A más de un mes del estallido social en Chile, se ha hecho evidente la distancia entre quienes gobiernan y la ciudadanía, que demanda mejoras sustanciales en términos de una agenda social. Las reformas necesarias se encuentran a menudo con escollos legales insalvables producto de la Constitución vigente, que data de la dictadura de Augusto Pinochet. La salida institucional viene de la mano de una nueva Constitución legítima.
Luego de constantes resistencias de las autoridades políticas, los partidos políticos suscribieron un Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución el 15 de noviembre pasado. No obstante, la protesta social no se ha calmado y se siguen produciendo actos violentos. La ciudadanía continúa movilizada debido a la ausencia de una propuesta de transformación social sustantiva y ante la sospecha que genera un acuerdo entre élites en un contexto de alta desconfianza en los partidos políticos y las instituciones. A pesar de todo, la última encuesta Cadem, de 25 de noviembre. recogió un 85% de apoyo a una nueva Constitución, un alza de tres puntos con respecto a la consulta de la semana anterior.
El acuerdo político entre la coalición de Gobierno y la oposición necesita empezar a definir la composición de una futura Convención Constituyente. Se han dado dos opciones: una Constitucional Mixta, compuesta por un 50% de parlamentarios y parlamentarias en ejercicio y el otro 50% por convencionales elegidos a tal efecto; u otra completamente electa. Sin embargo, el documento suscrito menciona que se usará la forma de elección de diputados nacionales, esto es, candidaturas en listas partidarias abiertas con método DHondt en distritos pequeños y medianos, y la prohibición de que más del 60% de las candidaturas de un partido sean de un mismo género.
Si no se modifica esta forma de elección, se corre el riesgo de terminar con una Convención con baja representatividad y poca legitimidad de cara a la ciudadanía. Y si hay algo que Chile no puede permitirse es otra Constitución con problemas de legitimidad de origen. En este contexto, presentamos un proyecto de elección de convencionales que tiene como objetivo aumentar la representatividad del órgano constituyente, a través de la inclusión de candidaturas extra-partidarias y de grupos históricamente desaventajados como las mujeres y los pueblos originarios.
Las características de este cuerpo colegiado requieren, en primer lugar, de una representación demográfica cabal de la ciudadanía, por lo que igualar en número a la Cámara de Diputados queda un tanto estrecho para dar cuenta de la expansión demográfica y de las necesidades de una diversificación real de la Convención. Nuestra propuesta contempla la ampliación del número de la Convención equivalente al modelo clásico de la raíz cúbica de la población, empleado hace muchos años para determinar una estimación del total de representantes de un Congreso. De acuerdo a la proyección demográfica, hoy Chile tiene 19 millones de habitantes, y la raíz cúbica equivaldría a 266 personas.
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Es importante que los partidos políticos comprendan que la elección de un órgano constitucional no es como cualquier otra, sino constituyente, por lo que el principio que hay que priorizar es la representatividad. Esto se logra reflejando la composición diversa de la sociedad chilena y la integración de grupos históricamente relegados. Resulta preocupante ver cómo las élites políticas, en especial las de la coalición gobernante, se niegan a discutir el tamaño de la Convención, la paridad de género y la incorporación de candidaturas ciudadanas, e insisten en un mecanismo de elección que haría que la composición de la Convención no difiriera mucho del Congreso actual.
Tomando en consideración este principio rector, proponemos generar un sistema mixto de escrutinios paralelos: por un lado, 155 escaños con el sistema vigente (proporcional moderado) para listas partidarias; y, por otro, 111 con una innovación electoral basada en el voto único no transferible para candidaturas independientes en distritos de múltiples representantes. El sistema establece la posibilidad de que el electorado sufrague dos votos, uno por lista de partido y otro por candidatura independiente. Los asientos asignables a los primeros se reparten proporcionalmente, tendiendo a un resultado paritario y de representación de pueblos originarios; los de los segundos se distribuyen teniendo en cuenta escaños reservados paritarios para las mujeres y proporcionales para los pueblos originarios.
Al igual que toda América Latina, Chile posee problemas relativos a las altas concentraciones demográficas en las regiones metropolitanas, particularmente en su capital, Santiago, por lo que es la región que tendrá la mayor cantidad de representantes a la Convención Constituyente. Si bien la concentración de poder es evidente, nuestra propuesta intenta equilibrar las desigualdades territoriales sub-representando la Región Metropolitana y ampliando, de esta forma, el eco de las voces de las personas en otros territorios del país.
Sin duda, el exacerbado centralismo chileno deberá ser materia de la discusión constitucional. No es casual que quienes lograron interpretar mejor el malestar ciudadano en las primeras semanas de las protestas y movilizaciones ciudadanas hayan sido los alcaldes y alcaldesas. Chile debe tomarse en serio un proceso de descentralización que distribuya poder político, autoridad, responsabilidades y recursos a los ámbitos locales y regionales como una forma de que la política y la ciudadanía puedan reencontrarse.
A pesar de la premura y la coyuntura política accidentada de Chile, la discusión sobre una nueva Constitución se ha vuelto ineludible. Es más, hace algunos años Michelle Bachelet la intentó concluir, pero fracasó ante una demanda que aún no se consolidaba en el ideario ciudadano. Somos conscientes de la radicalidad de las posturas, pero también nos genera esperanza que la conjunción de la Academia, la política y la sociedad podrá generar resultados virtuosos para establecer las bases de un nuevo país.
Emprender un proyecto constituyente en esta coyuntura tan incierta constituye una misión difícil, pero es, a la vez, una responsabilidad histórica ineludible.
