12 de Septiembre de 2019, 22:28
El voto electrónico fue uno de los principales proyectos del Gobierno del presidente Mauricio Macri en el plano institucional. El proyecto enviado al Congreso en 2016 fue aprobado por la Cámara de Diputados, pero no pudo lograr apoyo en el Senado y caducó.
En la actualidad, el sistema de voto electrónico se aplica en la Ciudad de Buenos Aires para la elección local, en la provincia de Salta y en algunos municipios del interior del país. Para la elección de autoridades nacionales se sigue utilizando el sistema de papeleta partidaria (una boleta de papel por cada partido o alianza que incluye todas las categorías de cargos a elegir y, en el caso de elecciones simultáneas, agrega los cargos provinciales y municipales).
Las boletas partidarias papel (provistas por cada partido o alianza) han dado lugar a trampas y complicaciones: el robo de papeletas, la sustitución de las boletas oficializadas por otras para anular voto del adversario, la demora en las mesas de votación por falta de boletas, entre otros. Estos problemas se solucionan con la implementación de la boleta única papel, en la que figuran todos los partidos/candidatos que compiten en la elección. Con ella, se garantiza que la oferta electoral esté completa y siempre a disposición del elector. Las provincias de Córdoba y Santa Fe utilizan sistemas de boleta única de papel, aunque con distintos diseños.
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En algunas etapas del complejo proceso electoral puede incorporase tecnología sin poner en riesgo ni el secreto del voto ni la integridad del proceso. El problema surge cuando se pretende incorporar la máquina en la emisión del voto. La discusión no es máquina sí/máquina no; lo que está en discusión es rápido y moderno vs. seguro, inviolable, íntegro y transparente. Ésos son los principios esenciales en materia electoral porque hacen al secreto del voto y la libertad de los electores, a la limpieza y equidad de la competencia y a la legitimidad de los electos. ¿Cuánto de seguro, inviolable, íntegro y transparente estamos dispuestos a sacrificar para conocer los resultados más rápido?
Si bien el voto electrónico podría corregir algunos de los problemas detectados en el sistema argentino, lo haría al coste de generar nuevos problemas al poner en riesgo el secreto del voto y la integridad del proceso, como ha sucedido en otros países del mundo. Además, hay que tener en cuenta que, por la propia naturaleza de la herramienta tecnológica, la manipulación del sistema puede tener un alcance mucho más significativo, siendo a la vez más difícil de detectar.
Moderno y rápido parecen ser los nuevos valores democráticos. Pero aun admitiendo que lo fueran, no se pueden dejar de lado otros valores prioritarios para la calidad de la democracia electoral. Moderno y rápido, pero sin garantía del secreto del voto resulta una mala combinación. Venezuela y su sistema de voto electrónico es buena prueba de ello. Moderno y rápido pero no transparente tampoco contribuye a la legitimidad de las elecciones, como dejó en claro el Tribunal Constitucional alemán.
Los estándares internacionales en la materia son unánimes en el sentido de que el sistema debe garantizar la más amplia auditoría por parte de los partidos políticos y la ciudadanía. Los expertos en informática, las organizaciones de la sociedad civil o incluso los ciudadanos individualmente tienen derecho a la información técnica; no sólo a través de audiencias públicas que son una mera formalidad, sino a través de la posibilidad de analizar el sistema en su integridad y acceder a los resultados de las auditorias. El argumento de seguridad por opacidad resulta inaceptable desde el punto de vista técnico, así como institucional.
En los distritos que utilizan el voto electrónico (igual que en el caso de uso de tecnología para el escrutinio provisional la noche de la elección) se ha visto la creciente privatización de algunas etapas del proceso electoral y la tercerización de los controles por falta de especialización técnica en los órganos electorales. La dependencia técnica de los organismos de control representa un grave riesgo para la limpieza de los comicios y la legitimidad de los electos. Los organismos de control electoral deben contar con la capacidad técnica y los recursos económicos necesarios para ejercer su función con plena independencia.
Los partidos políticos tampoco están en condiciones de defender eficientemente sus derechos si no se les proporciona la información necesaria; como, por ejemplo, el código fuente del sistema que se va a utilizar. La fiscalización de un sistema de voto electrónico no se satisface con la presencia de un fiscal informático viendo cómo se encienden las máquinas o cómo van apareciendo los resultados en una pantalla. Siempre hay que tener en cuenta que en los sistemas de voto electrónico, la manipulación de la elección y el resultado es menos visible, puede afectar la totalidad o gran parte de los puntos de votación y puede, incluso, originarse en acciones realizadas antes del día de la elección.
Los estándares internacionales detallan claramente las condiciones básicas para la incorporación de tecnología en el proceso electoral:
a) El sistema debe garantizar el secreto del voto. Esa garantía debe ser real a los ojos de cualquier elector, y efectiva desde el punto de vista tecnológico.
b) El sistema debe garantizar que no se altere ni manipule la voluntad del electorado expresada en las urnas.
c) El sistema debe asegurar la transparencia y 'auditabilidad' del sistema en toda etapa del proceso en que se incorporen mecanismos electrónicos.
Esperemos que, concluido el actual proceso electoral, el Congreso se aboque a revisar el sistema y, en lugar de ceder a la presión de intereses sectoriales y de negocios a favor del voto electrónico, adopte para los comicios nacionales un sistema de boleta única de papel, que es el utilizado en la mayoría de los países del mundo.
