Una gran coalición de derecha para Uruguay

Evidentemente, los resultados electorales se evalúan en función de las expectativas. El FA esperaba perder el balotaje por una diferencia clara –de entre seis y ocho puntos porcentuales- tal como pronosticaban las consultoras de opinión pública. ¿Cómo se explica que no se haya concretado? Podemos pensar en tres posibles explicaciones. La primera es que las empresas consultoras no dieron en el clavo. Pero es muy poco probable que semejante cosa haya ocurrido cuando las mismas empresas habían pronosticado con bastante precisión los resultados de la primera vuelta. Otra opción es que la campaña frenteamplista hubiera logrado remontar un escenario inicialmente adverso. Pero esto también resulta difícil de sostener porque hubiera sido un proceso gradual de cambio de opinión que debió haberse reflejado en las sucesivas mediciones de intención de voto. La hipótesis más plausible es que unas declaraciones de último momento y muy inconvenientes del candidato de la extrema derecha, convocando a los militares a votar a Lacalle, habrían producido un pequeño vuelco favorable para el candidato del Frente Amplio, aunque insuficiente para revertir el resultado.

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¿Podría haber ganado el Frente Amplio? Tal vez, pero ya desde hace algún tiempo todo indicaba que iba a perder. En primer lugar, porque en las democracias sanas hay alternancia y el FA llevaba ya tres periodos consecutivos de gobierno. En segundo lugar, porque diversos indicadores económicos y sociales empezaron a mostrar señales negativas durante el último periodo de gobierno de la izquierda: cierto estancamiento económico y, sobre todo, incremento del desempleo.
Finalmente, porque la inseguridad pública se ha vuelto crecientemente la principal preocupación ciudadana y el FA no ha logrado mostrarse efectivo en su combate.

Pero el retroceso del FA no fue capitalizado por los partidos tradicionales, a los que había desplazado del poder en 2005. Todos los partidos con representación legislativa sufrieron pérdidas, aunque de diversa magnitud. No sólo Blancos y Colorados perdieron votos, también los otros dos pequeños partidos, la Unidad Popular a la izquierda del FA perdió su diputado y el Partido Independiente a la derecha del FA perdió su senador y dos de sus tres diputados. El descontento con el gobierno se combinó con un descontento con el sistema, que condujo al sorpresivo suceso de un nuevo partido de ultra derecha. Aunque la estabilidad del sistema político uruguayo se destaca en el mundo, también sufre los impactos de la creciente desconfianza en la política y los políticos.
 
El espacio disponible para captar votos a la derecha del espectro ya había sido observado cuando otro partido de derecha, el Partido de la Gente, creado poco después de la elección anterior, había mostrado en las encuestas una intención de voto creciente y disputando el tercer lugar al PC. Pero a principios de este año, un grupo llamado Movimiento Social Artiguista (en alusión a Artigas, el héroe nacional de la independencia) -con una clara orientación de extrema derecha- postuló la candidatura presidencial del comandante en jefe del ejército, el General Manini, en el mismo momento en el que era destituido por el presidente Vázquez luego de reiterados conflictos. La Corte Electoral no aceptó la denominación original del movimiento por aludir a símbolos nacionales y finalmente se registró con el nombre de Cabildo Abierto. El nuevo partido, que oficialmente intentó desarrollar un discurso nacionalista y conservador aunque no extremista, logró captar la adhesión de militares, derechistas extremos y votantes de sectores bajos fuertemente preocupados por la inseguridad pública.

La primera vuelta electoral mostró cambios relevantes, aunque no extraordinarios en la trayectoria electoral del país. Por un lado, se verificó un pico de volatilidad, aunque sin llegar a los valores correspondientes a elecciones críticas en Uruguay (como el triunfo del PN en 1958, la creación del FA en 1971 o su triunfo en 2004). Los más de 14 puntos de volatilidad reflejan, a la vez, la caída de todos los partidos con representación legislativa y el repentino éxito del outsider de ultraderecha. Adicionalmente, y tal vez el movimiento más trascendente, la fragmentación del sistema de partidos creció significativamente. A partir del año próximo habrá siete partidos diferentes sentados en el Poder Legislativo y un número efectivo de partidos que supera 3,5. Por un lado, el partido del presidente cuenta apenas con un tercio de las bancas parlamentarias, lo que lo obliga a buscar acuerdos políticos. Por otro lado, el futuro opositor FA retiene más del 40% del Poder Legislativo, con lo que puede dificultar el accionar del gobierno.
 
Uruguay tendrá a partir del año próximo el Parlamento más fragmentado en la historia del país, lo que será el principal problema del nuevo gobierno. Los estudios sobre el presidencialismo han alertado acerca de las dificultades que genera para la gobernabilidad el multipartidismo y los reducidos contingentes legislativos presidenciales. Sin embargo, la literatura también ha mostrado que en semejantes condiciones los presidentes han logrado formar coaliciones que han facilitado la tarea de gobierno. El FA nunca lo necesitó, pero los partidos tradicionales uruguayos cuentan con experiencia en coaliciones.

El nuevo gobierno va a promover una inflexión en la orientación de las políticas públicas, que mostrarán seguramente un moderado giro a la derecha. Pero, para llevarlo adelante, el presidente electo deberá concretar la coalición de gobierno multicolor que pregonó durante toda la campaña, a partir de la alianza electoral que lo llevó a la victoria. Su principal aliado es el Partido Colorado, el otro partido tradicional uruguayo con quien los blancos ya han gobernado juntos. Pero a diferencia de aquellos gobiernos, ambos partidos no alcanzan la mayoría legislativa y deberán necesariamente incluir al nuevo partido de ultra derecha. Por el momento no resulta claro en qué condiciones el General Manini estará dispuesto a integrar el gobierno. Adicionalmente, el PI y el PG –que también cuenta con un diputado- formarán parte de la coalición. En cualquier caso, se tratará de una coalición muy heterogénea, cuya estabilidad dependerá sustancialmente de la evolución de la situación económico social y de la capacidad del gobierno para manejar tensiones y conflictos.

El principal obstáculo para que la coalición logre acuerdos amplios es el abultado déficit fiscal de cinco puntos del PIB que deberán reducir. No resultará fácil lograrlo si se tiene en cuenta el acuerdo muy genérico firmado por los socios de la coalición electoral que sostiene que no habrá ningún "retroceso" en materia social. El presidente electo tendrá que lograr acuerdos más específicos con los otros partidos en diversos aspectos. El plan es incluir todas las medidas acordadas en un único proyecto de ley que será promovido bajo la forma constitucional de "urgente consideración", que le da al Parlamento un plazo perentorio de 90 para su tratamiento. Pero no será simple conjugar visiones que tienen tonos claramente liberales en lo económico, con otras que se muestran más progresistas y estatistas y otras más que tienen acentos conservadoras y nacionalistas. La eventual aprobación de un paquete de medidas por la vía de la urgente consideración es una buena estrategia para ganar tiempo. Luego, la estabilidad de la coalición y la gobernabilidad dependerán de que se logren algunos resultados positivos en el corto plazo. Pero en el mediano plazo la coalición está destinada a disolverse a medida que el calendario comience a incluir la próxima elección en el orden del día.