La COP25 ha marcado un antes y un después en la incorporación de las consideraciones sobre los efectos sociales en la agenda climática. La transición justa ha llegado para quedarse.
Aunque los resultados de esta Cumbre están lejos de ser tan ambiciosos como la situación requiere para impedir un cambio climático catastrófico, conviene no desdeñar algunos resultados de alcance político. En primer lugar, la vigencia del multilateralismo como instrumento para responder a los desafíos de nuestro mundo globalizado; más necesario que nunca en un momento en que potentes fuerzas tratan de debilitarlo, cuando no de eliminarlo.
[Con la colaboración de Red Eléctrica de España]?
En segundo lugar, la recuperación de un liderazgo que parecía perdido por parte de la Unión Europea que, tras la declaración de emergencia climática del Parlamento Europeo, ha venido a la Cumbre a expresar un compromiso de largo alcance para reducir a cero las emisiones en 2050 y, sobre todo, a presentar un plan de acción inmediato como el que representa el Green New Deal, adoptado por el Consejo Europeo. Si este Nuevo Acuerdo Verde no se queda sólo en un título, sino que se pone en marcha con los cientos de miles de millones de inversión que la situación requiere, representará realmente un movimiento de cambio de los sistemas productivos hacia una economía descarbonizada, abriendo un camino performativo para el resto del mundo.
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En lo que se refiere a contenidos, tampoco son desdeñables los avances respecto a océanos, género y transición justa. La inclusión de una agenda para los océanos ('Because the Oceans'), cuya situación es crítica, es una aportación decisiva a la solución de la crisis climática. Y cómo no resaltar el papel central de la agenda de género en las políticas de mitigación y adaptación para hacer frente al cambio climático, mediante la formulación de un nuevo Plan de Acción de Género (GAP, por sus siglas en inglés).
En relación a la transición justa, se reafirma el mandato del Acuerdo de París de tener en cuenta los imperativos de una reconversión o transición justa de la fuerza laboral y de la creación de empleos decentes y de calidad. Este concepto ha impregnado muchas decisiones de la COP25. Por ejemplo, en el plan de trabajo de medidas de respuesta para hacer frente al cambio climático, la transición justa se incluye en las actividades siguientes: la identificación de estrategias nacionales y buenas prácticas para la implementación de políticas de bajas emisiones; la promoción de las capacidades de las partes para analizar los impactos de la implementación de políticas de respuestas; la utilización de guías y marcos de actuación para asistir a las partes; el intercambio de experiencias regionales, nacionales y sectoriales.
Todas estas acciones y más son imprescindibles. No se podrá evitar un cambio climático catastrófico sin una transición energética que descarbonice la economía. No habrá transición energética sin justicia climática. Y no hay justicia climática sin transición justa.
La crisis ha dejado una sociedad herida: 200 millones de desempleados, 800 millones de pobres y una clase media empobrecida en un mundo desigual en el que 5.000 millones de personas no tienen acceso a la protección social. Es también una sociedad compleja y muy sensible a cualquier cambio del statu quo que entienda que puede perjudicar aún más su situación. A veces ese cambio se produce aplicando medidas que coinciden con demandas de la agenda climática para reducir las emisiones (aunque la intención política no fuera responder a esas demandas), como por ejemplo la eliminación de subvenciones a los combustibles fósiles, que provoca el aumento del precio de los carburantes y de los transportes. Fenómenos complejos como los 'chalecos amarillos' en Francia o las revueltas de las comunidades indígenas en Ecuador, por citar sólo dos ejemplos, muestran la imperiosa necesidad de incorporar criterios de transición justa en la transición energética. O se le da confianza a las poblaciones de que los posibles efectos adversos van a ser atendidos con criterios de justicia social, o la resistencia de la población será un obstáculo insalvable.
Ése es el sentido de la transición justa; eso es lo que la hace imprescindible. Significa protección social, lucha contra la pobreza, creación de muchos más empleos de los que se destruyen, formación continua y lucha contra todas las formas de discriminación y desigualdad social.
Entonces, ¿por qué la COP25 representa un antes y un después? Los resultados de la Cumbre han afirmado el carácter central de la transición justa en las negociaciones, en los textos finales y en las declaraciones de António Guterres, secretario general de Naciones Unidas, Guy Ryder, director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las ministras españolas Teresa Ribera y Magdalena Valerio y otros mandatarios y representantes de las organizaciones sindicales y empresariales que han venido a Madrid a reafirmar su compromiso con esta agenda. Conjuntamente, han presentado la Iniciativa de Acción Climática para el Empleo, adoptada en la pasada Cumbre Climática de Nueva York, a la que se han adherido ya 46 gobiernos de todo el mundo y que implica compromisos de adoptar planes nacionales de transición justa.
Ya existe una experiencia exitosa al respecto: la Estrategia de Transición Justa y el proceso de cierre de las minas y centrales térmicas del carbón en España. La presencia del Coro Minero de Turón en la COP25, todo un símbolo de las luchas mineras que han hecho historia, celebrando este proceso de cierre por haber sido desarrollado con criterios de transición justa es una imagen que vale más que mil palabras.
