Finalmente, y después de una maratoniana semana de negociaciones, Jean-Claude Juncker ha notificado al presidente del Consejo Europeo que los negociadores han alcanzado un acuerdo para que el Reino Unido salga de la Unión Europea. Concluye así un túnel de negociación que muchos pensaban a principios de mes que no llegaría a producirse siquiera, y en el que las negociaciones han estado a punto de descarrilar en varias ocasiones.
El nuevo acuerdo no se diferencia mucho del malogrado que negoció el Gobierno de Theresa May, y que no logró obtener el apoyo de la Cámara en ninguna de las votaciones que se celebraron. La principal innovación es el
establecimiento de una frontera aduanera 'de facto' en el Mar de Irlanda y la aplicación de algunas regulaciones europeas sobre Irlanda del Norte. Ésta quedaría así dentro de la unión aduanera europea
de facto y no
de iure, pues el acuerdo contempla que Irlanda del Norte replique los requisitos aduaneros que imponga la UE, pero no que éstos sean de aplicación directa en la parte norte de la isla (por lo que, estrictamente hablando, tanto el Reino Unido como Irlanda del Norte saldrían de la unión aduanera). Asimismo, el norte de la isla mantendría un régimen legal que combinase el Derecho doméstico y el Derecho de la Unión.
Por otro lado, el acuerdo supone
una vuelta al 'backstop' (también conocido como
salvaguarda irlandesa) propuesto por la Unión Europea en febrero de 2018,
que dejaría de ser permanente (lo era en el acuerdo negociado por May) para pasar a
depender de que la Asamblea de Irlanda del Norte valide su continuidad en un plazo de cuatro años tras la salida de la Unión. Ésta es la principal cesión por parte de Dublín, y de la UE en su conjunto. Queda así eliminada una de las principales líneas rojas de los
brexiteers, con la esperanza de facilitar la ratificación en Westminster: el
backstop deja de ser indefinido, y podrá ser abandonado si la Asamblea norirlandesa así lo decide.
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Convendría preguntarse si el hecho de mantener un alineamiento arancelario
de facto y una cohabitación de requerimientos técnicos en Irlanda del Norte no va a generar problemas de implementación (y un incremento del fraude fiscal) que desaconsejen adoptar este acuerdo. De momento, lo cierto es que la Unión Europea no ha despejado las dudas que se han formulado en este sentido.
Este acuerdo puede tener opciones reales de recibir un voto favorable del Parlamento, pero no soy especialmente optimista al respecto. La cercanía de una elección que nadie sabe cuándo se celebrará (pero todo el mundo asume que tendrá lugar antes de fin de año) genera incentivos que dificultan enormemente la obtención de una mayoría.
Ahora bien, ¿cómo podría el Gobierno de Boris Johnson tratar de ensamblar una mayoría en la Cámara de los Comunes? No es fácil responder a esta pregunta, y menos aún sin que los principales actores políticos del Reino Unido se hayan pronunciado con claridad por el momento. Lo que sí sabemos es que el DUP (partido unionista norirlandés en el que se apoyan los
tories para gobernar) ya ha anunciado que se opondrá al acuerdo. Descontando, pues, sus votos, es hora de hacer números con los de la oposición. Johnson tendría que convencer a 33 parlamentarios para alcanzar los 320 votos favorables (pues ésa es la barrera de la mayoría absoluta en la Cámara de los Comunes) y que el acuerdo salga adelante.
Éste sería, de cualquier modo, un cálculo optimista, pues estamos asumiendo que todos los diputados
tories votarían a favor. Y eso, como prueba el prolongado ocaso de May, es mucho asumir. Es cierto que Johnson se instaló en el número 10 de Downing Street gracias al apoyo del ala dura del partido, y que el acuerdo elimina la posibilidad de un
backstop indefinido, que había sido hasta ahora uno de los caballos de batalla de ese ala
brexiteer. Pero no es descabellado pensar que algunos miembros del ERG (European Research Group, que engloba a los
brexiteers más radicales dentro del Partido Conservador) se sumen al DUP y se opongan al acuerdo por establecer una frontera
de facto en el Mar de Irlanda, con lo que Johnson necesitaría más de 30 votos de la oposición para que el acuerdo saliese adelante.
Por su parte, la oposición quiere evitar darle un balón de oxígeno a Johnson en este momento, y es consciente de que su mayor probabilidad de éxito en unas futuras elecciones es que éstas se celebren sin que el Reino Unido haya salido de la UE. Estos partidos saben que, por hallarse el voto contrario al
Brexit dividido en varias formaciones, la mejor forma de que ser competitivos ante los conservadores en las elecciones es que el
Brexit Party de Nigel Farage sea fuerte, y ello pasa indefectiblemente por que Reino Unido siga dentro de la Unión cuando se pongan las urnas.
Ahora bien, ¿cómo oponerse al acuerdo sin que parezca que están obstaculizando una salida? Quizá exigiendo que la ratificación del acuerdo implique la aprobación por parte de la población, algo que Johnson no puede aceptar, pues supondría en la práctica celebrar un segundo referéndum. Johnson tiene, en consecuencia, una difícil tarea a la hora de captar votos en la oposición, pues ésta sabe que su mejor opción pasa por que haya una extensión que dé paso a unas elecciones generales.
Así las cosas, resulta obvio que la única estrategia viable de Johnson pasa necesariamente por obligar a los diputados a elegir entre el acuerdo alumbrado esta mañana o un
no deal. Pero si ha de solicitar una extensión (está obligado a ello por la
Ley Benn, aprobada por el Parlamento para evitar una salida sin acuerdo), ¿de qué manera puede hacer que la extensión desaparezca de la ecuación que han de resolver el Parlamento?
Es en ese punto donde entraría en juego la Unión Europea.
En Bruselas se especula desde esta mañana con que el ardid de Johnson consiste en haber
logrado persuadir a la Unión Europea de que rechace la extensión que él ha de solicitar, de forma que los parlamentarios más pragmáticos de las fuerzas contrarias al 'Brexit' se vean impelidos a tragar con el acuerdo para evitar una salida no negociada. De ser cierto (Juncker ha respondido en rueda de prensa a la reportera de la BBC Laura Kuessenberg "
there must be no prolongation, it has to happen now", si bien no compete al presidente de la Comisión decidir sobre una hipotética extensión), las probabilidades de que el acuerdo salga adelante se incrementarían dramáticamente.
Así las cosas, y contra todo pronóstico, podría darse la paradoja de que Johnson hubiese hallado en una Unión Europea harta del sainete del
Brexit a su mejor aliada: rechazando la eventualidad de una prórroga, la UE estaría poniendo a los díscolos diputados británicos entre la espada y la pared: o bien hacen un ejercicio de pragmatismo y conceden una derrota que a buen seguro será preludio de una debacle en las elecciones generales, o bien se enrocan en una posición que inevitablemente recordará al empecinamiento con el que Johnson se resistió a pedir una prórroga durante el mes pasado. Además, la segunda opción conduciría a un
brexit sin acuerdo, lo que conduciría igualmente a una debacle en las siguientes elecciones.
Saliese o no el acuerdo adelante, lo que quedaría claro con un movimiento de esas características es que
a la Unión no parece importarle dar un balón de oxígeno a un político que ha hecho de la oposición a los valores europeos toda una praxis, si con eso logra sacar al Reino Unido de una vez por todas. Si optase finalmente por rechazar la extensión, la Unión Europea correría el riesgo de soliviantar a los
remainers, y quizá de ser responsabilizada en último término de provocar una salida sin acuerdo que sería catastrófica para ambas partes. Sería una jugada muy arriesgada, pero quizá la mejor manera de que los nuevos comisarios asuman sus cargos libres de la carga que ha supuesto el
Brexit para la Comisión Juncker.
Hemos de estar, pues, a ver qué acuerda el Consejo Europeo con respecto a la extensión, y si lo que ocurrirá después en Westminster no lo convierte en un aparatoso error de cálculo.
