La Administración de Donald Trump continúa dependiendo en gran medida de la política de sanciones para enfrentar la crisis en Venezuela. La
orden ejecutiva firmada por el presidente Trump en agosto de 2019, inicialmente percibida como un embargo, fue interpretada por expertos como una medida de protección de los activos que serán vitales en un futuro gobierno de transición.
En el escenario de una transición negociada se necesitarán todos los recursos disponibles para enfrentar adecuadamente la grave situación financiera en la que, con toda seguridad, se encontrará el país una vez la democracia sea restablecida.
El incrementalismo de las sanciones económicas impuestas por Estados, Canadá y la Unión Europea, y su capacidad para fracturar la alianza Maduro-Militares, se ha puesto a prueba una y otra vez. En una serie de medidas impuestas por la administración Trump (el gobierno más activo en esta política), la presión finalmente ha llegado a Nicolás Maduro y su círculo íntimo. Sin embargo,
la expectativa de que la oferta de levantar las sanciones a quienes abandonen el régimen (como el general Manuel Cristopher Figuera, quien rompió filas con el presidente Maduro a principios de este año) podría llevar a la división prometida en el régimen, no ha tenido éxito. El endurecimiento de las sanciones no ha provocado una sacudida importante dentro del régimen o entre los militares.
Las persistentes medidas de bloqueo tomadas contra Maduro y su capacidad para impulsar el cambio se han recibido con escepticismo. Esta política ha suscitado serias preocupaciones sobre el impacto que está teniendo en una situación de crisis humanitaria.
El hecho de que los miembros de más alto rango del régimen se encuentren sancionados no ha provocado el esperado efecto cascada dentro de la institución militar de romper filas con Maduro, lo que indica que la promesa de levantar dichas medidas no se percibe como incentivo para abandonar el poder. Además, la eliminación de las sanciones y la promesa de amnistía no deben interpretarse como una garantía de impunidad en relación con la violación de los derechos humanos. La oferta de amnistía hace referencia al perdón sobre las responsabilidades en materia civil, penal, administrativa, disciplinaria o impositiva, pero no exime de responsabilidades en la comisión de delitos de lesa humanidad. Del mismo modo, con la salida de Maduro tampoco hay garantías de continuar gozando de privilegios o de mantener el control sobre las lucrativas actividades económicas que han logrado asegurar bajo este régimen.
Este patrón de sanciones individuales y económicas ha arrinconado tanto a Maduro como a los militares, obligándolos a mantener su alianza. Sin embargo,
a diferencia del resto de la población que carece de los mecanismos para evadir los efectos de estas medidas, y que está sufriendo las consecuencias, Maduro ha encontrado formas de sortear la asfixia financiera con la ayuda de países como Turquía y Rusia.
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¿Cómo ha logrado Maduro resistir la crisis? La economía en Venezuela comenzó a mostrar signos preocupantes antes del fallecimiento de Hugo Chávez. Los altos precios del petróleo no disuadieron a su gobierno de buscar financiamiento externo, con China y Rusia principalmente, mientras continuaba aumentando la
deuda interna y el gasto público sin ninguna previsión para el futuro. La persistente política de nacionalización y estatización, combinada con los altos niveles de gasto social, contribuyeron a debilitar la estructura económica del país y a aumentar su red clientelar. Por otra parte,
informes de las organizaciones empresariales muestran que cuatro quintos de las empresas en el país han cerrado desde que el chavismo llegó al poder en 1999, siendo precisamente esta política considerada como una de las causas de la crisis humanitaria que vive el país.
Maduro ha resistido esta crítica situación económica y humanitaria gracias al apoyo inquebrantable que las fuerzas armadas continúan ofreciéndole, y también a la revolución de Chávez, que se puede resumir en poder, recursos e inmunidad. A pesar de los múltiples episodios de golpes de estado fallidos o atentados contra Maduro, el respaldo militar se mantiene sin mostrar signos de cambio.
Este apoyo solo podría explicarse por los cambios estructurales que Hugo Chávez promovió dentro de las fuerzas armadas.
La institución transformó su misión central para asumir el papel de actor en apoyo a la revolución bolivariana, ya que Chávez relacionó exitosamente a los militares con el PSUV. El temor a un ataque militar liderado por Estados Unidos presionó a Chávez para tomar medidas que asegurarán una enérgica respuesta militar. Sin embargo,
fue la búsqueda de un fuerte control del poder bajo la tutela de los militares lo que estaba en la base de la política formulada por Chávez. A cambio, ciertas funciones estatales fueron entregadas a las fuerzas armadas y se ofrecieron oportunidades comerciales muy lucrativas. El Estado incluso ha tolerado actividades económicas ilícitas (como el tráfico de drogas y el contrabando) y otras actividades de búsqueda de renta. En última instancia, la necesidad del Estado de construir un bloque cohesivo con los militares fue parte del consejo y la estrategia originada en el régimen cubano, como han revelado
algunos exfuncionarios.
La reacción al informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y las continuas sanciones de los Estados Unidos y otros gobiernos, aunque han llevado al aislamiento del régimen de Maduro, no han sido suficientes para provocar una fractura en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es posible vincular la naturaleza de un ejército altamente jerarquizado con fuertes vínculos con el gobierno y el partido político gobernante, con su incapacidad para romper filas con el régimen.
Los militares han optado por permanecer del lado del gobierno, indicando desconfianza ante la promesa de un tratamiento más tolerante, pero aún más, por temor a represalias. Ciertamente, casos como el asesinato, mientras estaba bajo custodia policial, del oficial retirado de la Marina,
Cap. Rafael Acosta Arévalo, desalienta a otros miembros de la FANB que se encuentran en desacuerdo con el régimen.
Esto plantea otra pregunta inevitable: ¿La alianza de Maduro con los militares es: lealtad o conveniencia?
En el análisis de la naturaleza de las relaciones entre civiles y militares bajo Maduro, no se debe pasar por alto la conexión con el proyecto político iniciado por Hugo Chávez.
La intersección de los militares y la administración pública ha sido la base de un nuevo pacto social que condujo a la militarización del Estado. Esta relación es la salvaguarda que le permite a Maduro permanecer en el poder.
Mientras la única opción para Maduro y los militares sea dejar el poder sin impunidad ni garantías económicas, ambos actores harán todo lo posible para preservar la coalición.
La intrincada red de actividades económicas dirigidas por el Estado y el consecuente apoyo de organizaciones asociadas a actividades criminales, representan un futuro más lucrativo para Maduro y los militares que la alternativa de perder el poder. A pesar de la gravedad de la crisis en Venezuela (y recientemente en el resto de Latinoamérica), en el país se percibe que la confianza en el apoyo militar a Maduro se mantendrá mientras que la contraoferta continúe siendo un frágil acuerdo de amnistía y ostracismo.
Para romper el estancamiento en la negociación de un acuerdo político para una transición democrática en Venezuela, será necesario ofrecer una salida que implique un resultado diferente del escenario actual que enfrentan Maduro y los militares, y esto tendrá un costo político para ambos, chavismo y oposición. La renuencia de los militares a tomar la amnistía ofrecida por el presidente del parlamento venezolano, Juan Guaidó, sugiere que la Oposición necesita elevar su oferta y que se necesitará más que eso para llevarlos a la idea de abandonar las oportunidades económicas, los puestos privilegiados en la administración pública y el control del poder del que actualmente disfrutan.
No existe un acuerdo ideal, solo existe el mejor resultado posible y, en las circunstancias actuales, la crisis humanitaria exige sacrificios de todos los involucrados en la búsqueda del fin de esta catástrofe humanitaria. Las conversaciones entre la Oposición y el régimen de Maduro han tenido muchos enemigos, internos y externos. El fracaso de la mediación de Noruega no solo ha profundizado una crisis ya devastadora, sino que podría también estar allanando el camino para una transición militar que se presente como una alternativa "estabilizadora" si Maduro persiste en aferrarse al poder.
