Las elecciones municipales y departamentales celebradas el pasado 27 de octubre reafirmaron una tendencia que el sistema de partidos colombiano viene experimentando desde el año 2000: a pesar de no haber sufrido un colapso, como sí ha ocurrido en otros casos como el peruano o venezolano, muestra signos evidentes de un proceso de desinstitucionalización que parece no detenerse.
No hubo colapso porque aun cuando los partidos Liberal y Conservador, que otrora fueron los ejes mismos del sistema, perdieron su posición predominante y han abandonado sus aspiraciones a la Presidencia, continúan siendo importantes actores desde el punto de vista local y regional. Esto no sólo se manifiesta en su presencia en gobiernos sub-nacionales, sino también en su relevancia tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes.
Por el contrario, la profunda desinstitucionalización experimentada por el sistema (evidenciada por una alta volatilidad electoral, baja identificación partidaria y organizaciones partidarias endebles) produjo un efecto multiplicador de las etiquetas que compiten en los comicios. Éstas comenzaron a ganar espacio desde mediados de la década pasada, engrosando sus filas, en buena medida, gracias a la defección de un notable número de destacados líderes de los partidos tradicionales. Sin embargo, a pesar de su crecimiento no lograron ofrecer un nuevo punto de equilibrio al sistema.
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Esto es, en parte, el resultado de la debilidad orgánica que han venido mostrando desde su surgimiento. De hecho, salvo en el caso del Congreso, en el que exhibieron una relativa cohesión (que no se replicó en la corporaciones sub-nacionales) como consecuencia de la Ley de Bancadas, suelen no ser más que confederaciones de dirigentes políticos locales que se asocian en una sigla partidaria durante las elecciones para cumplir con los requisitos que exige el ordenamiento constitucional. Es ésta la caracterización que describe mejor al partido promedio colombiano.
A pesar de que estas etiquetas son fundamentales desde el punto de vista de la agregación de los votos, el centro de gravedad de la política electoral suele no centrarse en las instancias partidarias, sino en las organizaciones propias de los dirigentes que cruzan con facilidad las fronteras de los partidos, teniendo frecuentemente presencia en más de uno de ellos; especialmente, cuando se hace referencia a la política sub-nacional.
En este último ámbito, son pocos los partidos capaces de articular armoniosamente el trabajo desde un punto de vista de centro-periferia; y cuando sucede son, normalmente, fuerzas pequeñas con agendas muy precisas las que lo consiguen, como son los partidos pentecostales y algunos de izquierdas.
La mayor parte, por el contrario, funciona bajo un esquema que bien podría denominarse como de franquicias electorales, entre las que no son pocos los casos en los que, literalmente, se venden los avales para poder lanzar candidaturas.
Cabe señalar que las reformas electorales (Reforma Política de 2003, con correcciones introducidas en 2009) que pretendían estabilizar al sistema, y que lograron introducir algo de orden desde el punto de vista de la competencia partidaria en el nivel nacional, no alcanzaron un correlato en el municipal y departamental. No sólo no consiguieron revertir la tendencia a la fragmentación y la intensidad de la competencia intra-partidista, sino que, especialmente en los municipios más pequeños, produjeron los efectos inversos, especialmente en los municipios más pequeños.
Dentro de este marco, una revisión preliminar de los datos en estas últimas elecciones parece confirmar que ambos procesos continúan profundizándose como consecuencia del surgimiento de nuevos partidos, como Colombia Renaciente, y una mayor presencia de partidos de origen étnico, que obtienen personalidad jurídica ganando curules en las circunscripciones especiales afro e indígena en el Congreso. El resultado, como muestran los datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, es un mapa multicolor caracterizado por un bajo nivel de congruencia con lo que ocurre a escala nacional; especialmente, cuando la atención se desplaza de los grandes centros urbanos al grueso de los municipios.
Del diagnóstico genérico al hecho particular
Cuando se salta desde un enfoque más genérico a las especificidades de la última elección, el primer punto que puede destacarse es una compleja telaraña de coaliciones (ver gráficos 1 y 2) que muestra la singularidad del panorama. De hecho, más de 400 alcaldías, sobre un total de alrededor de 1.100, no fueron ganadas por un partido específico, sino por alianzas electorales que articularon a parte de la dirigencia local de cada uno de ellos. A través de esta herramienta, las élites municipales y departamentales encontraron una forma eficiente de estructurar las facciones que remplazaron a la formación de Grupos Significativos de Ciudadanos, o candidaturas lanzadas mediante la recolección de firmas.
Sin embargo, cabe resaltar que no todas las listas a corporaciones locales (asambleas departamentales y concejos municipales) apoyaron a los candidatos de su coalición a gobernaciones y alcaldías. De hecho, como suele suceder, éstas tendieron a fracturarse, produciéndose apoyos parciales y cruzados.
Esta dinámica hace evidente que la desinstitucionalización del sistema partidario no es sinónimo de la ausencia de patrones de representación y de comportamiento electoral. Si bien la evidencia permite intuir que es la articulación de élites locales 'de facto' y no las 'etiquetas formales' la que genera esos patrones, los partidos no carecen completamente de relevancia. De ser así, no podría explicarse la centralidad ocupada a la hora de la formación de coaliciones de los partidos Liberal, de la U, Cambio Radical (algunos de los que mejor se ajustan a la definición de franquicia) y, aunque en menor medida, aquéllos de origen étnico. Estos muestran, además, una evidente ductilidad a la hora de coaligarse con otro tipo de fuerzas como el Partido Conservador y el Centro Democrático, a la derecha, y la Alianza Verde en el centro-centro izquierda.
Finalmente, partidos con posiciones doctrinarias más consistentes como Mira y Colombia Justa Libres (a la derecha) y el Polo Democrático, Colombia Humana y la FARC (a la izquierda) muestran un menú de coaliciones mucho más limitado y vinculado a fuerzas con las que comparten una menor distancia ideológica.
También es importante mencionar que los resultados sub-nacionales manifiestan muy poca congruencia con los nacionales, y estas elecciones no fueron la excepción. Excluyendo un puñado de grandes centros urbanos donde son razonablemente comparables, son notables las diferencias en la mayor parte de los municipios entre ambos comicios.
Esto no sólo se debe a que los niveles de participación tradicionalmente crecen en este tipo de elección, sino también a que la dinámica de las coaliciones locales es significativamente distinta a las de las nacionales; especialmente si se hace referencia a la elección presidencial.
Dinámicas locales que dejan cicatrices en el ámbito nacional
El escenario previamente mencionado nos muestra que, si bien se pueden proyectar algunos efectos sobre la política nacional, especialmente desde un punto de vista psicológico, el resultado de estos comicios es fundamentalmente local. Esta dinámica hace que sea difícil calcular fácilmente ganadores y perdedores genéricos, más allá de cada uno de los distritos. Y aun cuando éstos sin duda existen, la derrota en este tipo de elección deja cicatrices, pero difícilmente heridas mortales.
Hace cuatro años, las fuerzas que apoyaban los acuerdos de paz obtuvieron un predominio territorial apabullante. Esto, sin embargo, no materializó un apoyo macizo al sí en el plebiscito de 2006. En estas elecciones, las fuerzas más exitosas de las pasadas contiendas nacionales tuvieron un resultado amargo o agridulce: el Gobierno nacional y su partido perdieron, particularmente en su apuesta por controlar los principales cargos de su baluarte electoral, el departamento de Antioquia y el municipio de Medellín. El senador Gustavo Petro, que venía de obtener un resultado notable en la segunda vuelta presidencial y pretendía fortalecer sus aspiraciones con vistas a 2022, también fue derrotado en su principal apuesta, la Alcaldía de Bogotá, y no logró que su partido, Colombia Humana, se consolidara en regiones en las que el año pasado había alcanzadoí una cómoda victoria.
Por su parte, Sergio Fajardo, ex candidato presidencial y muy probable candidato en 2022, no tuvo buenos resultados en varias de sus apuestas (por ejemplo, Alejandro Eder en Cali), aunque logró neutralizarlos con la victoria de Claudia López a la Alcaldía de Bogotá; aunque vale la pena resaltar que el éxito en la capital de López (quien cuenta claramente con su propio capital político) no es atribuible al apoyo de Fajardo.
Un saldo claramente positivo obtuvieron, por el contrario, la gobernadora del Valle del Cauca Dilian Toro (que logró que se eligiera a su sucesora con más de 945.000 votos) y el alcalde de Barranquilla Alejando Char (quien consiguió que sus aliados para la gobernación del Atlántico y la Alcaldía de esa ciudad fueran cómodamente elegidos). Con estos resultados, ambos políticos regionales cimentaron una sólida posición como actores clave para las próximas presidenciales, ya sea como candidatos o como apoyos esenciales para alcanzar el triunfo.
Puede aseverarse que aun cuando este tipo de comicios pueda producir tanto el lanzamiento como el hundimiento de nuevos liderazgos, el intento de predecir lo que pueda suceder en las próximas elecciones difícilmente pueda partir de aquí.
