían a algo más de 20.000 millones de euros al año.
En todo caso, la suma de insuficiencia presupuestaria e ineficiencias en el diseño y asignación dibujan un panorama desolador de concentración geográfica (en el sur), generacional (entre los jóvenes) y educativa (entre los menos formados) de la desigualdad con escasas perspectivas de solución a medio plazo si no mejoran tanto las condiciones cuantitativas y cualitativas en el mercado de trabajo como las políticas públicas para hacer frente a la desigualdad.
Esto nos lleva a otro de los elementos que también apunta el documento, y es que el grueso del proceso redistributivo se produce en el interior de la clase media: es de ésta de donde sale la mayor parte de los recursos en forma de impuestos y adonde llega la mayoría de las prestaciones, de forma que la redistribución se produce en el contorno de los deciles centrales de renta. Esta particularidad nos distancia de otras economías en las que el proceso redistributivo se produce desde los deciles superiores, incluidos las centrales, hacia los inferiores.
Las causas de esta especificidad son diversas y trascienden la extensión de esta nota, pero no debemos olvidar que nuestro Estado del Bienestar descansa, esencialmente, sobre la contributividad condicionada por la participación en el mercado de trabajo, y eso inclina la balanza hacia la mayor capacidad de presión política para exigir beneficios fiscales y sociales por parte de esas clases medias trabajadoras.
En definitiva, nunca está de más que se señale la necesidad de seguir avanzando en la lucha contra la desigualdad y se abra al debate público la forma de conseguirlo. Eso sí, teniendo siempre en cuenta que este problema se afronta no sólo con una mayor eficiencia en el gasto, sino también con mayor gasto. Tomemos nota para evitar olvidos.
