Rusia: protestas (pro)democráticas en una autocracia consolidada

Desde julio pasado, Moscú ha sido el escenario de las mayores manifestaciones políticas registradas desde el ciclo de protestas electorales de 2011-2012. Las actuales movilizaciones estallaron a partir del bloqueo de las autoridades a la inscripción de candidatos opositores para los comicios locales de la ciudad, a celebrarse el 8 de septiembre. Como colofón de una serie de protestas acaecidas en meses pasados por causas diversas (el proyecto de construcción de una iglesia en un parque público de Ekaterimburgo, la instalación de un vertedero de basura en Arjángelsk, la reforma de pensiones, el encarcelamiento del periodista Ivan Golunov), estas protestas suponen un desafío al régimen político, cuyo contexto, desarrollo y posibles repercusiones analizamos a continuación.

El contexto: 20 años de 'putinismo'

El régimen ruso, oscilando entre el autoritario competitivo y el cerrado, descansa, crecientemente, en la figura de Vladimir Putin. Su ascenso al poder, hace 20 años, coincidió con una recuperación económica, beneficiada con el crecimiento de los precios de los hidrocarburos y el incremento de la inversión extranjera y privada, doblando (de 1998 a 2008) el PIB 'per capita'. Políticamente, el Estado recuperó la tradicional centralidad en la vida colectiva, pero, al menos durante el durante primer mandato de Vladimir Vladimirovich, absteniéndose de imponer una ideología oficial y de entrometerse en la vida e iniciativa de sus ciudadanos.

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Posteriormente, con las protestas de 2012 y la anexión de Crimea (2014) como parteaguas, el sistema se tornó crecientemente autoritario, personalista y orientado por un nacionalismo chovinista. Putin pasó de ser el gerente pragmático, enfocado en la modernización interna y la cooperación selectiva con Occidente (2000-2009) a convertirse en un cruzado antiliberal, revisionista, expansionista y estatista (2009-2019), dentro y fuera de las fronteras rusas.

Con semejante trasfondo, las condiciones para el activismo cívico se han deteriorado. Como reflejan los indicadores del proyecto V-Dem, los niveles declinantes de involucramiento de la población en organizaciones y movilizaciones sociales, así como el creciente control y represión estatal sobre aquellas muestran una paulatina autocratización del país, sostenida hasta el presente.
 
Pese a ello, desde las protestas de 2011-2012 la sociedad civil rusa ha ganado efectividad en el uso de nuevas tecnologías de comunicación, información y movilización, frente a un Estado enfocado en controlar Internet y usarla como instrumento de control social. Así, la innovación ciudadana en áreas como la coordinación de las protestas, la cobertura mediática alternativa, las redes de ayuda mutua, la vigilancia de la acción estatal y la cobertura de las elecciones permitió a la sociedad civil organizada, y en particular a los opositores, estar mejor preparados para la coyuntura abierta con el actual ciclo de protestas.

Las protestas: antecedente y desarrollo

De 2012 a 2017, la oposición no sistémica (excluida del sistema político) perdió empuje social y presencia institucional. En 2017, parcialmente ante la certeza oficial de su incontestada hegemonía, dicha oposición participó en las elecciones municipales. Aunque el desgaste de la imagen del partido oficial (Rusia Unida) hizo que los candidatos oficiales concurrieran como independientes, el Kremlin confió en su victoria pues, además del apoyo de la maquinaria oficial, su representación previa en los parlamentos locales exceptuaba a dichos candidatos de la exigencia legal de recabar firmas para su postulación. Mientras, los verdaderos independientes salidos de la sociedad civil y los partidos emergentes necesitaban recoger, cada uno, alrededor de 6.000 firmas en un mes.

Aceptando el desafío, tan sólo en Moscú concurrieron 200 candidatos. El proceso de recolección de firmas, superando las barreras organizacionales y financieras, se convirtió en un factor de movilización de carácter basista y autogestivo. Y numerosos opositores fueron electos en varios distritos metropolitanos, alcanzando incluso la dirección de varios consejos locales para el periodo que ahora culmina.

En 2019, Rusia Unida repitió en mayor escala la fórmula de camuflar a sus candidatos: en total, fueron aceptados 233 concurrentes, mientras se rechazaban 57, la mayoría de estos de los independientes. Semejante sesgo, y déficit, en la representación ciudadana se explica si vemos que 38 de los 45 asientos en el Consejo de la Ciudad de Moscú están ocupados por independientes cercanos a Rusia Unida; partido que, incluso en sondeos conservadores, no rebasaba el 37% de apoyo en la capital. A esto habría que sumar otro 30% de aceptación de los otros partidos representados en el Gobierno capitalino, lo que deja a un tercio de los moscovitas sin opción política. Con su veto a los candidatos independientes y la posterior represión de las protestas el alcalde moscovita, Sergei Sobyanin, perdió su aureola de modernizador y pragmático.

Una muestra temprana de lo que vendría, luego de las primeras acciones, fue la salida masiva a las calles de unos 20.000 ciudadanos, el 20 de julio pasado. Luego, las reuniones públicas con candidatos vetados se convirtieron en sendas jornadas de protesta el 27 de julio y el 3 de agosto saldadas, cada una, con más de 1.000 arrestados, así como con docenas de activistas y candidatos detenidos y procesados. Posteriormente, el 10 de agosto, ocurrió la hasta entonces mayor protesta registrada desde 2012, con más de 50.000 manifestantes. Como reconocen diversos análisis, las protestas han catapultado el interés de los moscovitas por participar en las elecciones, superando la apatía como actitud política predominante.

Los arrestos masivos requirieron la coordinación de la asistencia social y legal a los detenidos. Frente al bloqueo y campaña informativas oficiales, Internet, a través de blogs y servicios de mensajería, se convirtió en un mecanismo fundamental para la convocatoria y la coordinación previas y durante las marchas, así como para monitorizar las reacciones del Gobierno y sus cuerpos policiales. Los medios alternativos y las redes sociales desempeñan un rol importante en Rusia. Mención destacada merece el trabajo del grupo de monitoreo de la movilización OVD-Info, fundado en 2011 al calor de las protestas en la Bolotnaya, que hoy cuenta con unos 30 empleados, 150 voluntarios activos y cientos de aspirantes, sostenido por aportaciones de dinero y trabajo personales.

Contra el trasfondo de la tradicional apatía política, los sondeos confirman que los niveles de simpatía por los auténticos independientes son crecientes: 37% de los encuestados mostró actitud positiva ante los manifestantes, otro 27% una negativa y un 9% declaró valorar su participación directa en las protestas. Un consenso social emergió alrededor de dos puntos: a) la gente debe decidir sobre quién debe ser votado o rechazado para los cargos locales, y b) la violencia y el encarcelamiento no pueden ser recursos para lidiar con el derecho a manifestación.

Las reacciones del sistema no se hicieron esperar. Se ha denunciado una estrategia basada en el empleo, selectivo y/o combinado, de varios mecanismos: uso de la fuerza por parte de la Policía y la Guardia Nacional, empleo de las Cortes para amenazar y procesar a manifestantes y líderes, presiones con reclutamiento a jóvenes en edad de servicio militar, advertencias de expulsión de estudiantes de universidades participantes en las protestas, retiro de la custodia parental a padres manifestantes, entre otros. Incluso Internet ha sido afectado por los cortes de servicio al calor de las manifestaciones.

El primer caso penal se abrió el 24 de julio, asociado con las manifestaciones acaecidas del 14 al 19 de julio. La lista de cargos comprende la supuesta obstrucción del trabajo de la Comisión Electoral (artículo 141 del Código Penal), la realización de disturbios de masas (arts. 212 y 318), así como el supuesto blanqueo de dinero por los activistas (art. 174). A la fundación anti-corrupción encabezada por el líder opositor Alexey Navalny le fue abierta investigación criminal por recepción de fondos, su directivo estuvo preso 30 días por convocar "protestas no autorizadas" y sufrió, en el curso de la represión, un extraño ataque con un agente tóxico que requirió hospitalización.

Varias empresas públicas, como el Metro, y privadas, como muchos restaurantes, presentaron demandas contra líderes de la oposición por supuestos daños y pérdidas derivados de las jornadas de protesta. A este respecto, semejante monetización de la represión sigue el patrón de 2012, cuando las empresas estatales se unieron al caso y presentaron millones de reclamaciones por daños y perjuicios contra los organizadores de las manifestaciones de protesta. 
En los canales de televisión centrales, fuente principal de información de la población rusa y aliados del Kremlin, los presentadores condenaron incondicionalmente las acciones de los manifestantes, alegando que se trataba de una provocación ilegal derivada de la incapacidad de los participantes de alcanzar cualquier acuerdo con las autoridades, ocultando el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades, mintiendo acerca de que las firmas de los candidatos eran falsas y de que el tratamiento de las protestas en Occidente era igual o más restrictivo que en Rusia.

En sintonía con la narrativa del Kremlin, el 19 de agosto la Duma interrumpió su receso para discutir, en una sesión de emergencia, la supuesta interferencia extranjera en la crisis.

No obstante, hasta dentro del oficialismo se han levantado críticas al manejo represivo de la crisis. Alexei Kudrin, asesor de Putin y miembro del ala liberal del régimen, así como el senador Vyacheslav Markhayev, condenaron la violencia policial. El empresario y ex agente del KGB Sergei Chemezov ha alertado sobre los riesgos de una radicalización de las protestas, producto de desoír el reclamo popular. Y el Consejo de Derechos Humanos, dependiente del Ejecutivo, pidió la apertura de una investigación sobre el uso excesivo de la fuerza, basado en lo establecido en el Código Penal (artículo 286).

Asimismo, en el ámbito universitario diversos académicos han superado la tradicional lealtad de sus administrativos para con las autoridades estatales, convocando la solidaridad gremial para con los estudiantes y colegas reprimidos por las protestas, así como por la necesidad de mantener un ambiente de pluralidad y libertad en los predios científicos y culturales.

El incierto horizonte

En Rusia, el contrato social paulatinamente construido durante dos décadas de putinismo y prosperidad económica configuró para los ciudadanos las opciones de apoyo activo o apatía. Sin embargo, tras seis años de lento empobrecimiento y caída de los ingresos de buena parte de la población, el apoyo de Putin ha caído de un 80% a un 68%; y un 62 % de los encuestados por la agencia estatal FOM evaluaron como no favorable, en términos de estabilidad, ingreso y precios al consumo, la situación futura del país.

El éxito de Crimea, que consolidó internamente a la élite y el apoyo de la población alrededor de Putin, no da para mucho más. El sistema depende del envejecido mandatario, que con su previsible reelección allende 2024, recupera y en algunos casos supera los antecedentes de la era soviética. Por todo ello, el conflicto actual es evaluado, por oficialismo y oposición, con las miras puestas en las elecciones parlamentarias de 2021 y las presidenciales de 2024.

En la ciudadanía emergen nuevas actitudes de crítica y exigencia, ajenas al discurso oficial. Para las nuevas generaciones, que sólo han conocido a Putin, no valen las amenazas y chantajes con un retorno a los 'salvajes 90', de los cuales proviene, paradójicamente, buena parte de la élite actual. La represión ha incrementado la solidaridad entre los manifestantes y dentro de la población, generando un efecto contrario al deseado por los aparatos del Estado.

La expectativa oficial en Moscú, derivada de las protestas, es un incremento de la participación electoral local de alrededor del 30%, en comparación con poco más de 21% de las elecciones de 2014. Ello ha llevado a medidas populistas, como un incremento moderado de pensiones, días antes de los comicios. Varios candidatos bloqueados han llamado a endosar el voto por otros aceptados, pensando estratégicamente de cara a la jornada. Y dirigentes opositores aspiran a conseguir unos 300.000 votos (alrededor del 4% del padrón electoral) para consolidar los eventuales triunfos.

Por el momento, el Kremlin parece reactivo ante la acción ciudadana. Rusia Unida, maquinaria burocrática construida para el ascenso político y la coordinación electoral, no muestra la disciplina y la cohesión del viejo PCUS. Se aprecia una división (táctica) dentro de la élite sobre cómo tratar al desafío opositor: si dejarlos competir y marchar o bloquear del todo sus candidaturas y reprimir sus protestas. A medio camino entre el compromiso selectivo y la represión abierta, las autoridades han dado mayor protagonismo a los duros del aparato, en lugar de voces moderadas como Ella Pamfilova y Mikhail Fedotov.

Sin embargo, pese a las competencias y contradicciones entre las diversas agencias del Estado sobre el modo de responder a las demandas ciudadanas, la posición del Kremlin es aún sólida. Dada su propia naturaleza, y la psicología política de Putin y sus allegados, forjados en la vieja escuela del KGB, el régimen no está en posición de ceder. Considerando cada insatisfacción cívica como antesala de un cambio de régimen inducido desde el exterior, la élite política rusa tiene aún recursos administrativos y represivos para resistir una mayor presión desde abajo. Los escenarios que se abren tras las elecciones locales nos dirán si el putinismo celebra su vigésimo aniversario auspiciando una apertura controlada o desatando una mayor represión y control sociales. Veremos.