Cuatro analistas identifican los retos que enfrenta América Latina en el ámbito de la libertad de expresión, las políticas de igualdad, la economía, la política y la democracia.
La libertad de expresión continuará siendo una preocupación mayor en América Latina. El número de periodistas asesinados en la región aumentó durante el año que acaba de terminar. En países como México, que vivió los 12 meses más violentos de su historia, buena parte de los medios de comunicación ha seguido siendo objeto de asedio de parte del crimen organizado, contribuyendo al crecimiento de un fenómeno de autocensura. Esta tendencia es particularmente visible a nivel local, donde la penetración del narcotráfico es mayor y donde los mecanismos de protección de periodistas puestos en marcha por el Gobierno no han dado buenos resultados.
Es también a nivel local donde es posible constatar un retroceso en materia de pluralismo; en particular, con la desaparición de líderes sociales. En Colombia, esta tendencia es particularmente visible en el movimiento sindical. Desde la elección de Iván Duque como presidente de la República, en 2018, el número de líderes de gremios asesinados o desaparecidos ha ido en aumento, contrariamente a lo dispuesto en los Acuerdos de Paz firmados en 2016 entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).
Ante la falta de soluciones institucionales a estas problemáticas, las calles volverán a ser el escenario de protestas masivas, como en Colombia, Ecuador o Chile, donde la violencia policial y militar fomentó una movilización popular inédita desde el fin de la dictadura militar. En Brasil, la situación es todavía más delicada, teniendo en cuenta que el propio presidente, Jaïr Bolsonaro, asume en primera línea las agresiones en contra de cualquier individuo u organización que cuestione las orientaciones de su Gobierno de extrema derecha. Esta política de hostigamiento es particularmente visible en el sector cultural, que ha sido objeto de una verdadera persecución por parte de las nuevas autoridades de Brasilia. Sin embargo, fue en Brasil donde se produjo el principal hecho periodístico de la región en 2019: las revelaciones del periodista Glenn Greenwald en torno a la condena del ex presidente Lula y las ilegalidades de la operación Lava Jato.
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Los mayores retos que tiene la posibilidad de implementación de una agenda de género para 2020 tienen que ver con tres cuestiones. Primero, con la extensión de la representación descriptiva a nivel nacional y, fundamentalmente, a nivel local en toda América Latina. Si bien hemos avanzado a 30 puntos porcentuales la representación legislativa nacional de las mujeres y más de 10 países tienen algún diseño vinculado a la paridad en el registro de candidaturas, resulta imposible que una agenda de género se implemente sin mujeres que la impulsen.
Segundo, con la revolución cultural que debe darse (y que se está dando) para que el hecho de que más mujeres accedan a la política no sólo se convierta en una cuestión de número, sino en cambios en las actitudes y en los comportamientos de quienes acceden al poder, de quienes les votan y de quienes se benefician de sus políticas.
Tercero, la representación descriptiva se tiene que convertir en representación sustantiva, es decir, los intereses y demandas de las mujeres deben ser un eje transversal de las políticas públicas nacionales y sub-nacionales; los Presupuestos deben estar etiquetados con perspectiva de género; el lenguaje debe ser incluyente, debe imperar la transversalización de la perspectiva de género en las instituciones que aún continúan reproduciendo asimetrías de género en el acceso y el ejercicio del poder.
Los tres grandes retos que enfrenta América Latina para este año son: primero, la marea de refugiados venezolanos: Venezuela, como Libia, está probablemente más allá de la reconstrucción nacional. Pero, a diferencia del país africano, que tiene unos pocos millones de habitantes, la migración masiva de venezolanos puede desestabilizar a los países vecinos. De hecho, grandes sectores de las sociedades colombiana y venezolana ya están integrados en una unidad simbiótica al margen de la ley. En cualquier momento, escándalos criminales, emergencias sanitarias o violencia xenófoba pudieren poner en riesgo la estabilidad política y la paz social en ésta u otras áreas de la región.
Segundo, la erosión estatal producida por el narcotráfico: los estados latinoamericanos han fracasado sistemáticamente en promover la integración regional, pero las organizaciones criminales están demostrando gran capacidad para superar los obstáculos que imponen la geografía y las fronteras estatales. El narcotráfico, en particular, constituye la mayor cadena regional de agregación de valor, habiendo deslocalizado las funciones de dirección, producción, transporte y venta. En México, el Estado ha perdido ostensiblemente la batalla, mientras que en Venezuela ha sido adquirido y en Colombia festeja el empate. Argentina y Brasil, donde la penetración del narco no llega a la cúpula, se arriesgan a convertirse en los próximos campos de batalla si sus economías no repuntan.
Tercero, la erosión democrática producida por la indignación ciudadana: el mundo vive la era de la rabia. En Oriente y Occidente, ciudadanos enardecidos salen a la calle para quemar cosas y derribar gobiernos. En América Latina, una vez pasado el boom de las commodities, las expectativas suben por el ascensor y la capacidad de satisfacerlas, por la escalera. La rabia popular es ambidiestra: se expresa contra Evo Morales y contra Sebastián Piñera. Algunos gobiernos caen, aunque la democracia en general resiste. Sin embargo, su nivel de apoyo se acerca a mínimos históricos. Si no se instrumentan pactos de elites con procesos redistributivos simultáneos, el futuro de la paz social y la estabilidad democrática estará en riesgo.
2019 cierra con un cuadro regional convulso, volátil e inestable. El crecimiento económico es anémico (un 0,1% de promedio); el ambiente social está crispado, con estallidos sociales en varios países; la pobreza ha vuelto a crecer, ubicándose en el 30,8% (Cepal, 2019) y se ha estancado la reducción de la desigualdad. Hay un profundo malestar con la política y desconfianza con las élites debido a la falta de resultados y a las promesas incumplidas, a lo que se suma la existencia de numerosos presidentes débiles, con baja popularidad y que no cuentan con suficiente apoyo parlamentario (Gobierno dividido). La suma de estos factores genera frustración y enojo ciudadano, coloca a la política bajo sospecha, disminuye el apoyo a los gobiernos, impacta negativamente en la calidad de la democracia, debilita la legitimidad de sus principales instituciones y complica en grado creciente la gobernabilidad.
¿Qué hacer?- Lo primero: estar preparados para un 2020 igual o incluso más complejo, convulso y volátil. Una economía que no crece, combinada con programas de ajuste, falta de resultados, alta desigualdad y un sistema político deslegitimado es una combinación letal. La ciudadanía ha perdido la paciencia, es menos tolerante con sus gobernantes y más exigente con sus derechos. Como bien acaba de advertir la OCDE, los gobiernos deben prepararse para dar respuesta a la mayor demanda y presión que vendrá de los sectores medios por bienes públicos universales de calidad y medidas más eficaces para promover la movilidad social.
Segundo, poner en marcha una agenda renovada estructurada en torno a tres objetivos prioritarios: uno, mejorar la calidad de la política y de la democracia, con el objetivo de recuperar la confianza ciudadana, aumentar los niveles de resiliencia y afianzar la gobernabilidad. Es prioritario modernizar y reforzar los partidos políticos y los congresos mediante la creación de nuevos vínculos con la ciudadanía para superar la crisis de representación. Dos, igualmente prioritario es fortalecer el Estado de derecho para garantizar seguridad jurídica y luchar eficazmente contra la corrupción y la impunidad. La democracia necesita de una gobernanza eficaz, transparente, que rinda cuentas y con capacidad de ofrecer a los ciudadanos políticas públicas de calidad. Por ello, la reforma del Estado es prioritaria ante el evidente rezago de la institucionalidad pública para gobernar sociedades cada vez más complejas, modernas, empoderadas e hiper-conectadas. y tres, recuperar niveles adecuados y sostenibles de crecimiento económico. Para ello, es necesario incrementar la productividad y la competitividad, aumentar la inversión, apostar fuerte en educación, innovación e infraestructura y mejorar el clima de negocios. Todo lo anterior debe venir acompañado de un buen manejo macroeconómico, una diversificación de la estructura productiva y una atención prioritaria a la sostenibilidad social y ambiental.
Finalmente, negociar un nuevo contrato social que tenga como norte blindar los avances sociales, continuar reduciendo la pobreza y la desigualdad y avanzar en el cumplimiento de la Agenda 2030, para garantizar una ciudadanía con pleno disfrute de sus derechos.
Ésta es la agenda que necesitamos debatir y poner en marcha con urgencia. Una agenda que mejore la calidad de las democracias, fortalezca su resiliencia y afiance la gobernabilidad para navegar en tiempos turbulentos y de alta incertidumbre.
