21 de Octubre de 2019, 22:26
Fue un gol para Nicolás Maduro, uno más para blindarse, permanecer en el Gobierno el máximo tiempo posible y ganar la lucha de poder contra el presidente opositor Juan Guaidó, cuyas posibilidades de "derrocar al régimen usurpador" se han desvanecido. A pesar de que éste cuenta con el respaldo de más de 50 países, el tiempo juega a favor del régimen que, ante su absoluta incapacidad de resolver aunque sea alguno de los gravísimos problemas que afligen el país, se ha volcado hacia la más gratificante diplomacia internacional en Naciones Unidas, donde juega al lado de los países del Sur contra EE.UU. y su rival Guaidó.
El 17 de octubre, la Venezuela de Maduro ganó un asiento en el Consejo de Derechos Humanos en la Asamblea General de Naciones Unidas (Agnu) para 2020-2022, con 105 votos frente a sólo 96 para Costa Rica. El hecho de que 105 países respaldaran a la primera y no a la segunda, la candidata de EE.UU., refleja un cambio a favor de China, India, Rusia y otras potencias emergentes que dominan la Agnu, que terminó por elegir a Venezuela y a Brasil para el Consejo de Derechos Humanos.
La decisión confirmó, una vez más, la politización de una institución cuyos miembros dan más importancia al anti-americanismo que a su propia razón de ser: los derechos humanos. Contradice también su propia Resolución 39/1, que pidió un informe sobre Venezuela a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michele Bachelet.
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En dicho informe, publicado en julio de 2019, se evidencian las graves violaciones no sólo de derechos políticos como la libertad de expresión, reunión y oposición (incluyendo la denuncia de presos políticos, torturas y ejecuciones extrajudiciales), sino también el fracaso absoluto de los derechos económicos y sociales que destacaba la revolución bolivariana: el salario mínimo que acaba de subir Maduro sólo cubre un 4,7% de la cesta básica de alimentos, un 10% (3,7 millones) de los venezolanos sufren desnutrición, y entre noviembre 2018 y abril 2019 murieron 1.557 personas en los hospitales por falta de infraestructura, medicamentos y electricidad.
Con 81,4 por cada 100.000 habitantes, según el Observatorio Venezolano de Violencia, el país también encabeza las estadísticas de homicidios en América Latina, la región con la tasa de asesinatos más elevada del mundo. Desde cualquier perspectiva ideológica, los hechos descritos en el informe indican las gravísimas violaciones de todas las generaciones de derechos humanos por parte del Gobierno de Maduro.
¿Por qué entonces se aceptó a Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos? Un posible motivo pudiera ser la estrategia de que es mejor incluir al país e iniciar un proceso de reformas desde dentro que hostigarlo empeorando la situación. Un indicador a favor de este argumento podría ser la promesa del Gobierno de Maduro de mejorar la situación y el permiso de realizar entrevistas en Venezuela con funcionarios y representantes de la sociedad civil; algo que había denegado durante años a la Organización de Estados Americanos (OEA) de la que se está retirando.
Otra razón es el peso simbólico de Venezuela (y Cuba, que sale del Consejo de diciembre), que resiste los intentos coercitivos de EE.UU., que aprobó nuevas sanciones en agosto, para derrocar el régimen. Aparentemente, los 47 países que integran el Consejo de Derechos Humanos dan más valor a la demostración de fuerza anti-hegemónica que a su propia misión de velar sobre los derechos de las personas. En este sentido, se ha convertido en un foro de países del Sur que representan un orden menos liberal y una nueva configuración de poder en Naciones Unidas después de la retirada de Donald Trump, primero de la Unesco y luego del Consejo de Derechos Humanos. Con ello, Estados Unidos ha perdido voz y voto en ambas instituciones, una señal más de su voluntaria retirada como vigilante del orden liberal y de su declive como potencia hegemónica.
A diferencia del Consejo de Seguridad, que refleja el viejo orden transatlántico (con el añadido de China y Rusia), el principio un país-un voto ha permitido una mayoritaria reconfiguración de poder en la Agnu y en el Consejo de Derechos Humanos. En la primera, Estados Unidos y la UE sólo suman 29 países frente a 164 naciones de Asia, África y América Latina; y en el Consejo de Derechos Humanos participan 13 países europeos (más Islandia, que ocupa el lugar de EE.UU.) junto a ocho latinoamericanos y 13 africanos y asiáticos, respectivamente. Esta coyuntura favorece los intereses de Venezuela, que ya había participado en otras dos ocasiones (2013-2015 y 2016-2018) en dicho órgano, siendo un régimen muy activo en el sistema de la ONU para ganar aliados a fin de defender una única causa: mantenerse en el poder a toda costa.
En este juego de poder, aparentemente, importa poco que el régimen de Maduro viole los derechos humanos y represente un autoritarismo caótico que mal-gobierna un Estado frágil o casi colapsado, Así, Venezuela no está sola, sino bien acompañada en el Consejo de Derechos Humanos por sus semejantes como Filipinas (-2021), Nigeria (-2020), República Democrática del Congo (-2020), Somalia (-2021), Arabia Saudí, China, Egipto y Cuba (que salen este año) y otros países clasificados como autoritarismos por los índices de democracia liberal que se producen en EE.UU. y Europa, y que tienen cada vez menos importancia ante el predominio de regímenes no democráticos.
Entre sus vecinos que integran el Consejo de Derechos Humanos, Venezuela tendrá que lidiar con Argentina (-2021), Brasil (-2022), Chile (-2020) y Perú (-2020), que forman parte del Grupo de Lima junto a EE.UU. y apoyan a Guaidó; y Bahamas (2021), México (-2020), Perú (-2020) y Uruguay (-2021), algo más proclives a Nicolás Maduro.
Con este trasfondo, y de cara a los abrumadores problemas en casa, esta "histórica victoria", según el canciller venezolano Jorge Arreaza, fue un segundo gol (tras el primero de la alianza con China y Rusia y la resistencia a la "comunidad internacional" compuesta por Europa y Estados Unidos) contra el equipo de Guaidó, que empieza a perder la partida. Fue una nueva demostración del cínico enfoque realista de la política internacional como juego geopolítico, donde la moral y los derechos son algo secundario y no cuentan casi nada.
También indica la división y polarización de la Agnu y del Consejo de Derechos Humanos entre aquellos países que defienden una concepción liberal individual de esos derechos y aquéllos que privilegian la autodeterminación de los pueblos y la soberanía, con la consecuente pérdida de credibilidad y legitimidad. Cabe recordar que el Consejo de Derechos Humanos se creó en 2005 como alternativa a la caduca Comisión de Derechos Humanos dominado por EE.UU., con la esperanza de crear un mundo más justo y democrático.
