Elecciones para una crisis de representación en Perú

El año que viene arrancará en Perú con una cita electoral. Tras la polémica disolución del Congreso en octubre pasado, aunque aplaudida por muchos, el presidente Martín Alberto Vizcarra convocó comicios congresuales extraordinarios, que se celebrarán el 26 de enero.

Este inesperado giro en el guión se puede leer como el resultado de varios factores. Por una parte, estas elecciones son algo así como la esperanza para su convocante. Vizcarra es, desde el punto de vista institucional, un presidente débil. Si bien cuenta con el férreo apoyo de las Fuerzas Armadas, como se apreció en los días posteriores al cierre del Congreso, carece de una bancada grande en el Congreso. Además, accedió a la Presidencia por un procedimiento de sustitución, tras la renuncia de Pedro Pablo Kucynski ante la amenaza de ser destituido por acusaciones de corrupción.

Pero, a la vez, su figura cuenta con altos niveles de popularidad (en torno al 80% en el mes que disolvió el Congreso). Unas elecciones pueden solucionar esta suerte de anomalía entre una cierta debilidad institucional y una fortaleza demoscópica.

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Sin embargo, parece que esta esperanza es, primero, infundada ya que el actual presidente no tiene un partido político para competir en las urnas. Segundo, también puede ser vana. Uno de los posibles escenarios es que en el nuevo Congreso entren los mismos partidos que formaron parte del saliente. Es difícil predecir la distribución específica de apoyos a estas formaciones, con un 40% que ha declarado su intención de votar nulo o encontrarse indeciso, y cuando las marcas partidistas parecen muy desgastadas y es poco el tiempo para que las nuevas se posicionen entre el electorado.

De la veintena de partidos que se presenta, sólo los antiguos, y quizá uno o dos más, superarían la valla electoral (5% a nivel nacional o seis representantes en más de una circunscripción electoral). De materializarse esta previsión, se perpetuaría el bloqueo salvo mejor capacidad negociadora que la demostrada hasta ahora por parte del Ejecutivo y del Legislativo; y, con ello, se reproduciría la incapacidad del presidente de avanzar en su agenda legislativa hasta 2021.

Por otra parte, esta convocatoria electoral es el resultado de una larga crisis de legitimidad de las instituciones. El Congreso de la República se ha diluido entre disputas inter e intra-partidistas y de los diputados con el Ejecutivo. En muchas ocasiones, la bancada fujimorista, la más numerosa, ha desgastado su marca por su falta de predisposición a la negociación. Todo ello ha impedido que se cumpla con la función de legislar de forma eficaz y eficiente.

Los poderes Judicial y el Ejecutivo tampoco han sido ajenos al descrédito por su rendimiento. Por lo que se refiere al segundo, su talón de Aquiles sería su poca capacidad, tantas veces citada, de ejecución presupuestaria, equiparable a la inacción.

Ante esta situación de descrédito y desconfianza, el castigo para el Congreso de la República es que los diputados hayan visto interrumpido su mandato. No es menos cierto que esta decisión ha recibido un fuerte respaldo de gran parte de la población. Además, quienes sean elegidos, tras una campaña meteórica e improvisada, lo serán para un mandato de apenas 18 meses, desde que los congresistas juren sus cargos hasta las elecciones de abril de 2021. Y como colofón, y en aplicación de lo aprobado por amplia mayoría en el referéndum de diciembre de 2018, los congresistas electos en 2020 no podrán presentarse a reelección en 2021, pese a no ser éste un mandato ordinario. Puede interpretarse como una invitación a que los primeros espadas de los partidos den un paso atrás a la espera de los siguientes comicios. Una medida que complica la muy quebradiza vida de algunos partidos peruanos, poco institucionalizados en sus procedimientos.

En tercer lugar, y no menos importante, esta convocatoria expresa una crisis de confianza hacia los integrantes de las diferentes instituciones y, especialmente, hacia la clase política y la cascada de casos de corrupción que les han asolado. Cuatro ex presidentes investigados, detenidos o condenados (Fujimori, Toledo, Humala y Kucynski), y un quinto que se quitó la vida en el momento de su detención constituyen un trago difícil de digerir para el ciudadano de cualquier país. A diario, las páginas de los periódicos están llenas de referencias a los procesos judiciales de los ex presidentes, así como los relativos a otras personalidades centrales en la vida política y partidista del país, como Keiko Fujimori o Susana Villarán. En este contexto, los medios de comunicación han hecho de amplificadores de la desconfianza y, en algunos casos, el tratamiento de estas informaciones ha contribuido a degradar la visión de la política y de los políticos que tienen muchos ciudadanos.

Los peruanos padecen un déficit de representación que ha desembocado, tras un período de descontento, en un hartazgo de gran magnitud. Perú no es una excepción en cuanto al malestar que agita a varios países de la región, aunque tenga sus propias especificidades. Colombia, Chile, Bolivia y, en menor medida, Ecuador han protagonizado de forma reciente escenificaciones masivas de descontento en sus calles, con niveles reseñables de violencia. Nicaragua y Venezuela viven también, desde hace mucho más tiempo, un clima de gran polarización social.

Mientras esto sucede en los países vecinos, el principal componente del descontento en Perú no se refiere ni a la administración electoral, ni a las políticas económicas ni son protestas contra algún tipo de caudillo con ansias de perpetuarse. En el país andino, lo que está sobre la mesa es, sobre todo, la discusión sobre el modo en que se conduce la clase política, la corrupción y el mal funcionamiento de las instituciones. La ausencia de conflictividad social se explicaría por el hecho de que muchos peruanos interpretan que el Ejecutivo está de su lado en esta crisis de representación.

El presidente ha hecho suya la reclamación de re-sintonizar con la ciudadanía, luchar contra la corrupción y fortalecer las instituciones, logrando con este discurso un gran nivel de apoyo ciudadano. Y es así como se llega a la decisión de disolver un Congreso para ¿fortalecerlo? Parece más un reto de lógica que una estrategia adecuada y democrática. Paradojas de la vida (o de la política, en este caso): aquél que busca la institucionalización produce con sus acciones el efecto inverso. Pero, llegados a este punto, se puede hacer de la necesidad virtud. Estos próximos meses son algo más que un compás de espera hasta las elecciones de 2021, y se utiliza para que los partidos se posicionen en unas inminentes elecciones singulares.

Los partidos pueden reflexionar sobre el modo en que cooptan a sus candidatos al Congreso y, en general, a los puestos de representación. El precio de designarlos sin mirar sus hojas de vida, sus propuestas y su trayectoria ha costado muy caro. Éste es uno de los desafíos a los que se enfrentan las organizaciones políticas; no sólo en Perú.

Al mismo tiempo, el país en su conjunto debe recelar de la inflación de expectativas respecto a las reformas de las instituciones. Los ciudadanos tienen derecho a conocer las bondades, pero también las limitaciones, de la ingeniería político-electoral, entre otras cosas. Esto no sucedió cuando se discutía la reforma aprobada meses atrás. La resintonización con los ciudadanos es un esfuerzo a muy largo plazo que necesita de algo más que cambios en el sistema electoral (por ejemplo, el abandono del voto preferencial), de la normativa de financiación en campañas o de las reglas para registrar y cancelar partidos, por citar algunos de los asuntos más debatidos y sobre cuyos efectos incluso la propia literatura especializada tiene visiones encontradas. Por ejemplo, se debería tener en cuenta que asfixiar el nacimiento de nuevos partidos no facilita la renovación del tablero político. Si las etiquetas partidistas están muy desgastadas y es muy difícil crear nuevas y/o acceder a representación, ¿cómo se va a superar la situación? Partidos, representantes políticos, encargados del diseño institucional, medios de comunicación y ciudadanos pueden hacer un ejercicio de responsabilidad para que no se ahonde en el hartazgo hacia la democracia y hacia sus instituciones.

Mientras tanto, en menos de dos meses Perú celebrará elecciones al Legislativo con un presidente que, aunque muy popular, carece de un partido que compita. No se puede descartar que los resultados prolonguen el bloqueo entre Ejecutivo y Legislativo.