Durante un poco más de 20 años, en Hong Kong se ha protestado frente a medidas gubernamentales, sean modificaciones en el sistema electoral, una reforma educativa con contenido pro chino o, recientemente, un cambio en la ley de extradición. Tendencialmente, la oposición a propuestas concretas está mutando hacia un descontento ampliado del pueblo hongkonés hacia su gobierno, y en última instancia, contra la injerencia china en los asuntos locales. El reclamo, empero, no es únicamente por motivos políticos. La percepción de desigualdad, sobre todo por parte de las generaciones más jóvenes, descubre una falla de legitimidad del gobierno local que no modifica el status quo favorable a los intereses económicos heredados de la época colonial y entrelazados a un diseño institucional funcional a Beijing.
La desobediencia social en Hong Kong no es algo reciente. Ya bajo el gobierno colonial, en las décadas del 60 y 70s, las condiciones de vida y educación deficientes y la percepción de corrupción, generaron protestas. Más recientemente, las demandas de mayor democracia y soberanía para decidir sobre asuntos locales, hace pensar que las protestas no se acallarán. Los indicadores del proyecto V-Dem así lo demuestran:
Fuente:https://www.v-dem.net/en/news/protests-hong-kong/
Y es que aunque Hong Kong preserve -bajo el modelo "un país, dos sistemas" acordado entre Londres y Beijing- sus rasgos distintivos en materia socioeconómica, legal y administrativa -con un modelo de capitalismo liberal heredado del británico- los niveles de libertad política se han ido acotando en los últimos años. El proindependentista Partido Nacional de Hong Kong fue vetado el pasado año. Los secuestros de periodistas y libreros críticos, la criminalización de parlamentarios autonomistas y ciudadanos que protestan así como los mayores controles a cualquier forma de involucramiento en organizaciones y movilizaciones autónomas muestran un deterioro en indicadores democráticos desde hace una década.
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Tal situación remite a la historia reciente. La doctrina "un país, dos sistemas" fue acuñada por Deng Xiaoping a principios de los años 80 como principio legal para integrar geopolítica, económica y administrativamente a varios territorios heterogéneos: la China -continental, de economía mayormente estatizada y partido comunista gobernante- y enclaves que habían desarrollado economías capitalistas y sociedades liberales bajo la presencia colonial europea: Hong Kong y Macao. Gran Bretaña firmó en 1984 un tratado con China, la Declaración Conjunta Sino-Británica, garantizando por 50 años (hasta 2047) desde el retorno de Hong Kong a China, la autonomía limitada de Hong Kong. Lo cual quedó registrado ante las Naciones Unidas.
En el caso particular de Hong Kong, esta doctrina se materializó en 1997 con la descolonización británica y el retorno a China. El acuerdo de integración preveía que Beijing se encargase de la defensa y las relaciones exteriores, delegando la administración del resto de las áreas al nuevo gobierno hongkonés, incluidos los poderes ejecutivo, legislativo y judicial y la seguridad interior. Además Hong Kong, preservaría sus propios sistemas de inmigración, financiero, así como libertades civiles -académicas, de expresión, de manifestación- inexistentes en el continente.
Como parte de este nuevo diseño institucional, el sufragio nunca fue efectivamente universal, continuando una tradición de la propia época colonial. En 1996 tuvieron lugar las primeras elecciones para jefe del poder ejecutivo hongkonés, realizadas a través de un colegio electoral de 400 miembros. Con el tiempo, el colegio electoral fue aumentando su membresía, hasta llegar a 1200 integrantes elegidos por distintos sectores de la sociedad -que representan a actividades económicas, religiosas y gubernamentales- y cuyo mandato se renueva cada 5 años. Esta dinámica de representación del colegio electoral ha sido criticada por mantener las elecciones dentro de un círculo pequeño, cuya composición favorece a sectores pro chinos y a intereses empresariales locales.
Las protestas alrededor de la democratización de Hong Kong se hicieron oír ya en 1996, en las primeras elecciones para jefe del poder ejecutivo. La discusión de reformas electorales en 2014 -que marcaba una nueva forma de elección para el 2017- desató el Movimiento de los Paraguas. Miles de hongkoneses, en su mayoría estudiantes, ocuparon entonces tres barrios de la ciudad para rechazar el veto de Beijing a los candidatos propuestos por los ciudadanos de Hong Kong y cuestionar la resistencia de las autoridades chinas a la introducción del sufragio universal. Emplazados por las movilizaciones, funcionarios de Hong Kong y de Beijing consideraron públicamente que no era entonces momento de ampliar las reformas políticas.
Las protestas
A partir de esos antecedentes, la actual ola de protestas estalló con la propuesta de permitir la extradición a países con los que no se tiene tratados al respecto. Con lo cual cualquiera podría ser extraído del sólido sistema de justicia hongkonés -herencia de la colonia inglesa y uno de los bastiones de su prosperidad- para ser detenido o juzgado arbitrariamente en la jurisdicción continental china. La posibilidad de extradición a China abría una puerta para que arbitrariamente se pudiera llevar allí a algún empresario o persona pública que no quisiera alinearse por alguna cuestión económica o política. Y aunque la propuesta de extradición ha sido cancelada, tras semanas de propuesta, para aquietar el descontento popular, quedan sin respuesta las demandas de sufragio universal, de una investigación independiente sobre la actuación de la policía frente a los manifestantes y de mayor respeto a las peculiaridades e identidad sociopolíticas de los hongkoneses.
Las recientes protestas en Hong Kong también están caracterizadas por una gran participación de jóvenes, por la convocatoria a través de redes sociales a la ocupación del espacio público y por demandas mixtas de democracia y justicia. El corazón de la protesta está compuesto de jóvenes que no vivieron nunca bajo el régimen de la China continental ni tampoco bajo la Corona británica. Se trata de una generación que se siente diferente a sus vecinos; son hijos de una cultura de trabajo duro para conseguir el progreso, orgullosa de haberse ganado su lugar en este pequeño territorio sui generis que está a caballo de Oriente y Occidente. El creciente sentimiento anti chino podría alimentarse de varios factores. Por un lado existe esta diferenciación cultural que ha hecho que ya no se vea como una posibilidad el volver atrás en la historia. Por otro, el arreglo "un país, dos sistemas", como se dijo, está mostrando no evolucionar ni hacia mayor independencia política, ni hacia un reparto más equitativo de la riqueza.
Tengamos en cuenta que Hong Kong tiene una relación económica simbiótica con China, con un equilibrio político que se ha logrado mantener a través del tiempo en gran parte gracias a la prosperidad que atrae Hong Kong para sí mismo y para China. Sus bastiones son un sistema judicial confiable, el acceso al mercado chino, la ubicación estratégica en Asia, un sistema bancario fuerte -con una moneda estable-, su excelente infraestructura, seguridad, educación de calidad y el manejo del idioma inglés. Las empresas multinacionales eligen Hong Kong, por esas causa,s como base para sus operaciones en la región.
Pero con el tiempo, la relevancia que Hong Kong tiene para China continental ha ido mutando: ha pasado de contribuir con más del 15% del PIB combinado de China y Hong Kong (1997) a menos del 3% el pasado año. Ya Hong Kong no es un caso exclusivo de éxito y apertura: durante estos años, Shenzhen, otro experimento capitalista en la frontera con Hong Kong, ha dado resultados económicos impresionantes. La región ha pasado de ser un reducto capitalista delimitado con alambre de púas, a ser expandida e incluso replicada en otras SEZ (Special Economic Zone) de la potencia asiática. Es la sede de empresas de tecnología de punta como Huawai y Tencent.
Detrás de las demandas de más democracia y libertades se incluye una reivindicación socioeconómica. El arreglo especial con China, como funcionó hasta ahora, reprodujo un sistema muy desigual y dependiente de intereses económicos. La democracia restringida ya no canaliza las demandas de los hongkoneses. Los conglomerados liderados por los mismos círculos familiares de la época colonial se fortalecieron y controlan hoy los grandes supermercados y la infraestructura de servicios públicos, puertos y viviendas, siendo este último, la vivienda un problema que ha tomado dimensiones graves.
China ha cultivado a empresarios de Hong Kong -incluso desde antes de la descolonización británica- ofreciéndoles negocios en su territorio. Hoy en día sus intereses son subsidiarios a los del gobierno de Hong Kong, que controla la oferta de terrenos y de este modo mantiene los precios artificialmente altos, obteniendo un gran ingreso en sus arcas al disponer de ellos. Estos terrenos son adquiridos por los grandes desarrolladores que reproducen el sistema. Todos estos elementos nos hablan de una élite oligárquica, que imbrica su poder -a escala local- con instituciones parcialmente democráticas, generando un modelo excluyente.
¿Una solución viable?
Como ha sostenido Francis Fukuyama (¨Asia´s soft authoritarian alternative¨, 1992) los sistemas autoritarios y centralizados -si logran contener el stress social y mantener la estabilidad económica- pueden en ocasiones obtener resultados superiores a los otros regímenes democráticos descentralizados e ineficientes. Frente al actual escenario hongkonés, incluso vecinos no asimilables al patrón de la democracia liberal muestran mejores desempeños. En Singapur, un país vecino una situación comparable en cuanto a la escasez de tierras y democracia limitada, donde hasta ahora no se han producido protestas similares, existe un exitoso programa (80% de la población vive en vivienda pública) a cargo de un organismo estatal, para construir vivienda pública y asignarlas y revenderlas. El sistema político, extraño híbrido de partido hegemónico y modelo wetminsteriano, es también una democracia formal, pero que se ha ocupado hace años de desactivar turbulencias sociales y culturales para crear un ambiente propicio para ser un hub tecnológico y financiero.
Recientemente, siguiendo la radicalización de las protestas y el retiro del proyecto de ley extradición, Hong Kong anunció medidas económicas para beneficiar a sectores desfavorecidos. Subvenciones a la electricidad, las guarderías, a los precios de los alquileres, ayudas a las pequeñas y medianas empresas, a los jóvenes los adultos mayores, son paliativos momentáneos para intentar calmar los ánimos y compensar a sectores afectados económicamente por las protestas. Tal vez la economía esta vez encuentre un paliativo momentáneo. Siguiendo el razonamiento de Fukuyama, el tema es si el sistema es sustentable el largo plazo, sobre todo teniendo en cuenta los desafíos que la modernización implica en cuanto a stress social.
Una solución que apunte a resolver a más largo plazo el lado económico de la ecuación debería reconocer a los grupos de interés -económicos y cívicos- para poder negociar entre ellos una mejora en las condiciones de vida de los hongkoneses -al estilo Singapur- o bien, como hipótesis de máxima, fortaleciendo la política en la ecuación, propiciando una transición a una democracia plena que permita la competencia y representación de una amplia variedad de intereses. Lo primero, tal vez, sería factible bajo la actual dirección político-partidista china; lo segundo solo parece posible con un amplio movimiento de protesta que replantee el status quo de Hong Kong. Algo muy difícil dentro del panorama político de la China actual.
Pero, por ahora, los manifestantes en Hong Kong ven a un sistema político muy dependiente de los intereses económicos locales y bajo la tutela de China, que no está dando los resultados de propagar riqueza y proveer derechos. La oligarquía económica sigue sobrerrepresentada en el colegio electoral y el autoritarismo de Beijing se filtra a través de sus agentes locales. Los escenarios del venidero 1 de octubre, con la celebración faraónica del 70 aniversario de la República Popular China, serán una prueba de fuego para la voluntad negociadora de las partes así como para el logro (o no) de un modelo de gobernanza incluyente para Hong Kong.
