16 de Diciembre de 2019, 20:48
En menos de dos semanas de haber tomado posesión, y en plena recta final de la COP 25, la nueva Comisión Europea presentó su hoja de ruta para el denominado Pacto Verde o Green Deal. La Presidenta solicitó al Vicepresidente Timmermans que lo presentara durante los primeros cien días, pero es evidente que, ante la emergencia climática, era urgente dar este paso presentado por la propia Von der Leyen como el "momento del hombre en la luna".
Con esta hoja de ruta, la Comisión sitúa la protección del sistema climático y del medio ambiente en el centro de la acción política. La propuesta recuerda a los Planes de Acción en Materia de Medio Ambiente de la UE, que han sido siete hasta el momento, pero convertido en plan de trabajo de esta nueva Comisión. El Pacto Verde Europeo impacta en la mayoría de las políticas de la UE tales como: agricultura y pesca, energía, transporte, medio ambiente, política comercial común, cohesión económica, social y territorial y protección de los consumidores, entre otras. Requiere que todas las actuaciones y políticas de la UE contribuyan a los objetivos del Pacto Verde Europeo. Por ello, se tendrán que poner en marcha una gran cantidad de medidas tanto de carácter legislativo, en algunos casos consistentes en la revisión de normas ya vigentes, lo que requerirá la aquiescencia tanto del Parlamento Europeo como del Consejo, como no legislativo. Todo ello afectará a prácticamente todos los sectores de actividad, incluido el sector financiero.
[Con la colaboración de Red Eléctrica de España]?
Pero esta hoja de ruta no parte de cero, integra también acciones y medidas en marcha como disociar el crecimiento económico del uso de los recursos. Esto no es nuevo, la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible celebrada en 2002 en Johannesburgo, Río+10, ya hizo un llamamiento en este sentido en su Plan de Implementación, pero que hasta ahora no se ha logrado.
Son muchas las medidas propuestas a destacar. Por una parte, al objeto de transformar la economía de la UE con miras a un futuro sostenible, propone que las emisiones de gases efecto invernadero se reduzcan para el año 2030 como mínimo en un 50% y llegar, si es posible, a un 55%. En la actualidad el compromiso de reducción es del 40%. Este incremento tiene como objetivo aumentar el nivel de ambición de la UE en su nueva contribución nacional determinada (NDC, en inglés) para la COP26 y así alcanzar en mejores condiciones la neutralidad climática en 2050. La reciente declaración de emergencia climática del Parlamento Europeo pide una reducción del 55% en 2030. Sin embargo, el escollo principal se encuentra en el seno del Consejo. Si bien en el último Consejo Europeo de diciembre de 2019, finalmente, países como Hungría, Polonia y República Checa han aceptado el objetivo de una Europa climáticamente neutra en 2050 a regañadientes, no están conformes con la cantidad asignada al Fondo de Transición Justa que se elevará a 100.000 millones de euros y pretenden que esta cifra aumente y se establezca claramente el reparto. Para empezar, el aumento del nivel de ambición requerirá que cuando en 2023 se inicie la actualización de los Planes Nacionales de Energía y Clima, que los Estados miembro están finalizando, se ajusten los objetivos para 2030. El actual borrador del Plan español fija una reducción del 21%.
La Comisión propondrá en marzo de 2020 una "Ley Climática", sin especificar si será un Reglamento o Directiva, pero tampoco partirá de cero así que la Comisión deberá tener en cuenta muchas de las normas ya existentes.
Asimismo, la Comisión propondrá un mecanismo de ajuste de carbono en frontera, conforme con las normas de la OMC. Recordemos que los Acuerdos Generales sobre Aranceles Aduaneros y Comercio y sobre Comercio de Servicios permiten excepciones al libre comercio cuando se trata de proteger el medio ambiente, siempre que se cumplan ciertas condiciones. Además, se revisará la Directiva sobre fiscalidad de la energía, pues es necesario alinear la imposición con los objetivos climáticos. Al mismo tiempo, se propone crear la atmósfera adecuada para que en los Estados miembro se acometan las reformas fiscales necesarias que acaben con las subvenciones a los combustibles fósiles y la presión fiscal sobre el trabajo pase a los productos y servicios que contaminan, algo que ya propuso la OCDE a mediados de los noventa.
Como parte de la economía circular, la Comisión Europea considera que debe prohibirse la exportación de residuos a terceros países. Por ejemplo, muchos de los residuos eléctricos y electrónicos generados en Europa van a parar a África donde en su mayoría acaban en vertederos, provocando graves impactos en la salud y el medio ambiente.
?[Recibe diariamente los análisis de más actualidad en tu correo electrónico o en tu teléfono a través de nuestro canal de Telegram]
Para impulsar la movilidad sostenible, entre otras medidas, la Comisión revisará el sistema actual de exenciones fiscales para los combustibles del transporte aéreo y marítimo. Para acabar con la contaminación, también revisará las normas de calidad del aire para alinearlas con las normas de la Organización Mundial de la Salud y fortalecerá las obligaciones relativas al control de los planes de calidad del aire, lo que requerirá que ayuntamientos como el de Madrid y Barcelona mejoren considerablemente sus medidas para hacer frente a la contaminación.
Ya se calculó que para alcanzar los objetivos climáticos actuales se necesitarán anualmente 260.000 millones de euros adicionales. Por ello, el sector financiero, tanto público como privado, tendrá que contribuir y facilitar la transición justa y la lucha contra el cambio climático. La Comisión presentará una estrategia de finanzas sostenibles renovada, así como una revisión de la Directiva de Divulgación de Información No Financiera que exige a grandes empresas como energéticas y del sector financiero y asegurador que informen anualmente sobre los riesgos climáticos tanto en sus cuentas anuales como en sus informes de gestión.
Las acciones propuestas abarcan también las políticas de investigación e innovación, educación y formación, por citar algunas.
Considerando la interdependencia ecológica de nuestro Planeta, hay que destacar las propuestas de la Comisión para continuar el liderazgo de la UE en materia climática y protección ambiental. En consecuencia, desarrollará una "diplomacia por el Pacto Verde", trabajando en varios frentes: G20, política de vecindad, y relaciones con China, África, Latinoamérica y Caribe y Asia y el Pacífico. Por ejemplo, impulsará que las instituciones financieras internacionales no ofrezca financiación para desarrollar infraestructura basada en los combustibles fósiles, como es la construcción de nuevas centrales de carbón. Asimismo, en futuros tratados comerciales con terceros países la Comisión propondrá que el respeto al Acuerdo de París sea un elemento fundamental.
Finalmente, la Comisión hace hincapié en la participación ciudadana para que Pacto Verde sea aceptado. Esto, sin duda, es fundamental para evitar conflictos como fue el surgimiento de los "chalecos amarillos" en Francia.
El Pacto Verde Europeo es un proyecto ambicioso que debe ponerse en marcha sin dilación para evitar un incremento de la temperatura por encima del 1,5º C y así permitir que se mantengan las condiciones necesarias para la vida en la Tierra. Esperemos que en esta ocasión el ejercicio político no se quede con su visión cortoplacista. Con la información que nos ha brindado la comunidad científica no es momento de mirarse al ombligo como ha sucedido en la COP25.
