Como si no sucedieran suficientes cosas en la política argentina de los primeros días de 2020, la agenda mediática y las redes sociales del país han vuelto a girar en torno al caso del fiscal Alberto Nisman. Lo ha hecho tras el estreno en Netflix de
un documental sobre su muerte, a poco de cumplirse cinco años del suceso que conmocionó al país y terminó repercutiendo de manera central para que el candidato del oficialista Frente para la Victoria perdiera las elecciones y Mauricio Macri llegara al poder en 2015.
Nisman fue nombrado en 2004 por el presidente Néstor Kirchner al frente de una Fiscalía especial para que investigara el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (Amia), que se cobró 85 víctimas mortales y 300 heridos en 1994. Fue precedido por otro atentado en la Embajada de Israel en Buenos Aires, donde hubo 22 muertos y 242 heridos. Ambos hechos aún permanecen impunes e incluso los jueces de la causa original, así como también algunos servicios de inteligencia, fueron condenados por encubrimiento en 2004.
A partir de su nombramiento, Nisman se involucró de manera cada vez más fluida en el entramado de los servicios de inteligencia que operaban en la sombra con intenciones poco claras. En 2006, aseguró tener pruebas para acusar de manera directa a Hezbolá. La polémica se produjo cuando, en los primeros días de 2015, aseguró tener una denuncia que pondría tras las rejas a la entonces presidenta Cristina Kirchner, a su canciller Héctor Timerman y al secretario legal y técnico de la Presidencia, Carlos Zanini. Los acusaba de haber encubierto el atentado en complicidad con los supuestos autores iraníes, lo que se vinculaba a un memorándum firmado con la República Islámica en 2013, que había pasado por el Congreso.
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El día posterior a su muerte, el fiscal debía presentarse ante el mismo Congreso de la Nación con las pruebas de su grave denuncia. Acudirían a confrontarlo los acusados, que habían pedido que el evento fuera público y trasmitido por televisión. Supuestamente cercado por la expectativa de presentarse ante un país entero que estaba pendiente de sus afirmaciones, Nisman se suicidó en su departamento del coqueto barrio porteño de Puerto Madero. A partir de ahí, comenzaron las idas y venidas propias de una novela mezcla de Raymond Chandler con Graham Greene; donde
se involucra el poder político, judicial, mediático y los servicios de inteligencia.
En esta trama participaron personajes como Antonio
Jaime Stiusso, hombre que ingresó en los servicios de inteligencia en 1972, durante la dictadura del general Alejandro Agustín Lanusse. El espía se desempeñó en los gobiernos subsiguientes, tanto dictatoriales como democráticos. Fue director general de los servicios de Inteligencia argentinos durante 34 años.
Quien le habría prestado el arma con la que Nisman habría realizado su último acto fue Diego Lagormasino, un técnico informático de la Fiscalía de Nisman y con quien el fiscal compartía una cuenta de 600.000 dólares en el exterior. Es el único imputado por la muerte de su ex jefe.
Algunas cuestiones, a día de hoy, todavía siguen abiertas. ¿Por qué Nisman adelantó su vuelta de Europa, donde estaba con sus hijas, en plena feria judicial, para presentar la denuncia? ¿Qué había en las cajas de seguridad que su madre vació tres días después de la muerte, sin avisar a la fiscal del caso? ¿Quién le pagaba
por afuera al fiscal? ¿Quién es realmente Lagormasino? ¿De qué manera participaron los servicios secretos de Estados Unidos, Israel o Irán en los acontecimientos? Quizás nunca tengamos respuesta a estas preguntas.
Uno de los entrevistados del documental en cuestión es el actual presidente argentino, jefe de Gabinete durante el mandato de Néstor Kirchner. La nota data del año 2017, donde era muy poco probable que Alberto Fernández pudiera convertirse en presidente, y menos en una fórmula con Cristina Kirchner. Allí dice que "todavía" duda "de que Nisman se haya suicidado". En su momento, Fernández fue muy crítico con el memorándum con Irán, del cual la misma Kirchner hizo su autocrítica en
Sinceramente, su libro publicado el año pasado antes de la campaña electoral.
En el tablero geopolítico, el terrorismo sigue siendo uno de los principales problemas de los países centrales.
Argentina sufrió en 1994 uno de los atentados más cruentos del terrorismo internacional sin que aún se sepa quiénes fueron sus autores materiales e intelectuales. Por lo pronto, el interés tanto de Estados Unidos como de Israel es evitar que Irán y Argentina retomen sus relaciones; especialmente el segundo, ya que el país islámico es su principal rival en la región.
En un contexto internacional en el que el Gobierno necesita de manera imperiosa mantener buenas relaciones con Estados Unidos, Fernández no puede acercarse nuevamente a Teherán. Muestra de ello fue, tras algunas idas y venidas en diciembre pasado, la decisión de mantener a Hezbolá en la lista de grupos terroristas, a petición del Gobierno estadounidense. En aquel momento, el canciller Felipe Solá declaró que el Gobierno no iba a hacer nada que pudiera "traerle problemas" al país.
Hoy,
Alberto Fernández tiene una posibilidad histórica muy poco común: rectificar errores propios. Visto con la perspectiva del tiempo, la decisión de Néstor Kirchner de pedirle la renuncia a Gustavo Béliz al mismo tiempo que se apoyaba en Jaime Stiusso y el aparato de los servicios de inteligencia, demostró ser un error grave. Dentro del complejo contexto internacional que le toca al flamante Gobierno, se encuentra una región extremadamente compleja.
El espionaje y las fuerzas de seguridad, debido a su poder de fuego tanto real como figurado, tienen la capacidad de poner en jaque a la democracia.
La cuestión de cómo se resuelve el problema que comprende a los servicios de inteligencia sigue siendo una materia pendiente de la democracia argentina desde 1983 hasta la fecha. Durante los tiempos más oscuros del país, fueron parte del plan de desaparición forzada de personas. Tras la vuelta de la democracia, operaron tanto para los gobiernos de turno como para la CIA y los servicios estadounidenses.
El retorno de Gustavo Béliz al Gobierno, sumado a lo que el presidente expresó con contundencia en su discurso de apertura, indican que tomará cartas en el asunto. El abogado fue brevemente ministro del Interior durante la Presidencia de Carlos Menem a principios de los 90 y luego entre 2003 y 2004, durante el mandato de Néstor Kirchner. En ambos casos renunció: primero, denunciando la corrupción
menemista; luego, Kirchner pidió su cabeza porque expuso la cara de Stiusso en el
prime time de la televisión argentina.
Tras varios regresos esporádicos, Béliz volvió recientemente a establecerse en Argentina para sumarse primero a la campaña y, posteriormente, al Ejecutivo de Alberto Fernández. Fernández había sido el encargado de transmitirle en 2004 que debía abandonar el Gabinete. El actual secretario de Planeamiento Estratégico tiene además, lazos importantes con los Estados Unidos, país donde vivió tras decidir auto-exiliarse en aquella fecha. Esos vínculos pueden ser importantes a la hora de desenvolverse dentro del panorama que se encontrará.
La decisión política del presidente Fernández ha quedado clara: afrontar de una vez el estatus del aparato de inteligencia.
El entramado putrefacto que comprende la ligazón entre los servicios de inteligencia y sectores de la Justicia encargados de investigar la corrupción de los gobiernos debe ser destruido. De lo contrario, seguirá siendo una losa que pese sobre la democracia, tutelándola, trabajando por sus propios intereses, pero no por los de la Nación.
Es fácil pensar en los eventos como una ficción. Una nación llena de
loops borgianos donde los hechos se suceden una y otra vez y lo único que cambian son los contextos.
Parafraseando al mismo Jorge Luis Borges, tanto la muerte de Alberto Nisman como el atentado a la Amia contienen numerosos senderos que se bifurcan. Algunos de ellos aún permanecen inescrutables.
