La crisis social que sufre Chile ha acaparado portadas de medios nacionales e internacionales: destrucción de infraestructuras privadas y públicas, comercios saqueados, bloqueos al libre desplazamiento y huelgas en servicios públicos han sido algunas de las imágenes más compartidas. Una escalada de protestas y altercados no vistos desde la transición democrática de 1990 que ha sumido al país andino en una fase de turbulencias y caos. La raíz de las protestas, apunta Rossana Castiglio, va más allá del simple aumento del precio del billete del suburbano; es la combinación de tres factores: la precarización de la clase media, la desigualdad y la existencia de una estructura institucional y una Constitución diseñadas en la dictadura. A todo ello, cabe sumar la declaración del estado de excepción del 18 al 22 de octubre; un intento de apagar el fuego con gasolina.
La miríada de protestas se intentó apaciguar con la formalización del Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución del 15 de noviembre. Aglutinando fuerzas políticas de casi todo el espectro, como resalta Marcelo Mella Polanco, el objetivo fue "buscar una salida institucional a la polarización y la crisis social". Su repercusión económica, sin embargo, va a ser mucho más difícil de gestionar.
Algunos medios estiman unas pérdidas de 1.500 millones de dólares por daños ocasionados a empresas privadas y más de 4.500 millones en infraestructuras públicas. El indicador mensual de actividad económica cayó un 3,4% en octubre con respecto al mismo mes del año anterior el descenso más abrupto en 10 años, amortiguado por el buen comportamiento del sector de la minería. En términos desestacionalizados, el indicador se contrajo un 5,4% con respecto a septiembre (véase Figura 1). La contracción ha afectado principalmente a actividades del sector servicios tales como restauración, pernoctaciones, transporte, servicios empresariales y educación.
La Bolsa de Comercio de Santiago también se ha visto realmente perjudicada. El Índice de Precio Selectivo de Acciones (IPSA), el principal índice bursátil de Chile, elaborado por la Bolsa de Santiago, cayó más de un 15% del 17 de octubre (máxima cota alcanzada desde abril) al 13 de noviembre (mínimo anual). Desde entonces, ha estado sujeto a una continua y contundente volatilidad (véase Figura 2). Casi dos meses después del inicio de las protestas, los economistas empiezan a plantearse hasta qué punto las consecuencias inherentes a la inestabilidad podrían llegar a ser irreversibles.
El pasado día 5 de diciembre, el presidente del Banco Central de Chile, Mario Marcel, ofreció junto a Elías Albagli (gerente de la División Política Monetaria) una rueda de prensa en la que resumía la situación, así como las acciones que se tomarán desde la política monetaria para intentar paliar estos efectos negativos. En primer lugar, observan una contracción económica que, si bien creen que no se materializará en una situación de recesión técnica, sí está recayendo fuertemente sobre la demanda de trabajo. Un 60% de las empresas anticipa una reducción de personal en los próximos meses, y la tasa de desempleo puede alcanzar el 10% a inicios de 2020 (casi tres puntos porcentuales superior al dato de septiembre). Además, el Banco Central ha revisado sus pronósticos de crecimiento del país, relegándolo al 1% en 2019, que es casi un tercio del pronosticado a comienzos del año.
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Por su parte, el sistema financiero también sufre las consecuencias: los tipos de interés han aumentado debido a la escasez de liquidez y, como resultado, se han deteriorado las condiciones financieras. Se han producido salidas masivas de capitales del país, traduciéndose en una gran depreciación del peso chileno (el dólar se ha intercambiado en varias sesiones por más de 800 pesos, niveles no vistos en los últimos 20 años). Ante la amenaza de una contracción económica, los inversores internacionales están tomando precauciones para que la menor parte de sus activos sufra las consecuencias. La secuela económica de la inusitada depreciación del peso (véase la Figura 3) ha sido el crecimiento de los precios al consumo.
El Banco Central de Chile, creado en 1925 para "dotar al país de una institución que estabilice la moneda y regule las tasas de intereses y descuentos, para evitar perturbaciones en el desenvolvimiento industrial y financiero de la Nación y fomentar su progreso económico" (véase este artículo), tiene como objetivo actual de política monetaria alcanzar un 3% de inflación en un horizonte de 24 meses. Las estimaciones del IPC han sido corregidas al alza y se estima que esta cifra se acerque al 4% en el segundo y tercer trimestres del próximo año.
El motivo principal, como se ha esgrimido, es el dólar estadounidense. El dólar es una moneda dominante en las transacciones internacionales, y muchos flujos comerciales tienen sus precios denominados en esta divisa (aunque Estados Unidos no forme parte del intercambio). Esto hace que la economía doméstica chilena sufra presiones inflacionarias cuando el dólar se aprecia con respecto al peso (se encuentre o no acompañada de una depreciación del tipo de cambio nominal efectivo de éste con respecto al resto de sus socios comerciales). Es decir, Chile es especialmente sensible a cambios en la divisa norteamericana no sólo por las relaciones comerciales con este país, sino también por el extendido uso de esta divisa para transar con otros países e incluso en la propia economía doméstica. De este modo, esta variación del tipo de cambio (apreciación del dólar) se traspasa a los precios, exacerbando aún más el frenazo económico.
Ante esta situación, la reacción de política monetaria por parte del Banco Central de Chile no se ha hecho esperar. Cuando se cumplen 20 años desde que el país adoptase un régimen de tipo de cambio flexible, el policy-mix monetario contará con programas especiales de liquidez, en forma de 'repos' y recompra de sus propios títulos de deuda, así como con intervenciones en el mercado cambiario. Esta institución activará swaps de divisas semanales mediante las cuales ofrecerá dólares americanos (hasta inyectar el montante de 20.000 millones de dólares) con el propósito de reducir la volatilidad en el tipo de cambio unilateral que viene sufriendo las últimas semanas, así como de abastecer la demanda y evitar una depreciación aún más acusada del peso. La cuantía es bastante significativa, al corresponder con casi la mitad de las reservas internacionales que posee el Banco Central de Chile.
Además, mantendrá la orientación expansiva del tipo de interés de política monetaria, ya inferior a la inflación, y contará con el apoyo de la política fiscal: el Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, también ha desplegado un plan de contención con medidas de estímulo, tales como la inversión en infraestructuras y el apoyo a las pymes y grandes empresas, dotado con 5.500 millones de dólares.
Al usar estas herramientas de política monetaria (provisión de liquidez e intervención en el mercado de tipos de cambio), el objetivo es claro: evitar la recesión técnica, que podría llegar a materializarse en el primer trimestre del próximo año. A tenor de la apreciación del peso chileno de los últimos días que se observaba en la Figura 3, parece que las medidas están surtiendo efecto, al lograrse no volver a rebasar la barrera psicológica de los 800 pesos por dólar. A su vez, la Reserva Federal estadounidense no tiene intención de incrementar los tipos de interés, blindando parcialmente la intervención del Banco Central de Chile y evitándole elevar la cuantía de sus intervenciones. No obstante, la moneda local aún se encuentra lejos de los niveles en los que estaba en octubre, antes del inicio de la inestabilidad.
Para Chile, es imperiosa la necesidad de recuperar la estabilidad en un contexto de guerra comercial en ciernes entre EE.UU. y China y las continuas turbulencias de otros países de Latinoamérica. Aunque el Banco Central cuenta con un colchón importante de reservas internacionales para intervenir en el mercado y el Gobierno tiene margen para la aplicación de políticas fiscales expansivas, una recesión podría agotar su margen de maniobra. La solución de los problemas subyacentes del país, origen de las protestas, pasa por un cambio estructural en el sistema productivo y, como argumenta el economista chileno Sebastián Edwards, por una reducción de las políticas neoliberales y la llegada de un "capitalismo más inclusivo".
