La sociedad argentina afronta una nueva encrucijada con acechanzas para algunos y esperanzas para otros. En ese marco, nadie puede hacerse el distraído sobre las consecuencias que deja un nuevo fracaso en materia económica y social, lo cual se expresa en una profundización de las deudas sociales. Nuevos pobres que habían dejarlo de serlo hace una generación, y pobres crónicos más pobres, para quienes el horizonte de la modernidad se desmorona año tras año, experimento tras experimento político, fracaso tras fracaso económico. Un proceso que ocurre bajo un manto político perverso, siempre prometedor y desmemoriado.
Los ciclos de la economía argentina son muy variables, salvo los problemas estructurales que tienden a acumularse con cada crisis. Está claro que no fueron los resultados de las internas electorales los que imprimieron la actual volatilidad a los mercados financieros, sino el estancamiento y la incertidumbre macroeconómica generada por acumulación de herencias y nuevas malas praxis; nada que ofreciera un horizonte de crecimiento claro y sostenible. Antes, como ahora, el desafío político continúa siendo estabilizar la crisis cambiaria, hacer retroceder la inflación, recuperar el crecimiento y cumplir con los compromisos externos; y, en ese marco, garantizar la seguridad alimentaria, evitar que la pobreza se profundice y mantener un clima de paz social. Seguramente mucho más, pero nada menos.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) anunció hace unos días que la población pobre aumentó de 27,3% a 35,4%, entre el primer semestre de 2017 uno de mejores niveles logrado por este Gobierno- y el mismo punto de 2019. Pero esta cifra es un promedio entre dos trimestres. El primero, en donde la pobreza habría alcanzado 34,2%, y el segundo, donde ya habría llegado a 36,6%. Éste es en realidad el dato cuasi oficial disponible más actual, previo incluso al impacto generado por la devaluación post- Paso. Por lo cual, a pesar de algunas medidas de emergencia adoptadas, la tasa de pobreza rondaría seguramente en estos momentos el 38%, y el deterioro no parece todavía haber llegado a su techo.
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En materia de pobreza extrema (no contar con ingresos que permitan cubrir una cesta básica alimentaria), el resultado no es muy diferente. El 7,7% oficial como promedio del primer semestre rondaría no menos del 9%. En ese contexto, sabemos también, según el Observatorio de la Deuda Social, que la inseguridad alimentaria severa (padecer hambre frecuentemente) estaría afectando al menos a uno de cada 10 hogares, y a casi 15% de los niños/as y adolescentes de áreas urbanas.
Esta situación se explica en parte por un contexto de estanflación agravada. Sin duda, un problema económico serio, pero también una grave situación social. Una vez más, es evidente que los relatos gubernamentales triunfalistas no fundados en diagnósticos acertados ni en acuerdos sociales estratégicos no nos llevan a buen puerto. No es cierto que hayamos tenido "menos pobres que en Alemania" o que sea "fácil vencer la inflación"; tampoco que "juntos seamos imparables" o que los argentinos podamos pronto "recuperar la felicidad"; ni estamos en la víspera de un "cambio cultural". Este tipo de promesas nos encierran aún más en el laberinto. No sirven los golpes de efecto para salir de la crisis, ni tampoco para evitarlas; ni mucho menos para resolver los problemas de fondo que las generan.
La sociedad argentina está desde hace mucho atravesada por privaciones crónicas en materia de recursos, funcionamientos y capacidades de desarrollo humano e integración. Si bien la situación actual es complicada, en efecto no es inédita, así como tampoco ha sido la más grave que hayamos atravesado en las últimas décadas. El problema es que las deudas sociales se vienen concentrando tras décadas de fracasos acumulados, y con cada nueva crisis o recesión la pobreza estructural y las desigualdades sociales se hacen más hondas. La estructura social argentina actual no sólo es más pobre, sino también más profundamente desigual que una, dos o tres décadas atrás.
Cabe destacarlo: durante las últimas tres décadas, nuestro país registra (cuando nos ha ido bien) entre un cuarto y un tercio de la población en situación de pobreza crónica. La crisis actual constituye un episodio más de esta triste saga del subdesarrollo argentino. Y las medidas de alivio social adoptadas por éste y otros gobiernos no han sido nada extraordinarias. El hecho de que más del 30% de los hogares requieran para subsistir de un programa de asistencia social, sin dejar con ello de ser pobres, más que un dato alentador constituye la demostración del fracaso de las políticas económicas emprendidas, así como de las dirigencias políticas como líderes idóneos para conducir los necesarios cambios sociales que requiere este país.
