En lo que llevamos de siglo XXI, Italia ha celebrado cinco elecciones, pero ha estado dirigida, hasta este preciso momento, por 11 gobiernos diferentes. Esta inestabilidad gubernamental, que se ve reforzada por los hechos más recientes, se debe a la presencia de un fuerte multipartidismo y a la débil institucionalización del sistema de partidos, especialmente a partir del periodo comprendido entre 1992 y 1994.
Dos acontecimientos explican la última crisis de Gobierno. En primer lugar, el resultado de las elecciones europeas celebradas en mayo de 2019. Como refleja el Gráfico adjunto, la Lega, partido de derecha extrema, obtuvo el 34,26% de los votos y se convirtió en la primera fuerza política. Si este resultado se compara con el de las últimas elecciones generales, a pesar de tratarse de comicios diferentes, se puede afirmar que esta formación aumentó su apoyo en un 96% en 14 meses, incremento que se debe a dos aspectos. Por una parte, al protagonismo que adquirió la Lega dentro de la coalición de Gobierno que formaba con el Movimento 5 Stelle (M5S) tras las últimas elecciones, hecho que derivó en una fuerte volatilidad electoral entre ambas formaciones. Por otra parte, a la habilidad de la Lega para canalizar la preocupación ciudadana por la crisis migratoria que sufre el Estado y el descontento ciudadano con la Unión Europea, dada su inacción a la hora de intentar resolverla.
En definitiva, las europeas generaron una coyuntura que favoreció la ruptura de la coalición de Gobierno por parte de la Lega. De esta forma, mediante unas nuevas elecciones generales podría alcanzar una mayor representación y, a partir de ella, gobernar con una formación política ideológicamente más afín y con menor fuerza parlamentaria que el actual M5S.
Gráfico.- Porcentaje de votos obtenido por las formaciones con representación en las últimas europeas y generales
Fuente: elaboración propia a partir del Ministero dellInterno dItalia.
En segundo lugar, la aprobación, el pasado 5 de agosto en el Senado, del 'Decreto Sicurezza bis', conocido como Decreto Salvini. Se trata de una norma en materia de seguridad cuya principal medida es la imposición de multas a los barcos que efectúen rescates de migrantes en el mar Mediterráneo y que intenten desembarcar en territorio italiano. Pese al desacuerdo de algunos miembros del M5S, con el que la Lega mantenía constantes tensiones desde el momento en que se formó la coalición, el Movimento decidió apoyarlo para mantener la estabilidad del Gobierno. Así, se consiguió la aprobación de una de las principales medidas gubernamentales de Matteo Salvini, viceprimer ministro, ministro de Interior y líder de la Lega.
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Este contexto, en el que a la elevada intención de voto de la Lega se añade la aprobación de una de sus medidas más características, determinó que, el 9 de agosto, estallara por sorpresa la crisis de Gobierno. La Lega rompió y, con el objetivo de ir a unas nuevas elecciones, presentó una moción de censura contra el presidente del Consejo de Ministros, Giuseppe Conte, que presentó su dimisión ante el presidente de la República, Sergio Mattarella. A partir de ese momento, recayó sobre éste todo el protagonismo político.
Para ello, contaba con dos posibles opciones: la convocatoria de elecciones (artículo 87 de la Constitución de la República Italiana) o el nombramiento de un nuevo presidente del Consejo de Ministros (artículo 92) si se crea una nueva mayoría parlamentaria que le otorgue su confianza. A continuación, se analizaron ambas opciones, dependiendo de la coyuntura política la elección final de una de ellas.
La opción de celebrar nuevas elecciones se desvaneció por tres motivos. Primero, por la extraordinaria importancia del próximo arco parlamentario, al cual, previsiblemente, le corresponderá elegir al próximo presidente de la República en 2022 (artículo 85 de la Constitución). Por tanto, a tenor del resultado de las elecciones europeas y de los pronósticos de los principales sondeos de opinión, unas elecciones inmediatas sólo favorecían a la Lega.
Segundo, por la necesidad de tiempo por parte del M5S para conseguir dos objetivos: la limitación en el número de mandatos por la que se rige internamente, ya sea buscando a un nuevo líder que sustituya a Luigi di Maio o modificando la regla; y finalizar la tramitación parlamentaria de una de sus principales medidas de gobierno, la reducción del número de parlamentarios electos de 945 a 600, para conseguir rédito electoral y no perder la credibilidad frente al electorado.
En tercer lugar, por la exigencia de que, durante las próximas semanas, se gestione la elaboración y aprobación de una ley presupuestaria en la que prevalezca la estabilidad económica frente al bienestar social de la ciudadanía.
En cuanto al nombramiento de un nuevo presidente del Consejo de Ministros, de entre todas las posibilidades existentes a la hora de formar un nuevo Gobierno dos adquirieron una especial relevancia. La primera fue la creación de un Ejecutivo técnico. Se trata de una solución de emergencia, radical y que constituiría la cuarta experiencia italiana de este tipo después de los gobiernos liderados por Mario Monti (2011-2013), Lamberto Dini (1995-1996) y Carlo Azeglio Ciampi (1993-1994).
La segunda era el denominado 'Gobierno Ursula', que se corresponde con la formación de una nueva coalición. Esta posibilidad se abrió a partir del apoyo a la elección de Ursula von der Leyen como presidenta de la Comisión Europea por parte de los representantes de varias formaciones políticas del Parlamento Europeo.
Finalmente, el 28 de agosto, ante la presencia de una nueva mayoría parlamentaria, Mattarella anunció la próxima conformación de un Gobierno liderado de nuevo por Conte, pero apoyado por el M5S y el Partito Democratico (PD).
Este nuevo Gabinete va a trabajar en un contexto político complicado debido a la clásica rivalidad entre el M5S y el PD, factor que puede perjudicar la acción de gobierno y/o la credibilidad de ambas formaciones; con el riesgo añadido de que la Lega aumente su popularidad, verdadera espada de Damocles. Es, sin duda, una solución a corto o medio plazo que tendrá como consecuencia que la política italiana continuará caracterizándose por la incertidumbre.
Por lo pronto, en los próximos días Conte tiene que tratar de conseguir la confianza parlamentaria.